Senado avala esquema de inversión público-privada con recursos de Afores para infraestructura

El Senado avaló la creación de un modelo de inversión gubernamental con empresas privadas para proyectos estratégicos de infraestructura. También podrán participar cooperativas, comunidades, ejidos y organizaciones de trabajadores, así como recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Con la creación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, se busca sustituir el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) por los nuevos Esquemas de Participación Mixta, que establecen que Estado mantendrá la propiedad y rectoría de los proyectos de modernización de la infraestructura nacional.

Lee: Sheinbaum prevé inversión de 350 mil mdp en infraestructura educativa al cierre de su sexenio

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada previamente por la Cámara de Diputados, fue aprobada en el Senado por 84 votos a favor de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y rechazada por PAN y PRI que advirtieron riesgos para las finanzas públicas y los ahorros de los trabajadores.

Acentúan inversión de las Afores

En el documento aprobado se argumenta que las Afores administran más de $6 billones de pesos que pertenecen a 73 millones de trabajadores. Y destaca que en la actualidad el 8% de esos recursos se invierte en infraestructura a pesar de que la regulación permite destinar hasta el 30%. 

Por ello, con la nueva ley, señala, se busca tener reglas claras que permitan canalizar esos ahorros de los trabajadores a proyectos productivos de largo plazo en infraestructura. 

También lee: Aprueban en Cámara de Diputados reforma para evitar “retiros manipulados” de Afores por desempleo

La reforma también permite a cooperativas, comunidades, ejidos y organizaciones de trabajadores asociarse e involucrarse en los Esquemas de Participación Mixta.

La inversión de las Afores está contemplada a través de los llamados Vehículos de Propósito Específico (VPE). De acuerdo con el documento, esos VPE podrán ser fideicomisos o sociedades, con la función de “aislar los riesgos” específicos de un proyecto.

Los VPE permiten la participación de gobiernos, empresas privadas o el sector social. Además, los gobiernos estatales o municipales pueden participar en ellos con recursos locales. Los proyectos que cuenten con recursos públicos y se integren a esos VPE adquieren carácter de prioritarios, por lo que no podrán tener recortes en sus presupuestos.

La ley establece que su único fin es la inversión o el financiamiento de los “Proyectos para el desarrollo con bienestar”. De acuerdo con la ley, los VPE serán vigilados por un auditor externo y deberán reportar sus estados financieros a la Secretaría de Hacienda.

¿Cuál es la diferencia con las Asociaciones Público-Privadas (APP)?

El nuevo modelo busca una colaboración con empresas privadas en las que el Estado no pierda soberanía y que el capital privado asuma responsabilidades claras condicionadas a su eficacia.

Los nuevos Esquemas de Participación Mixta se diferencian de las antiguas Asociaciones Público-Privadas (APP) en que en estas últimas el Estado transfería al sector privado la propiedad temporal de la infraestructura y perdía el control operativo. Mientras que en los nuevos esquemas, la propiedad permanece como estatal y el gobierno mantiene la rectoría del proyecto.

En el anterior esquema, el Estado solía asumir los riesgos para garantizar a las empresas privadas ingresos mínimos. Sin embargo, la nueva ley establece que los riesgos se deben distribuir contractualmente conforme a la capacidad de cada parte para administrarlos.

Bajo las nuevas reglas, las empresas privadas participan como socios o contratistas sujetas a obligaciones medibles pueden ser evaluadas por un supervisor independiente. Su retribución depende de esquemas como la contratación de largo plazo en los que recibe contraprestaciones condicionadas al cumplimiento de estándares de desempeño.

Para los casos de “inversión mixta”, el nuevo marco prevé que el Estado y el sector privado compartan capital, riesgos y gobernanza a través de empresas conjuntas.

Ley de presupuesto

El dictamen contempla reformas a la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entre los cambios destaca la posibilidad de que el gobierno inicie los concursos o trámites para contratar una obra aunque todavía no tenga el 100% del dinero en la cuenta, con la condición de que se aseguren los fondos antes de anunciar al ganador final.

Sigue leyendo: Sheinbaum no promociona plataformas de inversión financiera, es contenido impostor para desinformar

Para proteger los llamados “Proyectos para el Desarrollo con Bienestar”, por lo que si el gobierno llega a recaudar menos dinero del esperado, no se le podrá recortar el presupuesto a estas obras. Además, el gobierno deberá planear y registrar el dinero que se necesitará para estos proyectos para los siguientes cinco años.

Facilita legalmente que el gobierno pueda firmar contratos “plurianuales” y los pagos correspondientes tendrán una categoría “preferente” en el presupuesto anual.

También exige a las dependencias que reporten de forma clara el valor de sus deudas, activos, riesgos y problemas que podrían costar dinero en el futuro.

El senador morenista Homero Davis, en la presentación del dictamen, argumentó que la iniciativa busca revertir la caída en la inversión pública que, dijo, se redujo 28.4 por ciento en 2025.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, subrayó que el dictamen parte de un diagnóstico que muestra deficiencias en proyectos anteriores como obras inconclusas y conflictos sociales.

El senador por Veracruz aseguró que la nueva legislación establece reglas claras, filtros y controles para ordenar la inversión y crea figuras que permitan canalizar recursos, aislar riesgos y mejorar el financiamiento sin generar deuda pública.

“Busca superar la lógica de los modelos en los que el Estado perdía control operativo y asumía los riesgos más costosos. Aquí, la propiedad permanece estatal, el privado entra como socio contratista con obligaciones medibles y los riesgos se distribuyen conforme a la capacidad de cada parte para administrarlos. En otras palabras, la rectoría pública se fortalece con mejores reglas”.

El legislador destacó que la ley contempla dos modalidades principales: esquemas de inversión mixta, donde Estado y particulares comparten capital, riesgos y beneficios; y contratos de largo plazo, en los que las empresas privadas participan en el financiamiento, diseño, construcción y operación de proyectos con pagos vinculados al desempeño. 

Asimismo, enfatizó que la propiedad de la infraestructura permanecerá en manos del Estado, mientras que los privados participarán como socios o contratistas bajo obligaciones medibles y con una distribución de riesgos acorde a sus capacidades.

Crean Consejo de Planeación Estratégica 

La ley prevé crear un consejo que coordine todas las inversiones en este sector, encargado de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos y formular la visión de desarrollo a largo plazo para la inversión estratégica en México.

El consejo será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y su suplente será el titular de la Secretaría de Hacienda. Lo integrarán representantes de 12 dependencias con derecho a voto: Medio Ambiente, Defensa, Marina, Energía, Economía, Infraestructura, Anticorrupción, SEDATU y BANOBRAS. Además, tendrá 9 invitados permanentes sin voto, entre las que se encuentran la Secretaría de Bienestar, Turismo, la Comisión Nacional del Agua, Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Caminos y Puentes Federales.

Una de sus atribuciones principales del Consejo será analizar y determinar qué proyectos son elegibles o procedentes para participar en los nuevos esquemas y recibir apoyos del Estado.

El Consejo tiene la facultad de requerir información a los fideicomisos y dependencias para monitorear el impacto de las obras. También puede conformar comités técnicos o grupos de trabajo especializados para el análisis profundo de proyectos específicos.

“Fuera máscaras”

Integrantes de la oposición alertaron sobre riesgos para las finanzas públicas, la transparencia y el ahorro de los trabajadores.

La senadora Claudia Anaya del PRI, calificó el dictamen como “tecnócrata” y “neoliberal”: “Esa izquierda hipócrita que dijo defender los derechos de los trabajadores hoy no existe y hoy avala un dictamen, el más tecnócrata neoliberal que yo haya visto en mis años de legisladora”.

La senadora recordó que en 2024, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro incrementó el límite de inversión de las Afores de 8 al 30% para inversión productiva, pero no podía hacerlo porque faltaban herramientas legales. 

“Las asociaciones públicas privadas que sí permiten la inversión mixta no tenían estos vehículos de propósito específico. Esta ley los pone, los crea; estos vehículos de propósito específico van a invertir en obras de capital mixta. Esta es la manera en la que se toma dinero de los ahorradores y se va a proyectos, sí, gubernamentales, pero con inversión privada. Eso es lo que está aprobando la izquierda de este país. Muy bien, fuera máscaras”.

Su compañero de bancada, Rolando Zapata Bello, señaló que existe un error en el diagnóstico al atribuir la falta de inversión al sector privado, cuando el problema real es la caída de la inversión pública. Entre 2018 y 2026, aseguró, el gasto corriente creció más de 90 por ciento, mientras que la inversión en obra pública se redujo. 

“Mientras el aparato gubernamental se expande, la infraestructura del país se ha rezagado”.

El priista advirtió que los nuevos esquemas de inversión mixta pueden ocultar obligaciones financieras que trasladarían los costos a futuras administraciones y criticó la falta de contrapesos.

“Se centralizan decisiones en el Ejecutivo y se crea un consejo sin contrapesos efectivos. Se habla en el texto de una gobernanza efectiva, pero eso es lo menos que se presenta aquí en un consejo integrado, única y exclusivamente, por servidores públicos, lo que induce discrecionalidad en la asignación de proyectos”.

En tanto, el panista Raymundo Bolaños advirtió que la minuta podría causar más endeudamiento y presión sobre las finanzas públicas. Criticó que la ley permita excepciones a los procesos de licitación, lo que podría incrementar las adjudicaciones directas y reducir la competencia.

“En el PAN sabemos que un escenario de urgencia económica, como el actual, requerimos participación responsable de los sectores privado y social en la economía; pero esta ley genera muchas más dudas regulatorias por falta de controles y espacios para el derroche de dinero público. Y existe un riesgo enorme en la materia de contratación pública, aunque la ley prohíbe la aplicación supletoria de legislación ordinaria, en los hechos estructura un régimen propio con reglas especiales y con supuestos amplios de excepción a la licitación, lo que significa más adjudicaciones directas y menos competencia”.

El panista criticó la propuesta de crear figuras como fideicomisos, cuestionados y eliminados en el sexenio anterior, de Andrés Manuel López Obrador, por generar opacidad. 

“El mensaje es que los fideicomisos neoliberales son puros y limpios cuando son creados y controlados directamente por este gobierno. La novedad de la minuta consiste en concentrar y reordenar esos elementos bajo una ley especial, con reglas propias muy beneficiosas para el gobierno y con un papel centralizador de la Secretaría de Hacienda, y los funcionarios federales que participen en este Consejo de Planeación Estratégica”.

En tanto, por Movimiento Ciudadano —que respaldó la iniciativa— Alejandra Barrales, reconoció la necesidad de inversión mixta pero enfatizó que se debe garantizar la certeza jurídica para los inversionistas, por lo que debe acompañarse de condiciones que generen confianza, tanto para el sector empresarial como para la ciudadanía.

El decreto aprobado fue turnado a la presidenta Sheinbaum, para su publicación y entrada en vigor.