Senado avala cambiar la Constitución para crear una ley contra el feminicidio

Andro Aguilar · 14 de abril de 2026

Senado avala cambiar la Constitución para crear una ley contra el feminicidio

Con el aval de todos los partidos, el Senado aprobó cambiar la Constitución para poder crear una Ley General contra el Feminicidio que aplique en todo el país.

Fueron 109 votos a favor de incluir al feminicidio en el catálogo de delitos que merecen una ley específica a manos del Congreso.

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La iniciativa de reforma constitucional, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de marzo, unió las voces, principalmente de legisladoras, a favor de atacar los feminicidios. Sin embargo, representantes de la oposición advirtieron la importancia de respaldar el cambio legal con recursos financieros por parte de la Federación para su adecuada implementación.

En la actualidad, el artículo 73 de la Constitución le da la atribución al Congreso de crear leyes generales para atender delitos como desaparición forzada de personas, secuestro, trata de personas, tortura y de índole electoral, el caso más reciente es el de la extorsión. Sin embargo, hasta ahora no se contemplaba el feminicidio, por lo que existen 33 leyes —32 códigos estatales y el federal— con criterios distintos sobre ese delito en todo el país.

La iniciativa aprobada fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se espera que sea también respaldada, para dar paso al envío formal de una iniciativa presidencial con la intención de expedir la nueva Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, como lo ha anunciado Sheinbaum.

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Foto: Cuartoscuro

Qué se espera que tenga la ley

La iniciativa destaca que el feminicidio se define, investiga y castiga de formas muy diferentes en cada entidad, con diferencias muy marcadas en los años de cárcel que se aplican, en las pruebas que solicitan los jueces y en cómo se trata a las víctimas. Algo que, señala el documento, facilita que los criminales queden impunes.

El objetivo es que el feminicidio se castigue con las mismas reglas en todos los estados, que se mejore la forma de investigar y que se garantice protección a las víctimas, que incluya atención y apoyo para las niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos por estos crímenes.

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De acuerdo con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que se concluya esta reforma constitucional, la ley general que envíe establecerá, entre otros puntos, que el Ministerio Público investigue cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio. Homologará el delito en todas las entidades del país, así como identificar las razones de la agresión por género como signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder.

Recuerdan a víctimas de feminicidio

La encargada de presentar el posicionamiento de Morena fue la senadora Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. 

La morenista aseguró que, más allá de la técnica legislativa, la discusión de fondo es si el Estado mexicano va a seguir respondiendo de forma fragmentada ante una de las violencias más graves que enfrentan las mujeres.

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La legisladora destacó que por la diferencia entre las leyes locales, la posibilidad de justicia contra un feminicidio en México depende en buena medida del lugar donde ocurre. Con fiscalías, ministerios públicos y policías de investigación capacitados, así como de cada Código Penal que se aplique.

“¿Por qué nos pegan? ¿Por qué nos violan los hombres? ¿Por qué se burlan de nosotras? ¿Por qué no se hace justicia? Porque pueden (…) Una ley general en materia de feminicidio no es sólo una herramienta jurídica, es una decisión política, es decidir que en todo el país se va a investigar con los mismos estándares, que se va a actuar con perspectiva de género y que el esclarecimiento de la verdad no va a depender del Código Penal local, sino de un compromiso real del Estado, de la Federación y de los Estados”, dijo en tribuna.

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Foto: Cuartoscuro

Geovanna Bañuelos, del PT, destacó que la reforma es apenas el inicio de una legislación integral que permita que se busque una justicia más uniforme para que el Estado responda mejor.

“También esta reforma es un acto de memoria, porque no podemos permitir que las víctimas se conviertan solo en cifras. Esta iniciativa va por Debani Escobar, por Ingrid Escamilla, por Ariadna Fernández López, por Fátima Cecilia, por Mara Fernanda Castilla, por Lesbi Berlín, por Lilia Alejandra García y por miles, lamentablemente por miles de mujeres a las que se les ha arrebatado la vida”.

Juanita Guerra, senadora del Partido Verde, recordó que el Estado mexicano asumió el compromiso internacional de adoptar medidas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; así como asegurar su derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público, como en el privado.

Oposición reitera que sin recursos la ley es insuficiente

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, destacó como un buen paso el anuncio de la nueva ley, reiteró que su bancada la acompañaría, pero advirtió que sin recursos los cambios legales no son suficientes.  

“Como lo señaló recientemente en una visita que acaba de realizar a este Senado, Reem Alsalem, la relatora especial de la ONU, dijo claramente que las leyes en favor de las mujeres necesitan que sean acompañadas de recursos presupuestales, porque de lo contrario son solamente letra muerta”.

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La legisladora aprovechó para citar la conferencia de la escritora a propósito del libro que escribió sobre el feminicidio de su hermana Liliana, El invencible verano de Liliana:

“La impunidad trastoca el principio de realidad. Una vez que su mano feroz te rosa la piel o se mete en tus entrañas, la impunidad quita el velo de normalidad a la vida de todos los días (…) Lo sabes y sabes a ciencia cierta, que la relación entre el Estado y el ciudadano se ha roto entonces para siempre”.

Por el PAN, la senadora Verónica Rodríguez enfatizó que el feminicidio no se combate sólo con mejores normas sino con capacidad de las autoridades que permitan mayores recursos, personal especializado, protocolos eficaces, indicadores verificables y resultados tangibles.

“La verdadera prueba de esta reforma no estará en el aplauso parlamentario del día de hoy, sino en lo que ocurra mañana con la ley general, con su implementación y con la transformación concreta de las condiciones de acceso a la justicia para las mujeres y sus familias. En pocas palabras, ¿de qué sirve hacer una ley si no le meten dinero para cumplirla?”.

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Foto: Cuartoscuro

Su compañera de bancada, Laura Esquivel, respaldó el posicionamiento. Advirtió que el respaldo de su partido no será “un aval para simulaciones”, sino que buscarán que se dé presupuesto suficiente y capacitación y personal especializado. 

“El voto de Acción Nacional será a favor y vigilaremos que esta ley sí resuelva este grave problema que tenemos en el país”. 

La senadora Paloma Sánchez, del PRI, inició su intervención con la mención de víctimas de feminicidio como Debanhi Escobar o Vivián Aispuro y algunas  de ellas, Sandra, de Paulina, Guadalupe, María y de Kenia, asesinadas.

La legisladora sinaloense destacó que la falta de una ley en la materia es una deuda del Congreso, que obliga al Estado a actuar.

“Esta reforma no les devuelve la vida, ninguna ley podría hacer eso, pero puede hacer algo que el sistema mexicano no ha podido hacer hasta garantizarles a cada mujer que desde el primer acoso hasta el último aliento, el Estado está ahí con un solo protocolo, con un solo tipo penal, con una sola ley, las mujeres de México y de Sinaloa necesitan esta ley y nosotras podemos construirlas juntas”. 

La senadora Anabell Ávalos Zempoaltécatl, también del PRI, advirtió que el problema no se agota con sancionar con mayor severidad un delito, sino que se debe acompañar de un diagnóstico que permita emprender programas y acciones específicas.

“En el PRI acompañamos la reforma constitucional contra el feminicidio, pero a la vez le exigimos al gobierno de la 4T que tomen con mucha seriedad el problema y que haya una política integral de atención, donde haya la participación y vigilancia de todas las fuerzas políticas, que dejen de simular con los otros datos y que atiendan a las víctimas de estos delitos”.