Senado avala en lo general y particular reforma a la Ley Aduanera
Redacción Animal Político · 14 de octubre de 2025
El pleno del Senado aprobó en lo general, con 78 votos a favor, 37 en contra, y una abstención, las reformas a la Ley Aduanera.
La reforma establece mayores controles a los agentes y las agencias de aduanas para evitar que las empresas eludan el pago de impuestos de los productos que ingresan al país.
Tras su aprobación en lo particular, con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención, se aceptó la modificación propuesta para añadir un transitorio y que el decreto entre en vigor el 1 de enero del año 2026, a la par del Paquete Económico.
Durante el debate, Morena y sus aliados defendieron que la reforma ayudará a combatir la evasión del pago de impuestos de los productos que entran a México. Sin embargo, el bloque opositor señaló que solo se persigue la recaudación, se enfoca muy poco en mejorar los procesos aduanales y además, “castiga inocentes, destruye empleos y aleja inversiones”.
Los artículos reservados se discutirían por separado y se prevé que a lo largo de la noche de este martes sean votados a favor con la mayoría del oficialismo.
Por la modificación con el nuevo transitorio para que entre en vigor hasta el 1 de enero del 2026, se devolverá a San Lázaro.
Estos fueron los posicionamientos de los partidos durante su discusión
Durante su intervención, el senado Miguel Requelme Solís, del PRI, dijo que esta reforma no persigue a criminales, sino que persigue recaudación y busca un chivo expiatorio en los agentes aduanales, tapando el daño institucional que le hicieron al Estado con casos como el del huachicol fiscal.
“Las aduanas necesitan orden, tecnología y certidumbre, no miedo ni persecución. Legislar desde la desconfianza pone en riesgo a los agentes aduanales y a todo el ecosistema económico”, sostuvo.
En tanto, Raymundo Bolaños Azócar, del PAN, sostuvo que con esta reforma “las aduanas seguirán siendo un centro de negocios para los amigos de la cuarta transformación. Denunció que el proyecto culpa a los agentes aduanales mientras exculpa a los servidores públicos, a pesar de que estos son quienes avalan y protegen los actos de corrupción dentro de las aduanas, lo que ha derivado en pérdidas estimadas en más de 200 mil millones de pesos al año por el llamado huachicol fiscal.
Su compañera, Imelda Sanmiguel Sánchez, del mismo partido, aseguró que esta reforma es esencialmente recaudatoria y se enfoca muy poco en mejorar los procesos aduanales.
“Fíjense qué grave, se eliminan las patentes con vigencia indefinida y ahora deberá prorrogarse cada 20 años, pero mañosamente deberán certificarse cada tres años, esto es una carga totalmente innecesaria golpean a quienes se dedican a esta actividad y abren una puerta totalmente a la corrupción y, sobre todo, a la extorsión”.
“La solución que dan contra el huachicol fiscal es irse en contra de los agentes aduanales, hostigarlos, reformando la ley para violentar sus derechos y doblegarlos. El hecho es que únicamente a 8 agentes aduanales se les ha acusado por el huachicol fiscal, en cambio hay decenas de morenitas investigados o acusados y hasta hoy, con total impunidad. Además, esta reforma pone en riesgo el tratado comercial más importante para México, reduce nuestra capacidad importadora y nos vuelve menos competitivos, pero el retroceso de México a ustedes no les importa”, aseguró Sanmiguel Sánchez.
En defensa de la reforma, Olga Patricia Sosa Ruiz, de Morena, señaló que esta reforma moderniza los procesos aduaneros y redefine la relación entre el Estado, los operadores comerciales y la sociedad, bajo el principio de que cada peso recaudado sea para el bienestar de la gente.
“Durante los gobiernos neoliberales las aduanas fueron el reflejo de un modelo burocrático que favorecía la opacidad, la discrecionalidad, controles insuficientes y privilegios otorgados a unos cuantos, generando pérdidas millonarias para la Hacienda Pública, sumadas a la impunidad (…) Esta reforma garantiza mayor transparencia y no se limita solo a los agentes aduanales, también contempla sanciones para cualquier integrante de la cadena de logística”.
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Mientras que la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre, sostuvo que este proyecto es resultado del diálogo entre el sector privado y de los actores en el comercio exterior. “Es una ley equilibrada, moderna por toda la tecnología que involucra, y firme contra la corrupción”.
Asimismo, durante los posicionamientos, la senadora panista Lilly Téllez aprovechó para presentar un fragmento del video en el que se habla sobre Adán Augusto López Hernández y su presunta relación con “La Barredora” y casos de corrupción, pero la presidenta de la Mesa Directiva le pido centrarse en el tema aduanal. Al no dejar que se transmitiera todo el video, la senadora acusó “censura” y pidió que se presentara su moción de ilustración.
¿De qué trata la reforma a la Ley Aduanera?
La reforma a la Ley Aduanera, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, señala que se busca “fortalecer y modernizar la legislación aduanera mexicana de forma que todos los actores que participan en el comercio exterior puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente posible, mejorando la competitividad del país y combatiendo la evasión y elusión fiscal, cerrando las puertas a la subvaluación y al contrabando”.
La reforma robustece los requisitos que los agentes y las agencias aduanales deben cumplir para realizar su trabajo.
Por ejemplo, se establece que los agentes deben tener una patente con vigencia de 20 años que acredite que están calificados para realizar sus tareas. Cada tres años, los agentes tendrán que realizar una certificación para mantener sus patentes.
Las agencias aduanales también deberán tener una autorización para operar, la cual tendrá una vigencia de 20 años y podrá prorrogarse por un periodo similar.
Se plantea también crear el Consejo Aduanero como un órgano deliberativo que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente aduanal y de la autorización para agencia aduanal, así como de sus prórrogas y del procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción.
El Consejo deberá ser presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y estará conformado también por personas servidoras públicas del Servicio de Administración Tributaria, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.