Redacción Animal Político · 4 de diciembre de 2025
Tras siete horas de debate, la mayoría oficialista en el Senado de la República aprobó en un trámite exprés la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, sin modificar la minuta que la Cámara de Diputados le envió tras una sesión de 24 horas con 17 minutos; el decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.
La Cámara Alta avaló el proyecto sin turnarlo a comisiones, en un trámite directo impulsado por la Junta de Coordinación Política. Una vez recibida la minuta procedente de San Lázaro, se envió de inmediato al Pleno para su discusión y posterior votación, que concluyó con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, y con 82 votos a favor y 34 en contra en lo particular.
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La reforma aprobada modifica de raíz el régimen de concesiones y herencias del agua. El Artículo 22 elimina la transmisión directa entre particulares y obliga a que cualquier compraventa, sucesión o fusión pase por una reasignación emitida por la Autoridad del Agua, que entregará un nuevo título con el mismo volumen y uso.
El dictamen también establece un mecanismo de reasignaciones exprés mediante el Artículo 37 Bis 1, que permite emitir nuevos títulos en un máximo de 20 días hábiles y sin revisar la disponibilidad de las cuencas. Para críticos, este esquema abre riesgos de discrecionalidad.
Otro cambio relevante es el reforzamiento del vínculo tierra-agua en el Artículo 49, que obliga a expedir un nuevo título cada vez que se venda o herede el predio ligado a una concesión, conservando su volumen aún en zonas sobreexplotadas.
En materia de sanciones, se agregan nuevos delitos por extracción ilegal (Artículo 123 Bis 3) y se endurecen las penas contra funcionarios que otorguen concesiones o prórrogas a cambio de beneficios personales (Artículo 123 Bis 5), con castigos que pueden llegar a 14 años de prisión.
Además, se crea un fondo de reserva que concentrará los volúmenes recuperados de títulos extinguidos. Estos no se contabilizarán como disponibilidad y solo podrán destinarse a nuevas reasignaciones, a la espera de un reglamento que defina su operación.
Al inicio de la discusión de la minuta procedente de la colegisladora, la Mesa Directiva del Sendo consultó al Pleno si el asunto se consideraba de urgente resolución para que fuera sometido a debate de inmediato. Tras abrirse el tablero de votación, los senadores aprobaron la propuesta con 83 votos a favor y 27 en contra, lo que permitió continuar con la deliberación sin pasar por los trámites ordinarios.
Antes de entrar de lleno a su discusión, el PAN presentó una moción suspensiva en contra del proyecto de decreto, que fue rechazada en votación.
Cuando el senador Ricardo Anaya subió a tribuna para exponer la moción de su bancada, donde acusó a la mayoría oficialista de buscar “el control del agua” y afirmó: “No tienen llenadera, ahora quieren el control del agua”.
El senador panista también acusó al oficialismo de sostener un discurso falso contra los acaparadores de agua: “Es una mentira, porque han estado señalando a tres integrantes del grupo parlamentario del PAN”, afirmó, antes de sostener que un legislador del bloque mayoritario tendría concesiones de mayor volumen que todos los panistas señalados.
En respuesta, el senador Adán Augusto López Hernández solicitó el uso de la palabra para impugnar la moción suspensiva.
López Hernández defendió la agenda legislativa del bloque mayoritario: “Nosotros no queremos mayor poder político. Ese ya nos lo dio la mayoría del pueblo en las urnas.”
Añadió que las reformas impulsadas responden a compromisos: “Por eso fuimos por una reforma al Poder Judicial, por eso hay una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
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La senadora Paloma Sánchez, del PRI, dijo que esta ley fue hecha sin consultar a los pueblos indígenas y está planteada para pasar por encima de todos y administrar quién sí y quién puede tener acceso al agua.
“Tiene tres objetivos muy claros: centralizar la administración del agua para un gobierno que ya lo controla todo, reasignar los volúmenes para dirigirlos a su antojo y donde más les convenga, así como para prohibir que los productores agropecuarios sean agentes libres en un mercado competitivo que les garantice su independencia”.
“México quieren un campo rendido, callado, sumiso y mediocre (…) la gente del campo está saliendo a las calles porque ya no resiste más”.
En contraste, la senadora del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura, señaló que esta ley protege al pequeño productor, al ejidatario y a los campesinos y termina con el abuso de quienes usan al campo como pretexto para desviar agua hacia negocios industriales encubiertos.
“Yo les pregunto, con qué autoridad moral vienen a argumentar siendo parte del huachicol del agua, los caciques del agua se sientan entre nosotros, son incluso exgobernadores”, dijo.
Durante su posicionamiento, destacó que esta reforma endurece sanciones y persigue con cárcel el robo del agua, lo que antes eran faltas administrativas.
Mientras que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, señaló que el derecho al agua debe ser protegido, no obstante, la Ley de Aguas propuesta solo abre puertas a controles gubernamentales “para fines e intereses políticos”. Indicó que la discrecionalidad resalta dentro de la iniciativa, lo que derivará en corrupción.
Durante su intervención, el legislador cuestionó que no se tomara en cuenta la figura de la consulta indígena dentro de la nueva legislación en materia hídrica.
En tanto, la senadora Edith López Hernández, de Morena, sostuvo que viejos actores del pasado se empeñan en presentarse hoy como víctimas.
“Mienten al afirmar que se trata de una ley que pasa por encima de los derechos de los agricultores y de los pueblos, cuando en realidad esta reforma busca poner orden en las concesiones que otorga el Estado, erradica las simulaciones en su uso y garantiza el derecho humano para todas las personas y reconoce los derechos de los pueblos indígenas”.
Para la sesión de este jueves, el Senado había citado inicialmente a las 8:00 de la mañana, aunque posteriormente el horario fue modificado para convocar a las 10:30 de la mañana.
La sesión comenzó conforme a este segundo llamado, pero alrededor de las 2:00 de la tarde se decretó un receso ante la inminente llegada de la minuta sobre la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de discutirla y someterla a votación una vez que arribara formalmente.
Los trabajos fueron reanudados pasadas las 4:00 de la tarde, momento en que se dio curso al trámite fast track.

Horas antes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, había anticipado públicamente que propondría que la minuta no fuera turnada a comisiones, sino que pasara de manera inmediata al Pleno.
En entrevista realizada en la sede del Senado, el legislador afirmó que en la Cámara de Diputados se había hecho “un trabajo exhaustivo en la elaboración del dictamen”, el cual se encontraba en la fase final de discusión de reservas, luego de su aprobación en lo general el día anterior.
López Hernández sostuvo que “la Cámara de Diputados ha trabajado muy bien el proyecto de decreto para expedir la Ley General de Aguas, para el cual abrió foros y consultas ciudadanas”, por lo que, dijo, los senadores estarían “conformes” con la minuta que recibiesen.

Añadió que “salvo algún cambio de última hora en las reservas que faltan por discutirse y votarse (en la Cámara de Diputados), hasta este momento estamos en conformidad”.
López Hernández también advirtió que persisten actores que buscan frenar la reforma. Señaló que “ya fueron atendidas todas las demandas”, aunque reconoció que “hay muchos intereses políticos”, entre los que mencionó a “acaparadores de agua”, a quienes acusó de promover una “manipulación política” en torno al tema.