SCJN posterga fallo clave sobre la prisión preventiva oficiosa

Por una cuestión de procedimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un caso clave sobre la aplicación de la prisión automática en México —conocida legalmente como prisión preventiva oficiosa—, una figura catalogada como violatoria de los derechos humanos por diversos organismos internacionales.

Con una mayoría de 8 votos a favor y 1 en contra, ministras y ministros no sólo declararon sin materia legal la contradicción de criterios 113/2025, sino que evadieron el debate central: determinar si los jueces pueden suspender la prisión preventiva oficiosa mientras se tramita un juicio de amparo.

De este modo, la decisión definitiva sobre la suspensión de la cárcel automática continúa acumulando expedientes sin resolver en la SCJN. Un órgano que, a pesar de haber renovado su integración hace más de un año, aún mantiene otros cinco asuntos relevantes pendientes en la materia.

El impacto social es considerable. Al cierre de 2025, de las 231 mil 436 personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario de México, cerca de 97 mil 722 no contaban con sentencia. Dentro de este grupo sin resolución judicial,  50.1 % enfrentaba su proceso bajo la prisión preventiva oficiosa.

¿Por qué la SCJN desechó la contradicción de criterios 113/2025 sobre prisión preventiva oficiosa?

En el sistema judicial mexicano, una contradicción de criterios es el mecanismo que se activa cuando dos tribunales interpretan una ley de forma opuesta, entonces interviene  la Suprema Corte para definir un criterio unificado en el país.

Sin embargo, el pleno de la SCJN determinó votar a favor del proyecto elaborado por el ministro ponente Arístides Rodrigo Guerrero García que consideraba improcedente el recurso debido a un obstáculo formal.

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La razón técnica fue que, antes de la denuncia presentada por los magistrados, el 22 de abril de 2025, los Plenos Regionales (instancias superiores en sus jurisdicciones) ya habían fijado jurisprudencias obligatorias para resolver dichos desacuerdos.

A pesar de esta aclaración formal, la incertidumbre jurídica persiste. La propia SCJN ordenó a los juzgados y tribunales abstenerse de dictar resoluciones de fondo sobre la prisión preventiva oficiosa hasta que el Máximo Tribunal se pronuncie de manera definitiva.

Al modificarse las reglas previas antes de admitir el recurso, la Corte concluyó que este expediente quedó formalmente sin materia.

La invalidez del expediente 113/2025 se aprobó con 8 votos de los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Loretta Ortiz Ahlf, Giovanni Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Hugo Aguilar Ortiz; el ministro Irving Espinosa Betanzo emitió el único voto en contra.

El debate legal sobre la prisión preventiva oficiosa en juicios de amparo

El aspecto técnico que la SCJN dejó sin resolver radica en definir la actuación de un juez de amparo cuando una persona sujeta a prisión automática solicita una suspensión provisional con efectos de restitución.

Dicho recurso busca ordenar a un juez penal la celebración de una audiencia en un plazo de 48 horas para evaluar la situación del acusado y determinar si puede afrontar el proceso penal bajo medidas cautelares distintas a la privación de la libertad, como la prisión domiciliaria, el uso de un brazalete electrónico o la entrega de sus papeles oficiales.

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Sobre este punto, las dos posturas contrapuestas en los juzgados del país son las siguientes: 

El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito concluyó en el recurso de queja 123/2025 que los jueces deben suspender la prisión automática para revisar la medida cautelar en 48 horas, basándose en las condenas emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los Casos García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile contra México. 

Esta postura a favor de revisar la libertad de las personas fue respaldada por el Pleno Regional Centro-Norte en la jurisprudencia PR. P. CN J/13 P (11a).

En sentido opuesto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito resolvió en el recurso de queja 98/2025 que los jueces no pueden frenar la prisión automática, señalando que el artículo 19 de la Constitución mexicana ordena aplicar dicha medida de forma literal y sin excepciones. 

Esta postura a favor de mantener la prisión automática quedó establecida por el Pleno Regional Centro-Sur en la jurisprudencia PR. P. CS J/16 P (11a).

La lista de asuntos pendientes sobre la prisión automática

En la resolución de la Corte, se precisó que la seguridad jurídica se atenderá en la contradicción de criterios 377/2023, expediente en manos de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, donde sí se confrontan directamente las reglas obligatorias de los Plenos Regionales y que continúa pendiente de sentencia en el pleno.

Sin embargo, este no es el único caso sin resolver sobre la materia. En el Máximo Tribunal se acumulan otros cuatro asuntos clave vinculados a la prisión preventiva automática que siguen sin fallo definitivo.

Uno de ellos es el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023, que está relacionado con el cumplimiento de la sentencia en el Caso García Rodríguez vs México, resuelto por la Corte IDH. La encargada de elaborar el proyecto de sentencia es la ministra María Estela Ríos González. 

Otro es el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 1/2023, relacionado con el Caso Tzompaxtle Tecpile vs México igualmente resuelto por la Corte IDH. La encargada de elaborar el proyecto de sentencia es la ministra Lenia Batres Guadarrama.

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También está la acción de inconstitucionalidad 49/2021, recurso que fue presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en febrero de 2021. El proyecto de sentencia de este asunto está en la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.

Finalmente está la contradicción de criterios 135/2023, por la que se busca determinar si para la concesión de la suspensión provisional en contra de la prisión preventiva oficiosa puede atenderse a la resolución de la Corte IDH en el caso Tzompaxtle Tecpile y, en consecuencia, desaplicar el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo.

En la Corte también hay casos promovidos por personas procesadas en prisión oficiosa cuyos recursos de fondo han sido desestimados o postergados.