Edgar Ledesma · 12 de noviembre de 2026
El relevo de Guadalupe Taddei en el INE sigue sin una ruta acordada, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerrado a negociar y el Partido Acción Nacional (PAN) a la espera de una respuesta a sus ocho condiciones para respaldar la convocatoria. En entrevistas con Animal Político, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y el diputado federal del PAN, Federico Döring, describen posiciones distintas, unidas por la desconfianza hacia quienes evaluarán a las aspirantes.
Moreira sostiene que cambiar a quien encabeza el INE no resolverá los problemas de la institución. “Nosotros no tenemos ninguna negociación porque hemos puesto sobre la mesa una cuestión que creemos que es indiscutible”, señala, al exigir cambios en las facultades de la presidencia, evaluadores independientes y avances en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades.
Döring señala que ha habido al menos dos reuniones o conversaciones para explorar un acuerdo, pero todavía no saben cuáles de sus propuestas serán aceptadas. No prevé que la convocatoria avance esta semana y, aunque existe la intención de resolverla la próxima, advierte que no hay una fecha definida.

“No hay una definición de si se van a aceptar parcialmente, totalmente”, afirma, al explicar que la discusión del Presupuesto de Egresos absorbió buena parte del trabajo legislativo.
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La vacante se abrió con la renuncia de Taddei, el 26 de octubre, y a quien nombren deberá completar el periodo que concluye en 2032. Mientras tanto, la consejera Blanca Yassahara Cruz García ocupa provisionalmente la presidencia y el Consejo General trabaja con diez integrantes.
El desacuerdo está en la convocatoria, el documento que fijará los requisitos, las fechas y las reglas para registrar y evaluar a las candidatas, incluida la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE). Todavía no se discute una lista de evaluadores ya nombrados, sino las condiciones para iniciar el procedimiento.
El comité tendrá cinco integrantes, tres designados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Antes eran siete, incluidos dos nombrados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyos lugares desaparecieron con la eliminación del organismo.
Los evaluadores revisarán trayectorias, aplicarán pruebas y entrevistarán a las aspirantes para seleccionar a cinco finalistas, entre quienes la Jucopo buscará acordar una propuesta para el pleno. El nombramiento requiere dos terceras partes de los diputados presentes y, si se agotan las etapas y los plazos sin conseguirlo, el procedimiento contempla un sorteo entre las finalistas, como ocurrió en marzo de 2023, cuando Guadalupe Taddei fue elegida presidenta del INE mediante ese mecanismo.
Moreira desconfía de los representantes que designe la CNDH y considera que podrían coincidir con Morena, de manera que bastaría sumar un perfil afín al partido entre los tres nombrados por la Jucopo para formar una mayoría. “Con uno que tenga Morena ya tiene mayoría. ¿Por qué vamos a creer? Pero además no se ponen en la mesa nombres de ningún tipo”, sostiene.

El PRI tampoco presentará una alternativa para integrar el comité, señala Moreira, quien acusa a Morena de desviar la discusión sobre las irregularidades.
“Vimos en la prensa cómo le están dando instrucciones a los diputados de Morena para que generen fantasías, falacias, historias y también vimos en la prensa cómo se contrataron especialistas en marketing para tratar de desviar la atención”, afirma.
El coordinador cuestiona además el avance de las investigaciones. “No se ha hablado de qué hacer con el padrón electoral”, señala, un tema sobre el que ha pedido una auditoría externa para revisar la protección de los datos personales y biométricos de la ciudadanía.
“El Estado mexicano, la jefa de Estado mexicano, el gobierno mexicano tiene que dar muestras claras, muestras muy claras de que quiere sanear el sistema electoral mexicano”, sostiene.
Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), también exige evaluadores sin vínculos partidistas o gubernamentales, participación de universidades y sociedad civil y una revisión de las facultades de la presidencia. Además, ha propuesto renovar todo el Consejo General, aunque reconoce conversaciones para acordar la convocatoria.

El PAN condiciona su respaldo a la convocatoria a ocho cambios, tres de ellos relacionados con la integración del comité: ampliar de cuatro a ocho años la separación de cargos de dirección partidista y excluir a servidores públicos en funciones o personas vinculadas con gobiernos y autoridades electorales, que la Jucopo consulte a instituciones de prestigio antes de designar evaluadores y que la CNDH consulte a organizaciones civiles y permita objetar perfiles.
Otras cuatro propuestas buscan incorporar observadores, proteger los exámenes contra filtraciones, publicar los resultados con consentimiento de las aspirantes y justificar por qué se selecciona a cada finalista.
La octava exige revertir las facultades concentradas en la presidencia del INE. La reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), aprobada en octubre de 2024, permitió a la presidenta del organismo designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin someter esos nombramientos a la aprobación del Consejo General.
Döring sostiene que el PAN todavía busca corregir el procedimiento, aunque advierte que una nueva presidenta tendrá límites para transformar el organismo al tomar decisiones con las demás consejerías. También cuestiona si contará con presupuesto suficiente para fiscalizar gastos no reportados en redes sociales, una tarea para la que, afirma, el INE necesita contratar servicios adicionales.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, había planteado instalar el comité a más tardar el 12 de noviembre y registrar aspirantes del 9 al 13, pero la falta de acuerdo dejó atrás ese calendario. Su posterior previsión de aprobar la convocatoria el jueves 12 también perdió fuerza, al reconocer el martes que no creía que estuviera lista.
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“Nosotros consideramos que es importante, pero es tan profundo el tema del INE que vale la pena insistir en un acuerdo amplio”, sostuvo Monreal, quien dejó abierta la posibilidad de recurrir a un periodo extraordinario.
La negativa del PRI no constituye por sí sola un veto, pues Monreal ha reconocido que Morena y sus aliados cuentan con mayoría para impulsar el procedimiento, pero impide la unanimidad que busca para evitar que la nueva presidenta llegue cuestionada.
El miércoles 11 reiteró que intentaría acordar la convocatoria, la integración del comité y el nombramiento, sin anunciar una nueva fecha definitiva. Döring ubica la próxima semana como la intención de quienes siguen conversando, mientras Moreira descarta un avance inmediato: “No, no se ha aprobado la convocatoria. No va a pasar nada mañana”, afirmó sobre este jueves.