Redacción Animal Político · 1 de septiembre de 2025
Human Rights Watch (HRW) aseguró que lejos de ser un esfuerzo por hacer que el Poder Judicial sea más democrático y eficiente, es probable que la reforma judicial −impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum−, solo cree un Poder Judicial leal al gobierno”.
El día que toman posesión las y los nuevos jueces y ministros, el organismo internacional de derechos humanos señaló que la reforma constitucional que este lunes sustituye a la mitad de los juzgadores a nivel federal, “ha socavado la independencia judicial”, por lo que sugirió derogar esta reforma constitucional o, como mínimo, establecer salvaguardas sólidas para asegurar la integridad de la próxima ronda de elecciones judiciales en 2027.
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Human Rights Watch recordó que el proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales de junio se caracterizó por múltiples defectos e irregularidades, entre ellos, el uso de acordeones, los criterios vagos para preseleccionar a los candidatos, como la honestidad, la reputación y la competencia; así como la baja participación ciudadana.
Sobre el último punto destacó que solo el 13 % de las personas con derecho a voto acudieron a las urnas, en lo que los observadores de la OEA describieron como “uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral”.

Además, los observadores de la OEA identificaron una serie de deficiencias en las elecciones, entre ellas, la falta de transparencia en la financiación y los gastos de las campañas.
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El organismo también criticó los amplios poderes que otorgó la reforma al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, para sancionar y destituir a los jueces, ya que los estándares internacionales establecen que los juzgadores deben tener garantizada su permanencia en el cargo y estar protegidos de la influencia política para garantizar decisiones basadas en los hechos y conforme a la ley.
“Mientras que la mitad del Poder Judicial Federal tomará posesión de su cargo el 1 de septiembre, la otra mitad se elegirá en 2027. Las autoridades mexicanas deberían aprender de los graves defectos de las elecciones judiciales de 2025 y derogar esta reforma constitucional o, como mínimo, establecer salvaguardas sólidas para asegurar la integridad de la próxima ronda de elecciones judiciales en 2027”, señaló Human Rights Watch.

“Estaremos observando si la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, finalizó en su comunicado.