Reforma judicial no corrigió problemas de fondo: Piña; “como estoy a la moda, traigo mi acordeón”
Animal Político · 3 de septiembre de 2026
La ministra en retiro Norma Piña advirtió que la reforma judicial cuenta con “focos rojos” que pueden afectar la seguridad jurídica, la independencia de los juzgadores y la protección del patrimonio de los ciudadanos, al señalar que los cambios constitucionales se realizaron sin un diagnóstico suficiente y que la llamada “reforma de la reforma tampoco corrige los problemas de fondo”.
Durante el foro “Constitución, empresa y patrimonio”, organizado por la Escuela Libre de Derecho, Piña indicó que todavía es temprano para emitir un diagnóstico definitivo sobre los efectos de la reforma, pero consideró necesario comenzar a identificar sus posibles consecuencias para la justicia, la inversión y los derechos humanos.
“No pudimos en estos momentos, o no puedo hacer un diagnóstico serio porque no tenemos los datos. Esta reforma lleva un año. Por eso les decía la importancia del Observatorio de la Justicia, pero sí hay muchos focos rojos”, afirmó.
Seguridad jurídica, inversión y patrimonio
La ministra explicó que la seguridad jurídica no depende únicamente del contenido de las normas, sino también de la interpretación, aplicación y ejecución que realizan los tribunales. Por ello, consideró que conocer los criterios jurisdiccionales es indispensable para que ciudadanos, empresarios e inversionistas puedan prever las consecuencias de sus actos.
Recordó que durante años se consideró que en los procedimientos de expropiación no era necesaria la garantía de audiencia previa, hasta que los tribunales federales modificaron esa interpretación. A su juicio, estos cambios muestran la importancia de contar con órganos jurisdiccionales capaces de limitar la arbitrariedad del poder público.
“La seguridad jurídica es saber a qué atenernos con relación al ejercicio del poder público. Como ciudadanos, como inversionistas, como empresarios, debemos conocer el contenido de las normas que regulan el ejercicio del poder público para así poder actuar en consecuencia y razonablemente prever qué actuación de nosotros va a tener determinado tipo de consecuencias”, señaló.
Piña comentó que la calidad de la justicia tiene una relación directa con la confianza, la inversión y la generación de empleos. Citó un estudio realizado por el Banco de México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Escuela Económica de París, cuya conclusión, dijo, establece una relación determinante entre la calidad de la justicia y las empresas.
En ese contexto, advirtió que los efectos de las decisiones de autoridad no se limitan a los empresarios, sino que pueden alcanzar a los ciudadanos y sus familias. En ese sentido, puso como ejemplo las reformas fiscales y las medidas que pueden impedir a una empresa emitir comprobantes fiscales o disponer de sus recursos mientras se resuelve un juicio.
“¿Ustedes creen que van a congelar cuentas a la persona? No. Es a la persona y a la familia, a todos aquellos que tengan una relación. Yo tuve un caso de esos”, expuso.
La ministra también alertó sobre las consecuencias de que una empresa pueda desaparecer antes de que concluya un procedimiento judicial. Explicó que, si una medida de autoridad impide operar durante el tiempo que dura un juicio, la resolución favorable puede llegar cuando ya no exista la empresa que proteger.
Piña recordó que México ha sido condenado en dos sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestionó que, en lugar de atender esas resoluciones, se hayan incorporado más delitos al catálogo constitucional.
La ministra consideró que esta situación refleja una tensión entre las obligaciones internacionales del Estado mexicano y las decisiones adoptadas en el ámbito nacional. También sostuvo que los derechos humanos requieren mecanismos efectivos para ser exigidos, pues de lo contrario permanecen como simples declaraciones.
“México está condenado por la prisión preventiva oficiosa por una Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que estamos nosotros adscritos, o que reconocemos su jurisdicción. No lo hacemos. Al contrario, se colocan más delitos en el propio artículo”, afirmó.
Piña cuestionó que la reforma judicial se haya impulsado sin un diagnóstico claro y sin que las propuestas formuladas en distintos foros fueran tomadas en cuenta. A su juicio, el hecho de que haya tenido que modificarse antes de cumplir un año es una señal de que no fue una solución adecuada para reestructurar la justicia en México.
“Un primer síntoma de que la reforma no estuvo bien pensada, que incluso ni siquiera hubo un diagnóstico para realizar esta reforma y que no era la solución para componer, para reestructurar la justicia en México, es que antes del año se tuvo que reformar”, sostuvo.
“Reforma de la reforma” no resuelve problemas
La ministra consideró que la llamada “reforma de la reforma” tampoco resuelve el problema de fondo, pues mantiene un esquema de selección de juzgadores que, desde su perspectiva, no garantiza que lleguen los perfiles más preparados. En particular, cuestionó que se haya concentrado en un solo comité una función que antes correspondía a tres órganos.
Afirmó que las garantías judiciales no deben entenderse como privilegios de los jueces, sino como derechos de los ciudadanos. Entre ellas mencionó la imparcialidad, la independencia y la carrera judicial, que permiten que los juzgadores no deban su cargo a intereses políticos.
“Todas aquellas garantías judiciales que se atribuyen a los jueces no son de los jueces, son de los ciudadanos. Que el ciudadano no tenga un juez imparcial, independiente, que no tenga que deberle el puesto a nadie, porque es tu propio esfuerzo, tu carrera judicial, la meritocracia en esplendor”, expresó.
La ministra ironizó, pues se refirió al uso de un acordeón que llevaba consigo, en alusión a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos.
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“Hay que irnos adaptando a la sociedad en la que estamos y, como abogados, siempre guardando ciertos principios y valores que cada uno de nosotros tenemos. Pero bueno, como estoy a la moda, pues traigo mi acordeón”, mencionó.
Piña reconoció que la reconstrucción de un Poder Judicial independiente será complicada, pero dijo esperar que los nuevos juzgadores mantengan el compromiso con la justicia. También insistió en que la sociedad debe exigir que quienes impartan justicia estén preparados, conozcan el derecho y expliquen las razones de sus decisiones.
Defendió la importancia del amparo como mecanismo de protección frente a los abusos de la autoridad y rechazó la idea de que los derechos humanos hayan fracasado. Consideró que el problema no está en su existencia, sino en la falta de mecanismos eficaces para hacerlos valer.
“Los derechos humanos para mí es lo que debe ser. Es uno de los valores y principios que tenemos que conservar. A pesar de los populismos, izquierda, derecha, antidemocracia, los derechos humanos es algo por lo que hay que luchar todos y cada uno de nosotros”, afirmó.