Proponen en la Corte criterios "más estrictos" para admitir amparos; alertan por saturación de casos
Alfredo Maza · 6 de noviembre de 2025
El ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso a sus compañeras y compañeros del Pleno establecer un criterio “más estricto” para admitir juicios de amparo directo en revisión, en busca de que no todos estos asuntos lleguen al máximo tribunal del país.
“Lo que yo quisiera poner sobre la mesa es (que) reflexionemos si en lo subsecuente debamos admitir todos los casos de amparo directo en revisión o podamos establecer un criterio más estricto para que no lleguen todos los asuntos acá, que varios de estos puedan culminar en un Tribunal Colegiado”, señaló durante la sesión del Pleno.
La propuesta del ministro presidente de la Corte ocurrió en medio de la discusión de un amparo directo en revisión (3999/2925) que fue admitida a partir de una demanda presentada en un juicio contencioso-administrativo contra resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativas a la rectificación de impedimentos aduaneros.
“La preocupación que tengo también es que estamos recibiendo una gran cantidad de asuntos y solo lo pongo en la mesa para alertar un poco sobre esta situación. Si podemos, en su caso, más adelante […] tener un poco más de consideración estricta a los casos que llegan al pleno”, agregó el ministro presidente.
En respuesta, juzgadores como la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se posicionaron en contra de endurecer las reglas para admitir amparos al considerar que toma mucho tiempo para que este tipo de asuntos lleguen a la Corte y se dicten sentencias “que pueden resolver muchos asuntos más”.
Ministros buscan reducir número de asuntos a resolver
Tras la aprobación de la reforma judicial, y luego de iniciar las campañas electorales, algunas candidatas y candidatos a ministros de la Corte comenzaron a proponer criterios para que no todos los asuntos jurisdiccionales lleguen al máximo tribunal del país, incluso proponiendo regresar varios de estos expedientes a los tribunales y juzgados del país.
Tal fue el caso de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que en un desayuno con medios al arrancar las campañas judiciales criticó aspectos como la desaparición de la Primera y Segunda Sala de la Corte, debido a que en estos dos órganos era en los que más se resolvían asuntos, asegurado que debían buscar estrategias para limitar la cantidad de asuntos que llegan a la Corte.
El asunto revivió hoy durante la discusión de un amparo directo en revisión, en el que la Corte debía determinar si la Regla 6.1.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para los ejercicios 2020-2022 viola el principio de reserva de ley, al supuestamente exceder lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Aduanera.
“En la Corte hemos privilegiado que los asuntos que llegan procuremos sacarlos, atender, hacer justicia para todos los que acuden hasta esta instancia, prefiriendo el tema de fondo que los aspectos procesales. En el caso está cuestionando el numeral 6.1.1. de las reglas generales de Comercio Exterior; es decir, es una norma de bajo rango.
Se cuestiona también un tema que ya fue estudiado por el Tribunal Colegiado. El cuestionamiento que se hace es que esta regla general no respeta el principio de reserva de ley, se pronuncia el colegiado y llega aquí en amparo directo en revisión. Pongo sobre la mesa este detalle: si absolutamente la inconstitucionalidad de cualquier norma, incluyendo reglas, normas ya muy específicas, tendrá que ser de control constitucional del Pleno de la Corte”, señaló.
Ministros debaten sobre establecer criterios “más estrictos” para admitir amparos
En respuesta, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra defendió que sí debían entrar a estudiar este tipo de cuestiones de constitucionalidad al considerar que “con una decisión nuestra [se] pueden resolver muchos asuntos”.
“Siento que decir que no es procedente y regresarlo, pues es otra vez no dar una respuesta a lo planteado”, dijo.
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Al debate se sumó el ministro Irving Espinosa Betanzo que señaló que en principio la propia presidencia de la Corte tendría que decidir “cuáles admite y cuáles no, pero en el caso particular yo considero que lo oportuno y también por un carácter procesal sería conveniente la resolución del presente asunto”.
El ministro Hugo Aguilar Ortiz respondió que desde la presidencia de la Corte van a trabajar en algunos criterios y exponerlos ante el Pleno “para que no solo sea el criterio del presidente el que pueda admitir o desechar este tipo de asuntos, sino que lo podamos comentar entre todos”.
“Este asunto, como se ha dicho, ya está admitido y creo que vale la pena, con el fin de garantizar una justicia pronta, expedita y en atención al artículo 17 de la Constitución, proceder a resolverlo y pronunciarnos, y como ha dicho la ministra Sara Irene, a poner orden en los criterios que prevalecen sobre esa temática”, señaló.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía solicitó el uso de la palabra para especificar que el alto tribunal no es un “revisor natural” de las decisiones que emitan los tribunales colegiados.
“Se requiere, además de haber un tema sobre la constitucionalidad de normas generales, que también se actualice el requisito del interés que requiere un pronunciamiento de esta Suprema Corte”,
Finalmente, la Corte confirmó la sentencia del Tribunal Colegiado, concluyendo que la regla 6.1.1 no vulnera la ley, sino que únicamente detalla los supuestos para requerir autorización de rectificación de pedimentos, y, por lo tanto, no invadió los elementos esenciales de la contribución, decisión que fue tomada por mayoría de ocho votos.