Animal Político · 17 de junio de 2026
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles el nombramiento de Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 26 votos a favor y ocho en contra.
La decisión se produjo después de que la Tercera Comisión de la Permanente, encargada de los Asuntos Económicos, aprobara el dictamen correspondiente con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, en respaldo a la propuesta realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante la reunión de la comisión, el presidente de ese órgano legislativo, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, destacó que Castillo Madrid cuenta con 18 años de experiencia en la administración pública y ha ocupado diversos cargos en el Gobierno de la Ciudad de México y en la administración federal.
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La nueva titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes ha desarrollado una trayectoria en áreas jurídicas y administrativas. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma institución. Además, actualmente es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte, en colaboración con la Universidad Sorbona de París.
Entre 2019 y 2024 se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Antes de asumir la titularidad de Grandes Contribuyentes encabezó la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía.
Durante su comparecencia ante la Tercera Comisión, Castillo Madrid expuso las líneas generales de trabajo que pretende impulsar al frente de una de las áreas estratégicas del SAT, responsable de la fiscalización y atención de los principales contribuyentes del país.
Entre sus propuestas señaló la necesidad de mejorar los procesos de recaudación mediante auditorías más eficientes, agilizar las devoluciones a contribuyentes, reducir los tiempos de resolución de auditorías y acortar los plazos de consultas y autorizaciones.
Asimismo, propuso fortalecer y actualizar los criterios de programación de auditorías, con énfasis en actividades consideradas de alto riesgo fiscal.
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Al respecto, afirmó que “no se pretende realizar auditorías excesivas a contribuyentes ni generar actos de molestia innecesarios”.
También sostuvo que “evitaremos auditorías simultáneas al mismo contribuyente, y trabajaremos porque sólo se solicite una muestra representativa de la información a fiscalizar”.
La funcionaria planteó además uniformar los criterios de revisión para otorgar certeza jurídica a los contribuyentes, respetar los plazos establecidos en la ley y observar los tratados internacionales para evitar la doble tributación.
Entre los objetivos expuestos ante los legisladores también figura el respeto a los plazos de caducidad en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad y la aplicación uniforme de criterios en las auditorías, sin retroactividad de normas.
La Administración General de Grandes Contribuyentes es una de las áreas especializadas del SAT encargada de la supervisión y fiscalización de empresas y contribuyentes de gran relevancia económica, por lo que sus determinaciones tienen impacto en los procesos de recaudación tributaria.
En los últimos días, esta área volvió a estar en la atención pública tras la detención de Héctor Taurino Landa Cabrera, exadministrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes.
La Fiscalía General de la República informó el pasado 13 de junio la captura del exfuncionario, a quien acusa de enriquecimiento ilícito en una investigación relacionada con la presunta adquisición de tres inmuebles valuados en 21.9 millones de pesos que, según las autoridades, excedían los ingresos que obtuvo durante su desempeño como servidor público.
De acuerdo con la FGR, Landa Cabrera trabajó en el SAT entre 2011 y 2018 y ocupó el cargo de administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes entre 2013 y 2018.
Las investigaciones ministeriales derivaron del análisis de su patrimonio y de la revisión de operaciones relacionadas con inmuebles, vehículos y movimientos bancarios. Con base en esos elementos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada en Xalapa, Veracruz.
El exfuncionario también promovió diversos recursos judiciales para combatir las acusaciones en su contra. En mayo de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo con el que buscaba cuestionar la constitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito previsto en el Código Penal Federal.
Posteriormente, en agosto de ese mismo año, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la resolución que mantuvo vigente su vinculación a proceso, al considerar que existían elementos suficientes para continuar con la causa penal.