Plantean parlamento abierto para Reforma a Ley de Amparo de Sheinbaum
Andro Aguilar · 17 de septiembre de 2025
La Comisión de Justicia del Senado plantea llevar a una discusión de parlamento abierto la reforma para limitar el amparo que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, descartó que la iniciativa presidencial vaya a ser aprobada de manera apresurada e informó que ya solicitaron una reunión con las presidencias de las otras comisiones involucradas para acordar los plazos de discusión.
La iniciativa fue enviada el 15 de septiembre por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, y a su vez fue turnada a las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda.
La iniciativa busca reformar la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución; el Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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“Lo que hemos acordado en la Comisión de Justicia es el buscar abrir un proceso de discusión abierta o lo que se conoce como parlamento abierto, para conocer la opinión de las partes interesadas, de expertos y, por supuesto, es una ruta que tendrán que trazar las tres comisiones”.
Javier Corral informó que propondrá en próximos días reunirse con las mesas directivas de las tres comisiones involucradas para definir el método y dinámica de discusión.
“Es un tema de la mayor relevancia, que debe ser analizado en sus méritos, y que debemos de darnos el tiempo, el método y la manera para escuchar, inquietudes y preocupaciones e incluso para orear los pros y los contras que pueda representar cada una de las materias de modificación, toda vez que son reformas muy Importantes; son reformas muy trascendentales de una institución jurídica fundamental, como es el juicio de amparo, pues no solamente en términos de importancia para el sistema jurídico, sino muy apreciado para la protección de los derechos de los ciudadanos frente al Estado o las decisiones de la autoridad”.
“Lo que hay que procurar es que nadie se quede fuera en la posibilidad de procesar un amparo por cualquier vía”, destacó Corral.
Oposición advierte simulación
El coordinador de la bancada del PRI, el senador Manuel Añorve, criticó el ejercicio de parlamento abierto anunciado y advirtió que podrá ser una simulación.
“La experiencia que tuvimos con los conversatorios, o bueno, parlamentos abiertos, llámenle como quieran, en el tema de la Ley de Telecomunicaciones, es que quedó simple y sencillamente como un ‘simulatorio’. Pareciera que otra vez va a ser un ‘simulatorio’, a pesar del anuncio que se ha hecho, y la conclusión va a ser traje a la medida de un gobierno autoritario”, aseveró.
El legislador adelantó que el PRI votará en contra de la iniciativa presidencial si se mantienen los puntos que, a su juicio, limitan los derechos de la sociedad civil y fortalecen al gobierno.
Manuel Añorve aseguró que la reforma afectará a colectivos ciudadanos como padres de niños con cáncer que perderían la posibilidad de recurrir a esa herramienta para obtener medicamentos urgentes.
En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, criticó la eliminación de los efectos generales del amparo, las restricciones al interés legítimo y la posibilidad de que la autoridad alegue imposibilidad jurídica o material para no cumplir con las sentencias.
“Hay una manzana envenenada. Aquí lo que están haciendo es privar a los ciudadanos de su derecho de defenderse de actos ilegales de la autoridad. Esto va a acabar afectando a cientos de miles de personas, particularmente a los que menos tienen. Nosotros vamos a dar la batalla, por supuesto, en este tema. Sí queremos convocar a un parlamento abierto, que vengan los especialistas”, señaló.
El panista calificó la reforma como un intento de consolidar un “régimen autoritario” al limitar las herramientas legales que protegen a los ciudadanos frente a las autoridades.
¿De qué va la reforma?
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma presidencial busca redefinir el concepto de interés legítimo con base en criterios establecidos por la Suprema Corte, con el objetivo de defender intereses colectivos y evitar que se use de manera abusiva y para impugnar normas en general.
La iniciativa propone modificar la suspensión del acto reclamado, una medida que permite suspender el acto de autoridad que se está impugnando mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo. Asimismo, busca asegurar que el juez no conceda la suspensión sin evaluar cada caso concreto y que sopese con cuidado el impacto que tendría esa suspensión en el interés público.
Entre los cambios, propone que no se otorgarán suspensiones para permitir actividades que necesiten permisos o concesiones si estos han sido revocados o nunca existieron. Además, no procederá la suspensión si esta permite actividades relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o si obstaculiza las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La suspensión provisional, la primera medida que se da muy rápido, quedaría explícitamente prohibida en estos casos de bloqueo de cuentas por la UIF, debido a que este recurso está siendo usado para liberar grandes sumas de dinero presuntamente ilícito, de acuerdo con el documento.