Proponen en el Senado protocolo de emergencia para proteger a mexicanos en el extranjero

Senadores del PAN propieron una iniciativa para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano con el objetivo de crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, orientado a salvaguardar a los ciudadanos nacionales en el extranjero frente a guerras, desastres naturales y situaciones de extrema gravedad.

Los legisladores señalaron que México mantiene un historial relevante en asistencia consular para evitar la indefensión de los connacionales, pero advirtieron que las representaciones diplomáticas enfrentan obstáculos operativos ante eventos de alta demanda.

Por ello, el mecanismo proyectado busca otorgar al Estado una estrategia de respuesta rápida ante contextos de fuerza mayor.

 

En un comunicado publicado por el Senado se detalla que dicho mecanismo se activará en casos de detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros, riesgo de pena de muerte, violaciones al derecho internacional, conflictos armados, crisis de estabilidad política y emergencias por desastres naturales.

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El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis.

Para fundamentar la propuesta, los senadores recordaron la experiencia reciente en el extranjero al señalar que la respuesta ante el conflicto armado en Medio Oriente “dejó la impresión de que las acciones para la protección de los mexicanos en la región no fueron lo expeditas e integrales que debieron haber sido”.

Asimismo, contrastaron que, aunque no se registraron afectaciones a connacionales, otras naciones implementaron operativos de transporte aéreo inmediato para evacuar a sus poblaciones.

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La reforma facultará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para implementar el protocolo en un plazo máximo de 24 horas tras suscitarse un evento extremo. Dicho plan comprenderá evaluaciones de riesgo físico, avisos de seguridad a la comunidad, asistencia jurídica y apoyo logístico inmediato.

Adicionalmente, la norma obligará a la dependencia federal a notificar al Senado sobre la activación del protocolo dentro de las 48 horas posteriores al hecho.