Animal Político · 2 de septiembre de 2026
Tras la polémica generada por su ausencia en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aclaró los motivos de su decisión y afirmó que su asistencia habría generado “incomodidad”, tras las diferencias que ha tenido con el gobierno morenista.
La mandataria estatal explicó que su decisión respondió a una valoración sobre la convocatoria. “Uno sabe bien cuándo una invitación es por compromiso y cuándo por consideración”, señaló al respecto.
Campos atribuyó esta postura a los antecedentes recientes entre su administración y las autoridades federales. También dijo que emitió un posicionamiento es para aclarar versiones, debido a que fue la única mandataria estatal que no asistió al informe de gobierno.

Foto: Cuartoscuro
La gobernadora del Partido Acción Nacional (PAN) ha marcado distancia con la administración de Sheinbaum desde abril de este año, tras la disputa entre el gobierno federal y el estatal por la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. En el operativo de seguridad, fallecieron dos de los agentes estadounidenses que no tenían autorización para operar en México.
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“Después de las acusaciones que se han formulado en mi contra, después de la ofensiva que se emprendió por cumplir con mis responsabilidades de gobierno, no me pude sentir invitada por consideración”, apuntó en un pronunciamiento oficial.
Asimismo, indicó que su ausencia obedeció a una postura de prudencia institucional. “Y sí, efectivamente, en acto de prudencia, por consideración a la propia presidenta incluso, decidí no asistir y atender agenda aquí en el estado. A muchos mi presencia iba a resultar incómoda”.
La titular del Ejecutivo estatal también criticó el clima político actual al mencionar que a causa de la polarización que se siembra desde el poder, “no podemos esperar actos auténticamente republicanos”.
Pese a su ausencia, la gobernadora reiteró su disposición de colaboración con el Gobierno Federal.
El 19 de abril se dio a conocer que dos supuestos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente cuando regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos; sin embargo, los diarios The Washington Post y The New York Times dieron a conocer que en realidad se trataba de agentes de la CIA.
Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno “no estaba enterado” de un operativo realizado entre Chihuahua y autoridades de Estados Unidos, por lo que se revisaría si estaba autorizado y si esto no implicaba una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

En ese momento, la mandataria federal insistió en que en su administración no hay operaciones conjuntas de combate al narcotráfico con agentes del gobierno de Estados Unidos, pues, dijo, solamente se colabora con intercambio de información.
Para investigar el caso, el gobierno de Chihuahua creó una Unidad Especializada quienes, en su informe, detallaron que la presencia de agentes estadounidenses tampoco fue reportada a mandos de la Fiscalía del Estado y que hay posibilidad de una colaboración de carácter extraoficial.
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Tras el anuncio, César Jáuregui renunció como fiscal general de justicia de Chihuahua.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecer a cerca de 50 personas por su participación en el operativo. Ulises Lara López, vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, detalló que se emitieron requerimientos legales a distintas autoridades para verificar la existencia y el estatus de las acreditaciones de seguridad de los agentes extranjeros que fallecieron.
A la par, Maru Campos prohibió a las personas servidoras públicas de la administración estatal establecer mecanismos directos de cooperación con agentes extranjeros sin autorización expresa del Gobierno federal.
Sin embargo, también ha acusado de trato desigual, pues dice que, mientras ella recibe críticas por el caso, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, se le protege.
Ante la polémica, Morena ha solicitado el desafuero de la gobernadora Maru Campos y el inicio de un juicio político; mientras que su partido, el PAN, ha mantenido el respaldo hacia la mandataria.