Redacción Animal Político · 20 de junio de 2026
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, rechazó que el gobierno federal ofreciera los 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para desinstalar su plantón que mantuvieron durante semanas en calles del Centro Histórico en la Ciudad de México.
En entrevista con medios, el funcionario federal dijo que el monto mencionado está destinado a combatir el rezago educativo en varias entidades y no forma parte de acuerdos para retirar las protestas de la capital.
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“Ahí siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo. ¿A dónde se van esos recursos? Pues precisamente a estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero y son principalmente para atender movimientos de maestros”, declaró.

Explicó que dichos recursos permiten crear plazas docentes o asignar horas adicionales cuando las necesidades del servicio educativo así lo requieren.
“Donde hacen falta maestros, se crean plazas; donde hacen falta horas, se crean horas para atender el rezago educativo”, afirmó.
El titular de la SEP reiteró que el dinero no fue ofrecido como condición para levantar el plantón que mantuvo en el Zócalo capitalino.
“No, no, no. Eso no es la primera vez que ocurre; ya se ha hecho con anterioridad. Se hace un trabajo de diagnóstico serio y a partir de la necesidad es por niveles educativos. Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad”, indicó.
Añadió que la asignación de plazas y recursos se determina a partir de las necesidades del servicio educativo en cada entidad y no de una negociación exclusiva con la CNTE.
“No solo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato. Se hace un diagnóstico estado por estado y se van atendiendo”, explicó.
Detalló que el sistema educativo enfrenta de manera constante movimientos de personal derivados de jubilaciones, cambios de adscripción, vacantes y otras incidencias que obligan a llevar a cabo ajustes permanentes en la plantilla docente.
“Siempre hay muchas necesidades. Hay maestros que quieren cambiarse de lugar, escuelas que, por ejemplo, cuando maestros se jubilan, hay que reponerlos”, comentó.
El secretario destacó la dimensión del sistema educativo para ilustrar la complejidad de estas tareas.
“La incidencia educativa es muy grande. Estamos hablando de más de un millón de maestros en todo el país, en básica más de 200 mil escuelas. Entonces, todas esas incidencias son atendidas”, señaló.
Mario Delgado reforzó esta postura horas más tarde mediante un comunicado difundido la noche de este sábado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que sostuvo que los recursos acordados con autoridades educativas y representaciones magisteriales de distintas entidades tienen como propósito atender el rezago educativo y garantizar la continuidad de los servicios escolares.
El titular de la SEP subrayó que los fondos no están destinados a organizaciones sindicales ni son entregados a dirigentes magisteriales, sino que se canalizan directamente al fortalecimiento de las escuelas públicas y a la atención de incidencias laborales del personal educativo.
“Ni un solo peso pasa por los líderes ni dirigencias. Su destino es atender contrataciones, recontrataciones, recategorizaciones, basificaciones, compactación de horas y otras incidencias propias de la operación educativa en cada entidad federativa”, señaló.
Delgado explicó que los acuerdos alcanzados con entidades como Oaxaca, Chiapas y Zacatecas dan continuidad a programas y esquemas de apoyo que ya operaban desde el año anterior, con el objetivo de atender necesidades prioritarias del sistema educativo y brindar certeza laboral al personal docente, sin otorgar privilegios o prerrogativas especiales.
Asimismo, indicó que los recursos provienen de una combinación de aportaciones federales y estatales que se definen a lo largo del año a partir de diagnósticos ocupacionales y educativos. Según explicó, estos análisis permiten identificar con precisión dónde hacen falta maestros, escuelas o servicios educativos, especialmente en las zonas con mayores carencias.
El secretario añadió que existen solicitudes de grupos magisteriales de otras entidades que también serán revisadas conforme a criterios técnicos, jurídicos y presupuestales. Aseguró que cada planteamiento será evaluado de manera responsable, con el objetivo de fortalecer la educación pública y avanzar en la justicia laboral para el personal educativo.
Por su parte, líderes magisteriales aseguraron que su movimiento no concluye y advirtieron que regresarán a la Ciudad de México para continuar la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa, aunque no señalaron cuándo.

El secretario general de la Sección 7 de Chiapas, Israel González Vázquez, reconoció que el movimiento no logró alcanzar su principal objetivo.
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“Venimos por la abrogación, pero no se alcanzó el objetivo. Hay que aceptarlo así y no porque no hayamos puesto todo de nuestra parte”, afirmó.
El dirigente indicó que el gobierno federal no presentó una ruta para eliminar las reformas demandadas por el magisterio y acusó que existe un compromiso con los intereses empresariales y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
“En esta etapa se observa que el gobierno federal decide estar del lado de los empresarios y de las afores porque no propusieron ninguna ruta para abrogación”, comentó.
González Vázquez insistió en que la lucha magisterial continuará bajo una nueva estrategia de organización.