Jorge Avila · 10 de septiembre de 2026
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, mensajes en sus redes sociales y una entrevista con la periodista Ale Salazar, Luis Fernando Salazar Fernández abordó la polémica generada por sus recientes declaraciones contra el comunicador de Televisa. El legislador reconoció que su expresión fue incorrecta al no explicar a qué se refería en ese momento. “Entiendo perfectamente que una frase como esa, dicha sin ningún contexto, puede interpretarse de una manera muy distinta a lo que yo tenía en mente”. Argumentó que asume la responsabilidad de sus palabras.
El origen del conflicto justificó Salazar, se debió a su intención de defender a la senadora Julieta Ramírez (aspirante a gobernadora de Baja California por Morena) ante un trabajo periodístico que calificó de carecer de información suficientemente acreditada. Según el legislador, el reportaje presentó un documento con “inconsistencias importantes” para lanzar señalamientos sumamente delicados, como presuntos vínculos con el crimen organizado o vulneraciones a la soberanía nacional.
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“Acusar públicamente a una persona de tener relaciones con el crimen organizado (…) no es un señalamiento menor: afecta reputaciones, familias y entornos completos, y por eso creo que exige información sólida y plenamente verificada”, puntualizó.
En su mensaje, Salazar subrayó que acudirá a las instancias legales cuando se afecte la reputación de una persona es su manera habitual de actuar. Como precedente, recordó que hace unas semanas presentó una denuncia penal y una demanda civil en Coahuila contra un medio digital que lo señaló sin pruebas de nexos con el crimen organizado.
A través de sus redes sociales, el legislador reiteró que su postura fue en contra de lo que llamó un “hostigamiento sistemático” hacia la senadora Ramírez. En contraste refrendó su respeto a la libertad de expresión y al periodismo, e insistió en marcar un límite: “Las acusaciones falsas no deben ser confundidas con el ejercicio periodístico. El debate público debe basarse en la verdad y no en la difamación”.
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Finalmente, Salazar defendió que ejercer acciones legales por daño moral es “una medida necesaria, justificada y compatible con el Estado de derecho”, dando por concluido, para él, el tema mediático para concentrarse nuevamente en su trabajo legislativo, argumentó.
