Alfredo Maza · 2 de julio de 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2026, los cuales revelan una marcada disparidad entre la carga de trabajo y los recursos asignados a los distintos órganos de justicia agraria en el país.
Mientras los tribunales de primera instancia enfrentaron recortes financieros de 9.8%, su productividad aumentó. En contraste, la máxima autoridad agraria recibió un incremento presupuestal de 29.3%, pero registró una caída en el número de expedientes resueltos.
Las estadísticas también revelan que la sucesión de derechos o la herencia de la tierra son los temas más recurrentes en las sentencias emitidas. Y que, en su mayoría, el estancamiento de los fallos se debe a que gran parte de las decisiones definitivas enfrentan impugnaciones de los ciudadanos mediante juicios de amparo.

A pesar de contar con menos recursos, los Tribunales Unitarios Agrarios, que son los que atienden directamente a los ciudadanos en todo el país, reportaron que los asuntos que recibieron aumentaron 4.9 % y los asuntos concluidos se incrementaron en un 4.5 %, cerrando el año con 51 mil 189 casos terminados.
Además, estos tribunales emitieron 55 mil 26 resoluciones, 5.6 % más que en 2024.
Por el contrario, las cifras del Tribunal Superior Agrario (TSA), cuyo trabajo se concentra principalmente en revisar las decisiones que toman los tribunales de primera instancia, muestran un panorama distinto.
Aunque su presupuesto creció significativamente, el INEGI señala que “los asuntos resueltos/concluidos disminuyeron 5.8 %” durante el mismo periodo.
“El Tribunal Superior Agrario resolvió mil 143 asuntos. De estos, 58.6% correspondió a recursos de revisión”, detalla el documento.
Al analizar estos 670 recursos de revisión o “quejas” resueltos por el Tribunal Superior, la estadística indica que en el 70.9 % de los casos la revisión fue declarada procedente. De ese universo procedente, la máxima autoridad agraria determinó que “en 31.2% se confirmó la sentencia, en 42.7% se revocó y en 26.1% se modificó”.
Al observar qué tipo de problemas llevan los campesinos y ejidatarios ante los jueces, los datos muestran que los conflictos territoriales han sido superados por las disputas por herencias.
El censo detalla que “en las resoluciones dictadas, las materias más frecuentes fueron sucesión de derechos agrarios, con 14 mil 565 resoluciones; controversias en materia agraria, con 9 mil 998; y juicios de nulidad, con 4 mil 539”.

Esto refleja que el relevo generacional es la principal carga de trabajo en la justicia agraria actual.
A pesar del volumen de resoluciones emitidas por los tribunales locales, la conclusión definitiva de los conflictos suele alargarse debido a que las sentencias son impugnadas frecuentemente a través de otras vías legales.
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El reporte del INEGI constata este estancamiento procesal al documentar que, “al cierre de 2025, los TUA tenían en existencia 11 mil 753 sentencias definitivas. De estas, 7 mil 108 (60.5 %) se encontraban impugnadas por juicio de amparo”.
Es decir, seis de cada 10 resoluciones que debían poner fin a un conflicto agrario se encontraban paralizadas a la espera de que un juez federal de amparo emitiera una nueva determinación.