Redacción Animal Político · 2 de mayo de 2023
Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dejará la cárcel luego de haber sido detenido el pasado 25 de abril, por su presunta relación con el desfalco de 142 millones 440 mil pesos cometidos en contra de la dependencia.
Un juez resolvió que no hay elementos para vincularlo a proceso por el supuesto desfalco y ordenó su liberación.
El 30 de junio de 2020, René Gavira renunció a la dirección de Finanzas de la institución y asumió el cargo Jesús Óscar Navarro Gárate, quien fue el encargado de las gestiones que se siguieron en el caso de Segalmex.
Este funcionario declaró que, al tener conocimiento de las inversiones bursátiles ilegales, avisó a la Unidad Jurídica y contactó a CI Casa de Bolsa para tramitar la recuperación de los 950 millones de pesos.
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Pese a ello, fue hasta marzo de 2021 que el titular de Selgamex, Ignacio Ovalle, giró instrucciones para dar marcha atrás a la compra de certificados y recuperar los recursos públicos comprometidos.
Un mes después, el 16 de abril, ordenó que se presentara una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, durante la continuación de la audiencia inicial que se llevó a cabo en Almoloya de Juárez, el juez Gregorio Salazar Hernández dictó el auto de no vinculación a proceso también para Carlos Norberto Valero Flores, exsubdirector de Aseguramiento de la Calidad de Liconsa, y Enrique Zamorano Solís, subgerente en la misma empresa, ordenándose su inmediata libertad.
El único vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue Édgar N., socio y representante legal de la empresa Grupo Vicente Suárez 73 S.A., a quien se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
A casi cuatro años de la creación de Segalmex, que nació con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a la alimentación, 9 mil 500 millones de pesos han desaparecido sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Ovalle autorizó el uso de los 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, según consta en documentos oficiales que fueron firmados por él.
Esta situación ha provocado que diversas instituciones hayan elaborado 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, realizado 84 actos de fiscalización y presentado 40 denuncias penales.
De acuerdo con la FGR, todos los presuntos responsables del fraude celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar que se utilizarían en beneficio de la población más vulnerables del país. Sin embargo, nunca pudieron probar su entrega.