Redacción Animal Político · 10 de noviembre de 2025
Jueces y magistrados en retiro convocaron a una marcha el próximo 12 de noviembre, en Ciudad de México, para exigir el pago de sus indemnizaciones.
Las y los manifestantes saldrán a partir de las 9:00 horas, del Órgano de Administración Judicial, hacia el edificio del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en Insurgentes Sur.
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En un comunicado, el colectivo de personas juzgadoras federales en retiro, indicó que el motivo de la movilización es exigir el pago de la indemnización que la Constitución reconoce a quienes concluyeron su cargo sin haber sido electos en la reciente elección judicial o que decidieron no participar en ella.

El reclamo central es el cumplimiento del artículo Décimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional (15 de septiembre de 2024), que reconoce el derecho a una compensación de tres meses de salario integrado, más 20 días por año de servicio.
De acuerdo con el colectivo, dicho transitorio dispuso que los recursos provinieran de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, pero la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo informó en mayo de 2025 que “no se cuenta con recursos” para cubrir las indemnizaciones.
Jueces y magistrados afectados aseguran que los recursos existen y están bajo control de la Secretaría de Hacienda, por lo que el cumplimiento del mandato constitucional depende únicamente “de voluntad política”.
Para el colectivo, la omisión en el pago de sus indemnizaciones constituye un incumplimiento directo de disposiciones constitucionales, por lo que demandan una respuesta inmediata del Estado mexicano.

En un comunicado emitido el 10 de noviembre, el Órgano de Administración Judicial informó que el pago único extraordinario dirigido a juezas, jueces, magistradas y magistrados —establecido en el artículo Décimo Transitorio— se realizará el próximo 10 de diciembre de 2025, en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en su sede ubicada en avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México.
El OAJ aseguró que cumplirá con todas las prestaciones de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, así como con los pagos de fin de año, incluidos el aguinaldo, estímulos por antigüedad, bono, despensa, ayuda al personal operativo y prima vacacional.
El órgano administrativo, que asumió funciones el 1 de septiembre de 2025, señaló que ha cumplido con la mayoría de sus obligaciones con el personal judicial y que el pago de la compensación a jueces y magistrados en retiro se hará conforme a los tiempos programados.
Desde el pasado 1 de octubre, diversas personas juzgadoras federales en retiro se manifestaron para exigir el pago inmediato de sus pensiones, mismas que fueron recibidos por Néstor Vargas, presidente del OAJ, quien les aseguró que ya estaban en diálogos con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar el pago de las indemnizaciones y las pensiones complementarias.
En el artículo décimo transitorio del decreto de reforma judicial expedido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador quedó establecido que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serían respetados en su totalidad.
“Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables”, señala.
Además, se estableció que las y los jueces y magistrados federales que concluyeran su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo serían acreedoras al “pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho”.
Esta indemnización sería cubierta con los recursos federales producto de la extinción de los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos del Poder Judicial de la Federación que fueron eliminados tras la aprobación de la reforma judicial.