Jueces y magistrados califican como “fracaso operativo” el aplazamiento de elección judicial

Jueces y magistrados federales se pronunciaron en contra de la reciente iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca aplazar la elección judicial al 4 de junio de 2028 y realizar ajustes al proceso de selección de juzgadores por voto popular.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) señaló que llevar la elección judicial al 2028 representa “la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original”.

El posicionamiento de la Jufed ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la elección judicial, propuesta que surgió de un análisis realizado por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia.

“Me sugirió que era importante mover la elección al 28, dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27 y que, además, hay que hacer algunos ajustes”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

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Jufed señala “intentos cosméticos”

Desde que se propuso la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Jufed y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) organizaron un paro nacional y diversas manifestaciones para oponerse a esta medida, denunciando que se trataba de una reforma que no solucionaba los problemas de fondo en la justicia mexicana.

Para la Jufed, las medidas planteadas actualmente tampoco resuelven los problemas estructurales. La asociación afirmó textualmente que “posponer la elección de 2027 a 2028 no resuelve la crisis de legitimidad ni el colapso logístico; solo prolonga la agonía de un sistema de justicia bajo asedio”.

Sobre la reducción de aspirantes y el rediseño de las boletas, la asociación las calificó como “intentos cosméticos que no eliminan la contaminación partidista ni garantizan el perfil técnico de las y los juzgadores”.

Asimismo, indicaron que la creación de la comisión coordinadora es una prueba de que los comités de evaluación de 2025 “carecieron de la metodología técnica necesaria”.

Defensa de derechos laborales y críticas a la capacitación 

La Jufed también advirtió que el aplazamiento genera incertidumbre y afecta los planes de vida de los juzgadores que planeaban concluir su ciclo profesional en 2027. 

Denunciaron la existencia de hostigamiento administrativo para forzar renuncias y exigieron que se permita la salida voluntaria con el pago inmediato de prestaciones, pidiendo a las autoridades dejar “ir con dignidad a quienes ya no desean formar parte de este nuevo sistema”.

Por ello, demandan que, después de 2025, las elecciones no impliquen despidos masivos, sino que se limiten “exclusivamente a las vacantes reales generadas por causas naturales (renuncia, jubilación o fallecimiento)”.

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En cuanto a la capacitación permanente propuesta en la reforma, la Jufed consideró contradictorio obligar a tomar cursos a personas con décadas de experiencia jurisdiccional mientras, de forma simultánea, “se permite la llegada de perfiles sin experiencia mediante el voto popular”. 

Finalmente, la asociación propuso que los miles de millones de pesos contemplados para el proceso electoral de 2028 se redistribuyan a “crear juzgados nuevos, mejorar la defensoría pública o fortalecer la infraestructura judicial en beneficio de la ciudadanía”.

¿Qué plantea la nueva reforma judicial de Sheinbaum? 

La iniciativa, presentada en Palacio Nacional, contempla mover la jornada electoral de 2027 al domingo 4 de junio de 2028 a nivel federal y local. 

Sin embargo, además de cambiar la fecha, la propuesta incluye la reducción de candidaturas en las boletas, pasando, por ejemplo, de 81 a 54 aspirantes para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de 45 a 30 para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

También plantea simplificar la boleta electoral, crear una comisión coordinadora para unificar las evaluaciones de los aspirantes e implementar programas de capacitación permanente y obligatoria para todos los jueces y magistrados.