Inhabilitan a trabajador del Poder Judicial por tres años; robó quincena de compañero
Redacción Animal Político · 21 de mayo de 2026
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó por tres años a un coordinador técnico administrativo que presuntamente sustrajo el dinero de la quincena de un servidor público del Centro de Justicia Penal Federal de Morelia, Michoacán.
En un comunicado, el Tribunal detalló que el servidor público realizó, por vía electrónica, el cambio de la CLABE interbancaria de un compañero para sustraer el pago de su quincena. Posteriormente trianguló el dinero a través de cuentas bancarias de terceras personas.
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El 7 de abril de 2025 se inició procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del implicado.
Posteriormente, en sesión ordinaria el pasado 19 de mayo de 2026, la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial resolvió fundado el procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria e impuso como sanción la inhabilitación por tres años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.
El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, reiteró que quien abuse de sus funciones o traicione la función pública en el Poder Judicial de la Federación será sancionado conforme a la ley, ya que la disciplina no es negociable y la Comisión actuará con toda la fuerza institucional para erradicar este tipo de conductas.
El Tribunal de Disciplina Judicial es el nuevo órgano encargado de investigar y sancionar a jueces, magistrados y todo el personal que labore en el Poder Judicial señalado por cometer presuntas irregularidades.
Se trata de uno de los puestos de más alto rango que tiene la nueva integración del Poder Judicial, pues los magistrados del Tribunal de Disciplina podrán no solo conocer, investigar, sustanciar y sancionar a jueces y magistrados del país, sino incluso a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La reforma judicial incluso establece que estos nuevos magistrados podrán ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración judicial o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia.