El INE interpone segunda controversia constitucional contra el “plan B”
Redacción Animal Político · 9 de marzo de 2023
El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso esta mañana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda controversia constitucional en contra de las reformas electorales conocidas como “plan B”, al considerar que éste contiene un alud de inconstitucionalidades, tanto en el procedimiento legislativo como en sus contenidos.
El recurso de más de 400 hojas está firmado por el secretario ejecutivo en funciones, Roberto Heycher Cardiel, en ausencia de Edmundo Jacobo, quien fue cesado del cargo horas antes de la entrada en vigor del “plan B”, por un transitorio que ordenaba su destitución al momento de la publicación de las reformas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este cese es uno de los actos impugnados por el INE, que considera que el artículo 17 transitorio del decreto es violatorio de la Constitución, que prohíbe las leyes privativas; es decir, que se legisle en contra de una persona en específico.
En su recurso, el INE está demandando a la Corte que se suspendan los efectos de dicho artículo transitorio, para que Edmundo Jacobo pueda regresar al cargo para el que fue reelecto en 2020, para un periodo que concluye hasta 2026.
En una primera controversia, interpuesta el pasado 1 de febrero, el INE impugnó las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que integran el primer decreto del “plan B”. El 1 de marzo, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió esta controversia y dio un plazo de 30 días al gobierno federal y el Congreso para que presenten su respuesta.
En la segunda controversia, presentada este jueves, son cuatro las leyes que se reformaron y que están siendo impugnadas por la autoridad electoral: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Entre las diversas inconstitucionalidades señaladas destacan, entre otras: 1) se vulnera la autonomía que el artículo 41 le otorga al INE, al obligarlo a reestructurarse y a cesar a su secretario ejecutivo; 2) se rompe con el principio de profesionalización, al sustituirse las 300 juntas distritales por “órganos auxiliares” no permanentes en los que habrá una sola persona en lugar de los cinco vocales que se contemplan en la ley vigente; 3) se quiebra el mandato constitucional de distinguir entre órganos ejecutivos y órganos de dirección, al obligarse la creación de una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros electorales; 4) al eliminarse áreas como la Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se vulnera el mandato constitucional de que el INE cuente con órganos de carácter técnico para cumplir con sus atribuciones, y 5) se contravienen los principios constitucionales de certeza y no discriminación al cambiar los tiempos y métodos para la capacitación de personas integrantes de mesas directivas de casilla.
Desde el pasado 25 de enero, el Consejo General del INE ordenó a su secretario ejecutivo recurrir a todas las vías jurídicas para combatir en tribunales el “plan B” y sus efectos perniciosos sobre el funcionamiento actual del sistema electoral.
Esta controversia se ingresa a la SCJN justo una semana después de que el Poder Ejecutivo publicara el segundo paquete de reformas del “plan B” y cuando faltan escasos 24 días para que cuatro consejeros (Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela) concluyan su encargo de nueve años.