INE instala comisión para verificar posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas como comisión permanente del Consejo General, órgano que se encargará de revisar si existen posibles vínculos de aspirantes y candidatos con el crimen organizado.

También se aprobaron los lineamientos para la coordinación interinstitucional y el procedimiento de verificación de las personas aspirantes al Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027, informó el INE.

La creación de esta instancia da cumplimiento al artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas. El grupo de trabajo quedó integrado por la consejera Norma De La Cruz Magaña y por los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López, quien fungirá como presidente.

 

Durante la sesión se determinó que el organismo podrá investigar y realizar peticiones directas a las fiscalías estatales y que el proceso comprenderá tanto a las y los candidatos propietarios como a los suplentes desde la etapa de precandidaturas hasta las postulaciones definitivas.

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Para el desarrollo de sus funciones, la comisión mantendrá un diálogo permanente con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Al respecto, el consejero presidente de la comisión señaló que el objetivo principal es prevenir riesgos de infiltración delictiva en los comicios.

“La delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”, dijo.

Asimismo, añadió que frenar la infiltración de la delincuencia organizada significa frenar la violencia política, la corrupción “y apostar por que la gobernanza democrática de un país debe mantener la paz y los procesos electorales apegados a la legalidad, la transparencia y la integridad”.

 

El consejero aclaró que la participación en la revisión será voluntaria tanto para las personas como para los partidos políticos, y que prevalecerán en todo momento la presunción de inocencia y la confidencialidad.

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Puntualizó que los datos proporcionados no constituirán declaraciones de elegibilidad, no afectarán los derechos político-electorales y tendrán uso exclusivo conforme a la ley.

Finalmente, en caso de detectarse un riesgo razonable, “la decisión final de mantener las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y candidatos independientes”.