INE aprueba solicitar auditoría urgente a la gestión de Taddei
Edgar Ledesma · 5 de noviembre de 2026
El Consejo General del INE aprobó por unanimidad este jueves 5 de noviembre solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de compras, arrendamientos y sus servicios que abarque el periodo 2016-2026, tras los señalamientos de presunta corrupción y posibles conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei.
El acuerdo aprobado contempla solicitar a la ASF “un ejercicio emergente de fiscalización de la función y el desempeño de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Nacional Electoral y la intervención de autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones”.
La solicitud forma parte de un conjunto de medidas para revisar las contrataciones y reforzar los controles administrativos tras la renuncia de Taddei, entre ellas elaborar un inventario de adquisiciones, revisar el padrón de proveedores y analizar la viabilidad de auditorías externas, que podrían realizar organismos privados.
La consejera Carla Humphrey, quien impulsó la propuesta, explicó que la revisión debe permitir conocer qué compró el INE, cuánto pagó, quién recibió los contratos y si los proveedores entregaron los bienes y servicios en las condiciones pactadas.
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“Por eso la revisión que solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación debe seguir el recorrido completo del gasto, desde la necesidad que origina una compra, desde su costo hasta su entrega, su pago y su utilidad”, sostuvo.
La consejera señaló que también deberá aclararse qué hizo el instituto ante retrasos, entregas incompletas o servicios deficientes, además de dar seguimiento a las observaciones de auditorías anteriores para identificar cuáles fueron solventadas y cuáles requieren la intervención de otras autoridades.
“Reitero mi alegato de siempre, necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”, expresó.
La ASF definirá el alcance de la auditoría
En un boletín posterior a la sesión, el INE informó que la solicitud comprenderá el periodo 2016-2026, por lo que abarcaría contrataciones anteriores a la presidencia de Taddei, además de las realizadas durante su gestión.
La temporalidad generó cuestionamientos de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyos representantes pidieron justificar la propuesta de revisar diez años y advirtieron que las investigaciones debían esclarecer los hechos denunciados.
Durante la votación se incorporó una modificación del consejero Arturo Castillo para que el periodo corresponda al límite legal de las atribuciones de investigación y sanción de la autoridad, aunque el comunicado mantuvo la referencia a 2016-2026.
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El propio boletín precisó que corresponderá exclusivamente a la ASF determinar “el alcance, la muestra, los procedimientos y las modalidades de fiscalización” que resulten procedentes, mientras que el INE deberá colaborar con las autoridades y entregar oportunamente la información requerida.
Resguardarán documentos y recibirán denuncias anónimas
Las medidas incluyen preservar de inmediato la documentación física y electrónica vinculada con las contrataciones, así como habilitar un buzón anónimo para que el personal aporte información sobre posibles irregularidades, con protección para quienes denuncien.
Humphrey aclaró que este mecanismo será distinto del habilitado previamente para atender casos de acoso sexual y laboral, pues busca recabar información que permita fortalecer las investigaciones y, en su caso, ampliar las denuncias ante las autoridades competentes.
Castillo explicó que también se ordenará un diagnóstico de riesgos de corrupción y fallas de control, además de considerar de manera permanente la participación de testigos sociales en las contrataciones.
“Mientras más ojos, mientras más transparencia, menos incentivos a la corrupción”, afirmó.
El Consejo avaló además elaborar un Plan de Acción Crítico para asegurar las contrataciones necesarias para organizar las elecciones de 2027, con medidas que permitan mantener las actividades del instituto si alguno de los contratos revisados compromete su desarrollo.
La Secretaría Ejecutiva deberá presentar informes periódicos sobre los avances, mientras que el acuerdo contempla presentar las denuncias administrativas y penales que resulten procedentes.
Humphrey sostuvo que el instituto debe abrir sus archivos y colaborar plenamente con las investigaciones, aunque subrayó que cualquier responsabilidad deberá demostrarse.
“Toda responsabilidad deberá acreditarse con pruebas y mediante el procedimiento correspondiente, respetando los derechos de las personas involucradas como el debido proceso”, expresó.