Caso Guardería ABC vuelve a la Corte; discutirá si prescribe acción penal contra exfuncionario
Alfredo Maza · 16 de junio de 2026
El caso de la Guardería ABC, la tragedia en la que fallecieron 49 niñas y niños tras un incendio en Hermosillo, Sonora, regresa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A 17 años de la tragedia y 16 de su resolución histórica, los ministros analizarán la responsabilidad penal de uno de los exfuncionarios involucrados en lo que la propia Corte identificó como una violación grave a los derechos humanos.
Las ministras y ministros discutirán este miércoles si prescribió o no la responsabilidad penal de Sergio Antonio Salazar Salazar, exfuncionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El exservidor público fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas, bajo la modalidad de comisión por omisión.
Caso Guardería ABC: ¿qué ocurrió en Hermosillo?
El caso de la Guardería ABC se remonta al 5 de junio de 2009, cuando se originó un incendio en una bodega utilizada por la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora, en Hermosillo. La tragedia ocurrió durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El fuego se propagó a una instalación contigua que albergaba la Guardería ABC, perteneciente al esquema de guarderías vecinales comunitarias del IMSS. En la tragedia murieron 49 niñas y niños de entre tres meses y cuatro años de edad, mientras que decenas de personas resultaron con lesiones severas por quemaduras e intoxicación.
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Considerada la peor tragedia infantil en la historia reciente de México, el incendio de la Guardería ABC expuso una red de omisiones de las autoridades federales y estatales, además de presunto tráfico de influencias.
El siniestro también evidenció la incapacidad institucional para proteger a los menores de edad. Las fallas incluyeron una deficiente prestación del servicio, nula vigilancia operativa y negligencia crítica en materia de protección civil.
Muerte de 49 niñas y niños, una violación grave a derechos humanos: SCJN
En 2010, la SCJN resolvió la Facultad de Investigación 1/2009, en la que concluyó que en la Guardería ABC se cometieron violaciones graves a las garantías individuales de las víctimas y sus familias provocadas por omisiones en los tres niveles de gobierno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 49/2009, también documentó acciones y omisiones institucionales que violaron derechos fundamentales, bajo la tolerancia o anuencia de servidores públicos.
Fue así que un juez de control vinculó a proceso a Sergio Antonio Salazar Salazar, extitular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS entre febrero de 2007 y junio de 2009, y determinó que la acción penal de estos delitos no podía prescribir debido a que las víctimas eran menores de edad.
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En respuesta, el exfuncionario del IMSS promovió un juicio de amparo bajo el argumento de que el término para ejercer la acción penal ya había prescrito, señalando que la regla de no prescripción debería aplicar únicamente a delitos dolosos y no a los de naturaleza culposa.
Tras la negativa de un juzgado de distrito para otorgar el amparo, la defensa de Sergio Antonio Salazar Salazar presentó un recurso de revisión. Posteriormente, un tribunal colegiado solicitó a la SCJN atraer el asunto por su importancia y trascendencia.
La propuesta de la ministra Loretta Ortiz sobre la imprescriptibilidad
Al llegar el asunto a la Corte, el expediente del amparo en revisión 648/2024 fue turnado a la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien propone que la acción penal en contra de Salazar Salazar no prescriba, sin importar si la conducta se clasifica como dolosa o culposa.
La propuesta de la ministra se sustenta en el derecho internacional y la legislación nacional, además de la resolución histórica de la Suprema Corte que catalogó los hechos ocurridos en la Guardería ABC como una violación grave a los derechos humanos.
La ministra fundamentó su propuesta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece que no puede declararse la caducidad en perjuicio de menores, priorizando el interés superior de la niñez y su derecho a la verdad.
De aprobarse la propuesta este miércoles, el expediente sería devuelto al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, autoridad que deberá emitir su fallo final sobre los recursos de revisión acatando los lineamientos establecidos por la SCJN en esta resolución.