Morena declara tregua con el Poder Judicial tras apertura al diálogo por fideicomisos para Otis
Gabriela Soto · 1 de noviembre de 2023
Lo que se perfilaba para ser una guerra por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024 en la Cámara de diputados, en medio de la crisis que dejó el huracán Otis en su paso por Guerrero, terminó en una tregua entre el Poder Judicial, el poder Ejecutivo y los diputados de Morena.
La mañana del martes 31, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó un acuerdo al Poder Judicial Federación para que los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos, que fueron eliminados por el Congreso y quedarían extintos en 120 días tras la respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación, —lo que ocurrió el pasado 27 de octubre—, sean destinados para la reconstrucción y los damnificados de Acapulco tras el huracán Otis.
Paralelamente, sin tocar las obras prioritarias, el grupo parlamentario de Morena propuso analizar un recorte presupuestal de 27 mil millones de pesos a órganos autónomos para el próximo año, como parte de la discusión del presupuesto, para que fueran canalizados a atender la emergencia.
En tanto, Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, acudió a la Cámara de Diputados para presentar una iniciativa de ley que permita destinar 50 mil millones de pesos a la reconstrucción de Acapulco y comunidades aledañas.
La propuesta de la senadora, respaldada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Frente Amplio, consiste en crear la Ley de Emergencia, Reestructuración y Reactivación Económica para el país, que inyectaría 50 mil millones de pesos, de forma inmediata, a Acapulco.
Aunque no mencionaron cómo se obtendrían los fondos, la propuesta legislativa prevé la implementación de un seguro de desempleo para la población afectada; condonación de impuestos a concesionarias de transporte y empresas en el pago de nómina; evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenda el servicio de energía eléctrica y promover esquemas de prórroga de pagos a las personas con crédito a la vivienda.
Mier descalificó la iniciativa de ley presentada por Gálvez al considerar que es inviable y carece de sustento jurídico.
“¿Por qué 50 mil (millones de pesos) ?, ¿por qué no menos?, ¿cuáles serían los mecanismos?, ¿cuál sería el fondo y cómo se constituiría?, ¿cuáles serían, conforme a la Ley de Ingresos, los mecanismos para financiar y darle disponibilidad presupuestal?”, cuestionó el morenista.
Por su parte, Gálvez advirtió que los amparos promovidos por los trabajadores afectados con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial serían un obstáculo legal para disponer de dichos recursos para atender la emergencia.
A las 3 de la tarde, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, difundió un comunicado en el que aceptó analizar la propuesta del presidente de destinar a los damnificados del huracán Otis los 15 mil millones de pesos provenientes de los 13 fideicomisos extintos del Poder Judicial.
La respuesta de la ministra Piña sucedió poco después de que Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dijera que se requería de la voluntad política del Poder Judicial para la transferencia de los recursos a la Tesorería de la Federación y, posteriormente, su reasignación a un fondo para la reconstrucción de Guerrero.
“De ser el caso y que lo acepte el Poder Judicial, que en el proceso de extinción se pueda definir el destino de esos recursos a través de lo que se ha denominado por parte de la Presidencia de la República, un fondo para la reconstrucción”, dijo.
Mientras que Germán Martínez, senador del Grupo Plural, reprochaba un acuerdo “inadmisible” entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para darle un uso distinto a los fideicomisos para lo que fueron creados, el diputado Nacho Mier celebró la decisión de Piña.
Tras el gesto de la ministra presidenta de la Corte, el diputado federal de Morena e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Hamlet García, dijo que la propuesta de recorte de 27 mil millones de pesos a los organismos autónomos quedaba suspendida por una “tregua”, mientras se desarrolla el diálogo con el Poder Judicial.
Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública, explicó que el recorte presupuestario alcanzaría, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Mientras todo eso ocurría, el juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, frenó mediante una suspensión provisional la desaparición de los 13 fideicomisos dentro del amparo indirecto 2341/2023.
Sin importar la suspensión del juez, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el martes por la noche, en votación económica, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para “adherirse a la propuesta de integrar un Comité compuesto por representantes de los tres poderes de la Unión, con el propósito de constituir un fondo de ayuda para atender los estragos provocados por el huracán Otis”.
“Con ello, este órgano se compromete a colaborar para que los recursos acumulados en los 13 fideicomisos, que deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación (Tesofe), se destinen a la garantía de las personas damnificadas en el estado de Guerrero”, dice el documento.
El acuerdo fue suscrito por todos los coordinadores parlamentarios, excepto Movimiento Ciudadano.