Redacción Animal Político · 8 de mayo de 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) ganó la extinción de dominio de una propiedad en la Ciudad de México de Emilio Lozoya, que habría sido adquirida durante su gestión como director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con la institución, la residencia se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo y está valuada en más de 51 millones de pesos.
Según la autoridades, el inmueble fue adquirido con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de la planta “Agronitrogenados”, propiedad de Altos Hornos de México.
“La resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo promovido por Emilio “N”, confirmó la sentencia de segunda instancia en la que se había declarado procedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en Colonia Lomas de Bezares”.

Esto se logró gracias al trabajo del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), quien interpuso el recurso de apelación.
En su comunicado, la FGR detalló que el procedimiento legal inició en 2021 cuando presentó la demanda de extinción de dominio, la cual fue resuelta en primera instancia por la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, en la que declaró que no era procedente la mencionada acción.
“Con base en la referida determinación, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de apelación, que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, con lo que se revocó dicha sentencia y se declaró procedente la acción de extinción de dominio”.

Una de las claves de la trama de corrupción por la que Emilio Lozoya Austin fue detenido en España y procesado en México por el caso Agronitrogenados giró en torno de la compra que hizo de una propiedad.
De acuerdo con los registros judiciales del caso, integrados por la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR), la residencia fue adquirida por Emilio Lozoya con los 3.4 millones de dólares que Alonso Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), le entregó a cambio de que Pemex comprara la planta chatarra conocida como Agronitrogenados.
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Se trató de una “casa y el lote del terreno que ocupa” que forman parte del conjunto habitacional Residencial La Retama, ubicado en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Tiene un valor estimado de más de 51 millones de pesos, según un dictamen pericial en materia de valuación realizado por la FGR.
Por este motivo, el 7 de marzo de 2019, la FGR inició la carpeta de investigación general por la compraventa de la planta Agronitrogenados, apenas siete días antes de que el Congreso de la Unión reformara el artículo 22 de la Constitución para añadir el delito lavado de dinero como causa para la extinción de dominio.
A pesar de lo anterior, los registros judiciales consultados por Animal Político refieren que la denuncia específica contra Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados se realizó hasta el 23 de mayo de 2019. Es decir, cuando el artículo 22 ya contemplaba el delito de lavado de dinero como supuesto para la extinción de dominio.

El 22 de septiembre de 2020 la FGR dictó el acuerdo de aseguramiento del inmueble, iniciando formalmente el procedimiento de la acción de extinción de dominio hasta el 3 de diciembre de 2020.
Más de un año después, el 15 de octubre de 2021, el Ministerio Público de la Federación presentó la demanda de extinción de dominio que fue admitida a trámite el 3 de noviembre de 2021 por la jueza de distrito Martha Espinoza Martínez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana.
Tras conocer del procedimiento, el equipo legal de Emilio Lozoya presentó su contestación a la demanda el 9 de febrero de 2022 argumentando que en la época en la que sucedieron los hechos originales el artículo 22 no contemplaba el delito de lavado de dinero como causal para la extinción de dominio.
Tomando en consideración este argumento, la jueza de primera instancia dictó sentencia el 10 de noviembre de 2023 declarando improcedente la acción de extinción de dominio de la casa de Las Lomas dándole la razón a Lozoya.
Sin embargo, la FGR interpuso una apelación, la cual fue resuelta a su favor.