“Inadmisible” que exfiscal acusado de omisiones esté en la Corte, afirma abogado de caso Digna Ochoa
Alfredo Maza · 21 de octubre de 2025
David Peña, abogado de la familia de Digna Ochoa, criticó la designación del exfiscal José Antonio Pérez Bravo, quien consiguió trabajo en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de ser acusado por presuntas omisiones y negligencia en la investigación del asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos.
“Es inadmisible que este tipo de funcionarios, señalados en una sentencia internacional por violación a los derechos humanos, ahora formen parte del ‘nuevo’, entre comillas, Poder Judicial”, señaló en entrevista.
La declaración del abogado se da luego de que Animal Político revelara que el exfiscal Pérez Bravo consiguió trabajo como secretario de Estudio y Cuenta coordinador de la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, el segundo puesto más alto de su equipo, a pesar de sus implicaciones en la investigación del asesinato de la abogada Digna Ochoa.
Un caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al país tras concluir que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en el marco de la investigación del homicidio de la defensora de derechos humanos, por lo que le ordenó realizar una investigación exhaustiva del actuar de todos los servidores involucrados en el caso, incluida la participación de Pérez Bravo, que no se ha llevado a cabo.
Abogados como Edwin Alan Piñón González, también integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. (Acción DH), señalan que es fundamental investigar a los funcionarios responsables de graves violaciones a derechos humanos, sobre todo cuando su labor es señalada por organismos internacionales.
“Uno de ellos, Pérez Bravo, debería ser sujeto de escrutinio, no premiado con un cargo en la cúpula judicial. [Una dedicación que] representa la institucionalización de la impunidad. Representa la negativa del Poder Judicial a revisar críticamente su historia. Representa la continuidad de una estructura que protege a los suyos a toda costa, aunque ello signifique revictimizar a quienes se atrevieron a denunciar, a incomodar, a poner el cuerpo por la justicia”, señala.
Acusan incumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana
La tarde del viernes 19 de octubre de 2001, la abogada Digna Ochoa y Plácido —reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad en casos con la presunta participación de agentes del Ejército y de seguridad pública—, fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la colonia Roma, Ciudad de México.
Su cuerpo tenía dos heridas de bala (calibre .22): una en la cabeza y otra en la pierna. Por esta razón, el 19 de julio de 2002, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aseguró que Digna Ochoa había cometido “suicidio disimulado”, al que se le quiere dar apariencia de homicidio, provocada por una “fuerte depresión”.
Veinte años después, el 25 de noviembre de 2021, la CoIDH dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las “graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte” de Digna Ochoa.
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“La Corte ordenó en la sentencia un punto central: investigar a las y los servidores públicos en general. Ese punto no está cumplido, porque nunca se inició una investigación en México, entre ellos una investigación a Pérez Bravo. Es decir, formalmente no está impedido para tener un cargo, pero ética y profesionalmente, claro que sí, porque ha sido señalado como parte de un equipo que violó derechos humanos, que hizo una investigación pésima y deficiente”, dice el abogado David Peña.
Por este motivo insiste en que las autoridades deben cumplir con su obligación de iniciar una investigación, aunque reconoce que en términos políticos es muy difícil que la sentencia se llegue a cumplir, porque quien estaría facultada para hacer la investigación es la actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que, a través de la fiscalía de servidores públicos, tendría que investigarse a sí misma y a los servidores públicos que estuvieron hace veinticinco años involucrados.
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Y aunque especifica que la Corte Interamericana no determina responsabilidades individuales, sino generales del estado sobre omisiones o inconsistencias, reitera que la familia de Digna Ochoa ha pedido realizar un proceso de investigación sobre la responsabilidad de cada uno de los implicados.
“Particularmente de él, de Margarita Guerra y Tejada —titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada para la investigación de los hechos relacionados con el fallecimiento de Digna Ochoa—, de Renato Sales Heredia —supuesto creador de la hipótesis del ‘suicidio simulado’ y exfiscal de Campeche— y en su momento también se solicitó de Bernardo Bátiz —entonces titular de la PGJDF y actual magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación— Hubo muchos otros funcionarios que participaron y de menor nivel, digamos, que ya les perdimos el rastro”, señala.
“El exfiscal ha sido parte del equipo de Sara Irene desde hace años”
El abogado David Peña señala que tanto él como la familia de Digna Ochoa ya presumían la llegada de Pérez Bravo a la nueva Suprema Corte, porque el exfiscal ha formado parte del equipo de Herrerías Guerra desde los años 2005 o 2006.
“Pérez Bravo se incorpora al equipo de Sara Irene porque él trabajó con su tía, que fue la última fiscal del caso de Digna, Margarita Guerra y Tejada, la que concluyó el tema del suicidio. De ahí, supongo que lo recomienda para que ingrese a trabajar con Sara Irene. O sea, ha sido parte de su equipo desde 2005 o 2006”, señala.
Además, el abogado recuerda aquel lunes 26 de abril de 2021, en el que jueces de la Corte Interamericana cuestionaron la resolución de la PGJDF sobre el supuesto suicidio de Digna Ochoa, durante un interrogatorio realizado a José Antonio Pérez Bravo, en la que fue presentado como testigo de descargo por parte del Estado mexicano.
Una audiencia en la que Pérez Bravo reconoció que los expedientes integrados por la entonces PGR —por las amenazas, secuestros y asesinato de Digna Ochoa— solo fueron utilizados como “contexto” en la indagatoria sobre su muerte, sin abundar en si las averiguaciones en la instancia federal concluyeron con la sanción de los responsables, según una nota publicada por el semanario Proceso.
“Nosotros, después, obviamente vimos la entrevista que tuvo con la Corte Interamericana, en la audiencia. Él defendía las conclusiones, precisamente, de la investigación que tuvo en sus manos Margarita Guerra, tía de la ministra”. señala.
“El nuevo Poder Judicial hay lugar para la impunidad”
El abogado Edwin Alan Piñón González, defensor de derechos humanos, también se sumó a la crítica respecto de la designación de Pérez Bravo como integrante de la ponencia de la ministra Sara Irene, al considerar que su contratación representa una “infamia institucionalizada” y una afrenta a la justicia por la presunta manipulación y obstaculización de la que es acusado el exfiscal en el caso.
“No es una decisión menor ni puede pasarse por alto. Es, en efecto, un mensaje devastador. Una afrenta al principio de justicia, un insulto a la memoria de Digna Ochoa y una señal inequívoca de que en el nuevo rostro del Poder Judicial Federal hay lugar para la impunidad, pero no para la rendición de cuentas”, señaló el también integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. (Acción DH), asociación que también acompañó el caso de Digna Ochoa.
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La crítica central de Piñón González radica en que, en lugar de ser investigado por su rol en el encubrimiento, Pérez Bravo fue “premiado” con un cargo, lo cual simboliza la institucionalización de la impunidad dentro del Poder Judicial y una traición al mandato constitucional de proteger los derechos humanos.
“La ministra Sara Irene, al incorporar a Pérez Bravo a su equipo, normaliza y legitima una conducta institucional profundamente reprobable. No solo borra de un plumazo la gravedad de las violaciones señaladas por un tribunal internacional, sino que envía un mensaje alarmante: en la nueva SCJN, haber encubierto, distorsionado y obstaculizado la investigación del asesinato de una defensora de derechos humanos no representa un impedimento; al contrario, parece ser un mérito”.