Redacción Animal Político · 29 de mayo de 2026
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito revocó la vinculación a proceso de Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, al determinar que no existen elementos suficientes para llevarlo a juicio por delincuencia organizada dentro de la causa penal 400/2020, relacionada con las acusaciones por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra.
La resolución, emitida este jueves en el expediente 8/2026, también ordenó su libertad inmediata y precisó que la decisión no implica el cierre definitivo del caso.
En su sentencia, el colegiado resolvió: “Se revoca el auto de vinculación a proceso que emitió la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en contra de Alejandro Vera Jiménez”.
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Asimismo, estableció: “Se dicta auto de no vinculación a proceso a favor del justiciable Alejandro Vera Jiménez, por el delito de delincuencia organizada (…) sin efectos de sobreseimiento”. El tribunal agregó: “Se ordena su inmediata libertad”.
Con ello, el órgano colegiado determinó que, por ahora, la Fiscalía no aportó elementos suficientes para sostener la acusación y llevar al exrector a juicio; sin embargo, señaló que el asunto no queda cerrado de forma definitiva y que la investigación podría retomarse si se presentan nuevas pruebas.
La decisión ocurre después de que, en noviembre de 2025, Vera fuera detenido tras permanecer prófugo desde 2021. Su captura fue registrada en el Registro Nacional de Detenciones y ocurrió en medio de una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, que lo acusaba de presuntamente cometer peculado por un monto de 450 millones de pesos durante su administración al frente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La autoridad sostenía entonces que el exrector había utilizado recursos públicos para fines distintos a los autorizados, ocasionando un daño patrimonial.
Esa detención se dio también en seguimiento a las indagatorias relacionadas con La Estafa Maestra, esquema en el que diversas dependencias federales —como la Sedesol, Pemex o Banorte— transferían recursos a universidades públicas bajo el argumento de contratar servicios; sin embargo, estas instituciones triangulaban el dinero hacia empresas fantasma sin que se prestaran los servicios pactados.
En julio de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió en aquella fecha que el exrector fue responsable del desvío de 239 millones de pesos de recursos públicos, resultado de una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación en enero de 2019. En ese momento se estableció que la determinación podía impugnarse mediante un amparo directo.
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La Estafa Maestra fue una investigación publicada en 2017 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, que documentó el desvío de más de 7 mil millones de pesos mediante una red de empresas fantasma y ocho universidades públicas. Investigaciones periodísticas posteriores estimaron que el desfalco en el sexenio de Enrique Peña Nieto ascendería al menos a 3 mil 400 millones de pesos.
El mecanismo señalado consistía en que dependencias del gobierno federal, como la entonces Secretaría de Desarrollo Social, Petróleos Mexicanos o Banorte, transferían recursos a universidades públicas para la realización de servicios específicos y estas los triangulaban hacia compañías inexistentes, incumpliendo la ley de adquisiciones.
En el caso de la Universidad Autónoma de Morelos, firmó un convenio con la Sedesol en 2013, entonces encabezada por Rosario Robles, para servicios relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre. De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Administrativo, la universidad entregó más de 200 millones de pesos a la empresa fantasma Evyena Servicios.
Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción visitaron el domicilio de Evyena en la colonia Palo Alto, en San Pedro Garza, Nuevo León, donde se localizaron otras cuatro empresas fantasma, entre ellas Icalma Servicios y Consultoría y Grupo Industrial y Servicios Yafed, que supuestamente debían ofrecer servicios a la Universidad de Morelos.
Durante la sesión en la que se aprobó la resolución administrativa en 2020, la magistrada Zulema Mosri expuso que la Sedesol dio por cumplidos los servicios desde el 15 de noviembre de 2013, aunque la universidad no otorgó el contrato a Evyena sino hasta el 18 de diciembre de ese año.
Señaló que “la firma del convenio y el apéndice de 6 de mayo de 2013 son las causas eficientes del daño, sin ellos, no se hubiera materializado el desvío de recursos públicos federales a través de operaciones inexistentes”.
En ese momento se indicó que, si la resolución se confirmaba, se aplicaría una responsabilidad resarcitoria que se convertiría en un crédito fiscal a ejecutar por el Servicio de Administración Tributaria para recuperar los recursos públicos.