Así se operó el presunto desvío en embajada de Reino Unido mientras SRE ignoró más de 40 alertas

Durante meses, las alertas se acumularon una tras otra en algún cajón: oficios, correos, reportes formales enviados a distintas áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En total, más de 40 comunicaciones en las que se advertía sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos en la embajada de México en Reino Unido. Ninguna derivó en una intervención o sanción.

Las advertencias comenzaron durante la gestión del canciller Marcelo Ebrard y se extendieron sin resolución hasta la administración de Juan Ramón de la Fuente, quien renunció en abril de 2026 por motivos de salud, sin que se activaran mecanismos efectivos de control.

La denuncia proviene de la entonces embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien dejó el cargo el 26 de enero de 2026 en medio de cuestionamientos sobre su gestión. De acuerdo con una nota de El País, durante su paso por la representación diplomática acumuló al menos 16 denuncias por presunto acoso laboral.

Durante su gestión, la exembajadora reportó presuntas irregularidades que, según los documentos, involucrarían a funcionarios. Entre las personas mencionadas, se encuentra Érika Pardo Rodríguez, identificada como responsable de funciones administrativas y financieras dentro de la embajada; Abel Escartín, exembajador de México en Reino Unido, cuyo nombre continuaba vinculado a operaciones bancarias; y Octavio Perales, funcionario adscrito a la representación diplomática. Sus nombres están señalados en expedientes y comunicaciones internas.

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Ahora, dos documentos oficiales —un informe interno y un acta administrativa de entrega-recepción, así como expedientes de investigación identificados como DE100 y DE86, a los que Animal Político tuvo acceso— permiten reconstruir no solo las denuncias, sino la mecánica concreta del presunto desvío, los expedientes abiertos y las omisiones institucionales que mantuvieron el caso sin resolución.

Consultada por Animal Político sobre estos hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores remitió una nota informativa en la que aseguró que “todas las denuncias se atienden” a través de instancias como el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control. Sin embargo, la dependencia no respondió de forma específica a los hallazgos documentados en estos informes.

Alteración de facturas

De acuerdo con el informe interno, el esquema operaba mediante la alteración de facturas y transferencias trianguladas. En uno de los ejemplos que consta en la documentación, un comprobante por 9 mil 909 libras fue manipulado para convertirlo en uno por 19 mil 909 libras, agregando un dígito.

La diferencia —cercana a 10 mil libras, unos 235 mil pesos mexicanos— era desviada a cuentas personales. El patrón se repetía: recursos institucionales eran transferidos, parcialmente utilizados para pagos legítimos y el excedente quedaba fuera del control oficial.

Además, el acta de entrega-recepción muestra que las irregularidades no se quedaron en indicios.

Lee más:  “No tenemos información”, dice Sheinbaum sobre acuerdos diferentes al T-MEC, pero no descarta llamar a TrumpEl Órgano Interno de Control abrió al menos dos expedientes formales de investigación. Uno de ellos, identificado como DE100, documenta presuntos desvíos vinculados con transferencias específicas por 13 mil y 19 mil libras —es decir, alrededor de 310 mil y 450 mil pesos, respectivamente—.

Otro, el expediente DE86, investiga la destrucción de un vehículo oficial Mercedes Benz S 320, un caso que no fue detallado públicamente y que apunta a posibles irregularidades también en el manejo de bienes del Estado. Se trata de un sedán de alta gama cuyo valor actual puede oscilar entre 200 mil y 400 mil pesos, aunque en su momento superaba el millón y medio de pesos como vehículo nuevo.

La dimensión del problema quedó asentada en una auditoría financiera y de cumplimiento realizada entre 2021 y 2025. El resultado: 74 acciones promovidas por el órgano de control —46 correctivas y 28 preventivas—, de las cuales 31 seguían pendientes al cierre de la gestión, en enero de 2026. Es decir, aun con observaciones formales, el caso permanecía abierto y sin solventarse.

Empresa beneficiada, sin registro

Otro de los ejes del presunto esquema de corrupción involucra a la empresa Easy Steps, señalada como proveedora de servicios. De acuerdo con lo publicado por Aristegui Noticias, la compañía habría recibido pagos por más de 140 mil libras —equivalentes a alrededor de 3.3 millones de pesos— pese a no estar registrada formalmente ante las autoridades del Reino Unido.

Los documentos internos revisados por este medio añaden que los pagos fueron autorizados y procesados como servicios contratados por la embajada, a pesar de que no se pudo acreditar la existencia legal de la empresa ni que, en efecto, se prestaran los servicios facturados con cargo al erario mexicano.

Además, el caso fue escalado dentro de la propia representación diplomática: en octubre de 2025 se solicitó a la Consultoría Jurídica de la SRE una opinión para determinar la posible judicialización del expediente. Sin embargo, al momento de la entrega-recepción de la exembajadora en Reino Unido, no existía respuesta formal ni una ruta definida de acción legal.

La ausencia de resolución, pese a la evidencia recabada, refuerza el patrón identificado en los documentos: irregularidades detectadas, documentadas y reportadas, pero sin consecuencias administrativas o penales claras.

El acta también documenta un episodio que eleva el caso más allá del ámbito administrativo: la emisión de un certificado de patrocinio migratorio a una persona sin relación laboral con la embajada, expedido en noviembre de 2024 y confirmado por autoridades británicas. Aunque el documento no identifica al funcionario responsable de emitirlo, sí establece que el trámite fue procesado desde la propia representación diplomática.

En términos prácticos, esto significa que la representación diplomática avaló ante el gobierno del Reino Unido a un individuo como si formara parte de su personal, lo que le habría permitido acceder a una visa de trabajo.

Aunque los documentos no establecen una conclusión legal, el caso sugiere que se habría usado una posición dentro del gobierno mexicano para beneficiar a una persona sin vínculo con la embajada. Aun así, el episodio fue reportado a distintas áreas de la SRE —incluida la unidad jurídica y el órgano interno de control—, pero quedó sin una resolución clara.

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En definitiva, los documentos internos de la embajada mexicana en Reino Unido muestran que las irregularidades no eran aisladas, sino parte de un patrón que involucraba recursos financieros, sistemas administrativos y bienes materiales del Estado mexicano en el exterior. Aun así, las advertencias reiteradas no derivaron en una acción correctiva inmediata.

Al cierre del encargo de la exembajadora Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, la propia acta reconoce que existían pendientes sin resolver y que, debido a la conclusión de funciones, hubo “imposibilidad material” para formalizar respuestas a algunas de las observaciones del órgano de control.

La evidencia no solo apunta a un posible esquema de desvío, sino a un problema más amplio: un sistema de control que detectó irregularidades, pero no las detuvo.