Alfredo Maza · 15 de abril de 2026
Aunque reconocieron que la primera elección de personas juzgadoras en México representó un cambio histórico en el modelo de impartición de justicia, tanto la ministra Yasmín Esquivel Mossa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, aseguraron que la elección judicial se desarrolló bajo un marco normativo “improvisado” que limitó severamente a las y los candidatos.
Así lo señalaron ambas juzgadoras, que fueron electas mediante voto popular, durante la presentación del libro “Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México”, en el que ambas coincidieron en que el proceso electoral operó con regulaciones diseñadas para partidos políticos, lo que derivó en restricciones de comunicación y sanciones que aún persisten.
Incluso, la ministra Esquivel Mossa destacó que las restricciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que emitió una serie de acuerdos que calificó como “sumamente rígidas”, impidieron a los candidatos difundir sus propuestas libremente.

“Apenas se podía asistir a plazas públicas y repartir volantes, pero no más. Iba uno a una universidad y venía la sanción del INE. Iba uno a algún programa, invitado por algún periodista, y venía la sanción”, detalló.
Incluso, la ministra aprovechó la oportunidad para asegurar que tanto candidatos como personas que resultaron electas siguen siendo apercibidos por el árbitro electoral.
“Aún todavía tenemos requerimientos del INE. En este momento personas que tampoco ganaron también están siendo requeridas y multadas”, acusó.
La magistrada electoral Claudia Valle Aguilasocho también señaló que este ejercicio democrático fue un “proceso que no tuvo reglas propias, tuvo una adaptación muy forzada de las reglas de los procesos electorales constitucionales”.
La magistrada aseguró que esta situación provocó que los aspirantes no pudieran acceder a medios de radio y televisión sin el riesgo de que dichas entrevistas se contabilizaran como sobreexposición o adquisición ilegal de tiempos, lo que podía costarles el triunfo.
También lee: La gran ausencia en el “Plan B”: la elección judicial

Xiuh Tenorio, director del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, también reconoció que tanto candidatos como estrategas de comunicación fueron “sorprendidos abruptamente por reglas inéditas, reglas que no pegan de manera igualitaria en los otros poderes de la Unión”.
Por este motivo, aseguró que este proceso convirtió una elección en una especie de “experimento democrático” sumamente complejo.
De cara a los próximos comicios, los ponentes advirtieron sobre los riesgos logísticos de no modificar la legislación actual antes de junio de 2026. En 2027, la renovación de los poderes judiciales coincidirá con elecciones ejecutivas y legislativas en gran parte del país, lo que podría saturar el sistema electoral.
La ministra Esquivel advirtió que de desarrollarse la elección judicial como está planteada hoy en día en la Constitución “tendremos un sinnúmero, más de tres mil cargos de elección de poderes judiciales locales y federales que van a confluir con mil 770 cargos de elecciones políticas en una sola fecha”.
Puedes leer: Jueces llaman a replantear elección judicial de 2027; “si la justicia se debilita, pierden las personas”, señalan
A este reto se suma la complejidad de las boletas que, en la experiencia de 2025, tenían listas tan extensas que resultaba imposible leerlas, por lo que propuso reducir a un máximo de tres o cuatro los candidatos por plaza y diferenciar los calendarios electorales judiciales de las elecciones ejecutivas y legislativas.
En este mismo sentido, Xiuh Tenorio pronosticó que la saturación traerá consigo “menor atención a lo que pasa en las elecciones del poder judicial, probablemente menor participación y menor calidad deliberativa”.
Otro de los puntos críticos del proceso de 2025, en voz de las juzgadoras, fue el método para depurar las listas de aspirantes.
La magistrada Claudia Valle expuso que “una de las grandes críticas es si los métodos de selección le dieron más peso al azar y poco peso a las cualidades y la formación de las personas aspirantes”, cuestionando que una tómbola decidiera quiénes llegaban a la boleta.
Ante esto, la ministra Esquivel admitió que se han detectado deficiencias operativas en los tribunales tras la elección.
“Hemos visto a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que algunos juzgadores han tenido algunas fallas elementales y básicas en sus procesos y en su manera de impartir justicia”, indicó.
Para remediarlo, planteó implementar un examen nacional previo a la postulación. Su objetivo, aseguró, es que exista un “filtro que tenga conocimientos básicos para que se pueda cumplir con las garantías constitucionales de tener impartidores de justicia con los conocimientos y la capacidad profesional”.
Finalmente, se cuestionó la manera en que las autoridades electorales aplicaron las cuotas de paridad de género de forma retroactiva, generando incertidumbre en los resultados finales.
Para evitar que esta situación se repita y vulnere los derechos políticos tanto de aspirantes como de votantes, la ministra enfatizó que es indispensable que las reglas sean claras desde el inicio, por lo que instó a las autoridades a “perfeccionar” los procesos electorales.