Alexis Ortiz · 1 de octubre de 2025
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma para garantizar el acceso libre a las playas y a las áreas naturales protegidas del país.
Por unanimidad, todos los partidos políticos aprobaron esta reforma que busca combatir la privatización de las playas en México para que los ciudadanos no tengan que pagar al momento de ingresar a estos espacios.
Además, la reforma establece que los ciudadanos podrán entrar de manera libre a las áreas naturales protegidas, al menos una vez a la semana.
La reforma fue presentada por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, y Enrique Vázquez, integrante del mismo partido.

Monreal destacó la importancia de esta reforma debido a que en ciudades como Tulum y Cancún, y en estados como Guerrero o Baja California, los desarrollos inmobiliarios y las empresas que tienen concesiones no permiten el paso libre a playas.
“Creo que con eso estamos dando paso a la congruencia de nuestro movimiento, el que haya acceso libre a las playas y a las áreas protegidas”, señaló el líder de los diputados federales de Morena al presentar la iniciativa.
La reforma modifica el artículo 56 de la Ley General de Equilibrio Ecológico para establecer que “la Secretaría garantizará el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, por lo menos una vez a la semana”.
Mientras, un cambio al artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales señala que “las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas”.
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Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional se sumaron a la aprobación de esta reforma, que tuvo 470 votos a favor. Lo mismo hicieron el Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.
La reforma fue enviada al Senado de la República para su discusión.
Un ejemplo de la privatización de playas fue documentado este año por Animal Político, específicamente en las playas del Parque Jaguar, ubicado en Tulum, Quintana Roo.
Los ciudadanos no tenían acceso a las playas del Parque Jaguar, un espacio controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su empresa GAFSACOMM.