Gabriela Soto · 3 de marzo de 2023
La desarticulación de áreas clave del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó incluso desde antes de la publicación de los dos bloques del llamado “plan B”, y se espera que continúe con la entrada en vigor de esta reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.
El “plan B” implica que el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, inmediatamente deje el cargo que ocupó desde 2014. Hoy, el INE sesionará a las 10:30 para nombrar como encargado de despacho a Roberto Cardiel, director de Capacitación y Educación Cívica, área que quedará acéfala.
Además, se acumularán otras cuatro salidas en la Secretaría Ejecutiva. Patricio Ballados, quien era director de Prerrogativas y Partidos Políticos, y René Miranda, quien era director del Registro Federal de Electores, dejaron sus puestos semanas atrás.
Sergio Bernal, director de Organización Electoral, y María del Refugio García López, directora del Servicio Profesional Electoral Nacional, también dejarán sus asientos y regresarán a las vocalías que ocupaban en Juntas Locales Ejecutivas.
Un caso más es el de Emilio Buendía, quien salió de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.
En este contexto, por obligación legal, el INE tendrá que dar los primeros pasos para implementar el “plan B”, al tiempo que alista recursos para impugnarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El instituto conformará un Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, que será integrado por siete consejeros electorales, encabezados por Claudia Zavala.
“No vamos a hacer lo que les gustaría que hiciéramos a los detractores del instituto: incumplir la ley, para que continúe la campaña de acoso y de hostigamiento por distintas rutas jurídicas”, dijo al respecto este jueves el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma electoral, los cambios que significa se observarán desde hoy hasta agosto.
Luego del cese obligado de Jacobo Molina, el INE presentó un juicio electoral de urgente resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que consideró la expedición de leyes privativas, es decir, en contra de una persona específica y que, además —afirma—, violentan la autonomía del INE debido a que el Consejo General nombró al secretario para un periodo de nueve años.
La publicación del “plan B” generó reacciones este jueves en la sede del INE. Por la mañana, en el evento protocolario para la Firma del Convenio de Colaboración entre el INE y el PRI, en la que estuvo presente el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, Córdova ofreció una entrevista en la que dijo que las nuevas normas son una ley “mal hecha”.
“La ley es la ley, aunque sea mal hecha e inconstitucional, pero eso ya lo tendrán que definir los tribunales en su momento, aunque la ley no nos guste, aunque la ley esté mal hecha, aunque sea una ley regresiva, el INE tendrá que empezar a aplicarla”, dijo.
Más tarde, Roberto Cardiel, quien asumirá como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, acompañó a Córdova en la grabación de un video que ayer mismo fue distribuido entre los 17 mil empleados del INE, en el que se explican los impactos de la entrada en vigor del “plan B”.
La oficina de la Secretaría Ejecutiva permaneció vacía y en silencio tras la salida de Jacobo Molina. “Hoy no hay secretario ejecutivo. No hay todavía ley vigente, pero no hay secretario ejecutivo, ¡qué bonito caso para estudio de derecho constitucional!”, ironizó Córdova.
La incertidumbre ronda entre funcionarios adscritos a las 32 Juntas Ejecutivas Locales y a las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, donde sus integrantes se preparan para interponer juicios de amparo en caso de ser removidos de sus puestos de trabajo.
Córdova, cuyo periodo como consejero presidente del INE termina el próximo 3 de abril, dijo que los alrededor de mil millones de pesos que hay en los fideicomisos del INE son insuficientes para poder cubrir las liquidaciones laborales por los despidos que se aproximan. Calculó que esas liquidaciones podrían oscilar entre los 2 mil millones y los 3 mil 500 millones de pesos.