Denuncian que 7 candidatos al Poder Judicial están relacionados con crimen organizado o violencia
Alfredo Maza · 15 de marzo de 2025
El abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, informó que diversas ciudadanas y ciudadanos del país denunciaron a personas candidatas que competirán en las próximas elecciones por un cargo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) están presuntamente relacionados con actividades vinculadas al crimen organizado o con denuncias por violencia de género y acoso.
Se trata de cuatro candidatos que competirán por ser jueces o magistrados en materia penal que fueron denunciados por estar supuestamente vinculados a la delincuencia organizada y otros candidatos denunciados por violencia de género y acoso, que podrían aparecer en las boletas para la próxima elección judicial a celebrarse el próximo 2 de junio de 2025.
La organización que dirige Alfonso Meza presentará una queja en contra de estos perfiles ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para solicitar que el organismo electoral retire estas candidaturas antes de que aparezcan en la boleta electoral.
“De hecho esta denuncia la vamos a presentar el lunes, para que el INE cancele, digamos, o retire estas candidaturas antes de que aparezcan en las listas definitivas”, señaló Alfonso Meza en entrevista con Animal Político.
¿Quiénes son los candidatos denunciados?
Dentro de las lista de candidatos presuntamente relacionados a actividades del crimen organizado están Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez penal y quien ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de los Zetas para evitar su extradición a los Estados Unidos: Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, extraditado en 2023, y Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z40”, quien forma parte de la entrega masiva de 29 capos del crimen organizado que México entregó a EU.
“Además de este posible conflicto de interés, Fernando Escamilla fue sentenciado en primera y segunda instancia por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, que amerita de 2 a 7 años de prisión”, señaló Alfonso Meza en una publicación compartida en su cuenta de X, antes Twitter.
En esta lista de candidatos está también Andrés Montoya, exadministrador penitenciario de una cárcel en Sonora y candidato a magistrado en Sonora, quien es señalado por la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota.
“El 2 de abril, se reunió con José Alfredo Jiménez Mota, un periodista de 25 años del periódico @elimparcialcom, que en ese momento investigaba el trasiego de droga de los Beltrán Leyva. Andrés Montoya fue la última persona en ver al periodista Alfredo Jiménez”, señaló Alfonso Meza en otra publicación.
También está Jesús Humberto Padilla Briones, quien fue detenido en Nuevo León con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego, después de darse a la fuga, y que ahora es candidato a juez penal por la lista del Poder Legislativo, así como Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado federal en el estado de Sonora y que fue administrador penitenciario señalado por presuntas violaciones a derechos humanos.
En la lista de candidatos denunciados por violencia de género y acoso están Francisco Martín Hernández Zaragoza, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, Luis Castañeda Palacios y Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez. Algunos incluso ya han recibido algún tipo de sanción pero que van a aparecer en la boleta.
“Uno de ellos es un juez que fue destituido en 2015 por una denuncia de abuso sexual y esta resolución ya es una sanción definitiva, incluso fue confirmada por la Suprema Corte y a pesar de eso, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo no hizo una revisión adecuada y aprobó su candidatura entonces va aparecer en la boleta”, señaló Meza.
Francisco Martín Hernández Zaragoza fue denunciado por abuso y acoso sexual contra trabajadoras del Poder Judicial, incluyendo actos de violencia sexual y coerción laboral. Estas denuncias derivaron en su suspensión en 2013 y su posterior destitución definitiva en 2015 por el Consejo de la Judicatura Federal, según Defensorxs.
De acuerdo con el asunto 34/2013, una trabajadora del Juzgado Sexto en Materia Penal del Tercer Circuito, del cual Francisco Martín Hernández era titular, denuncia que la última semana de enero de 2012, el titular del juzgado se masturbó frente a ella sin su consentimiento. El 14 de febrero de ese mismo año Francisco Martín insinuó que la trabajadora lo acompañara al baño para tener relaciones sexuales.
Dentro del mismo documento hay menciones a las insinuaciones sexuales físicas y verbales que hacía a otras cuatro trabajadoras del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, les solicitó en diversas ocasiones a las trabajadoras que firmaran sus renuncias.
Las comparecencias del procedimiento disciplinario describen cómo en al menos una decena de veces existió un comportamiento inapropiado de índole sexual no consentido. A pesar de estos antecedentes, fue postulado por el Comité del Poder Legislativo para una Magistratura de Circuito en materia penal para el tercer circuito.
Edgar Agustín Rodríguez Beiza fue propuesto por el Comité del Poder Legislativo a magistrado de Circuito en materia Penal en el Primer Circuito (Ciudad de México) pese a que en 2017, una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas lo denunció por abuso sexual.
Según medios de comunicación, la víctima sostuvo que la agresión ocurrió en un aula de dicha institución. La entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) inició una investigación y, en marzo de 2018, logró vincularlo a proceso por abuso sexual agravado.
Ese año, Rodríguez Beiza fue suspendido de su cargo por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México debido a la acusación en su contra. Sin embargo, continuó atendiendo y juzgando casos de violación presentados por la misma Procuraduría que lo investigaba hasta que en 2019 el caso fue cerrado porque la víctima le otorgó el perdón, de acuerdo con Defensorxs.
Luis Castañeda Palacios, propuesto por el Comité del Poder Legislativo a juez de Distrito (federal) en materia laboral en la Ciudad de México, ha sido acusado de acosar a más de 36 mujeres desde 2012 a través de perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas por internet, como Tinder y Bumble.
Desde 2021, en la cuenta de Instagram mujeresvsacoso, las víctimas de Luis Castañeda han recopilado decenas de denuncias y pruebas como fotografías, videos y capturas de pantalla.
El acoso ha consistido en el envío no consentido de fotografías y videos desnudo (solo o teniendo relaciones sexuales con mujeres), envío de regalos no deseados y agresiones verbales. Y a raíz de esa documentación, varias de las víctimas han sido amenazadas de violación, embargos judiciales o con difundir contenido sexual de ellas, con base en Defensorxs.
Al respecto, Luis Castañeda Palacios respondió a Defensorxs que se trata de una campaña de acoso y desprestigio, que suplantaron su identidad y ya hay acciones legales.
Durante la gestión como coordinador estatal del Sistema Penitenciario de Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, propuesto por el Comité del Poder Legislativo para magistrado de circuito por el quinto circuito, en Sonora, ocurrió el feminicidio de Paula Josette Arizona.
La versión oficial señaló que el 15 de enero de 2024, la mujer de 23 años murió de un infarto fulminante en el CERESO II de Hermosillo Sonora durante una visita conyugal. Pero un peritaje posterior indicó signos de violencia y posible asfixia.
Hasta el momento, Defensorxs no tiene conocimiento de que el ahora candidato haya enfrentado consecuencias legales. Pero la cuenta de X @JosettePaula, que aboga por justicia para la víctima, señala que el exfuncionario nunca se acercó a la familia y sólo emitió un comunicado sobre el caso.
La queja ante el INE
El próximo lunes, la organización prestará una queja ante el INE en contra de los siete perfiles antes mencionados, en búsqueda de que sus nombres no aparezcan en la boleta electoral de las elecciones a celebrarse el próximo 2 de junio.
“La legislación electoral es bien rara, pero digamos… Si se presenta una queja, el INE puede desplegar todavía sus facultades de investigación y si determina que no se cumple uno de los requisitos para ser candidato, como es el tener una buena reputación, que ese es un requisito, no tener antecedentes penales y no tener sanciones por violencia de género, entonces el INE podría de oficio cancelar una de estas candidaturas antes de que saque los listados definitivos”, señala Meza.
Hasta ahora el organismo electoral ha publicado solo el listado definitivo para las personas que competirán por un cargo como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el listado de las personas que aspiran a ocupar un cargo como magistrada o magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Por lo que aún falta que publique los listados definitivos de las personas candidatas para la elección de los cargos de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de las personas candidatas a cargos de magistraturas de circuito o juzgados de distrito.
Si el INE no saca estas candidaturas antes de la presentación de las listas definitivas, Alfonso Meza informó que presentarán un juicio electoral intentando invalidar las candidaturas ya publicadas por el órgano electoral.
“Nosotros hemos recibido 28 denuncias que nos han dado un indicio interesante, por así llamarlo, sobre alguna irregularidad relacionada con una candidatura. Recibimos cientos, en realidad, porque todos los días están mandando, por ejemplo, publicaciones en redes sociales de campaña anticipada, cosas por el estilo”, señala.
Defensorxs: Vigilancia ciudadana en la elección judicial
Hace un año, Alfonso Meza y demás abogados y activistas del país decidieron crear la organización Defensorxs A.C. para tener una plataforma en dónde litigar, de manera conjunta, temas de interés para la sociedad, enfocados en hacer litigio estratégico, activismo y “construcción comunitaria”.
Desde su creación, han llevado casos como “Operación Transparencia”, con el cual intentaron salvar mediante diversas solicitudes de información y recursos legales la existencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ante la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
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Más tarde, junto con diversos legisladores federales, comenzaron un litigio contra la reforma judicial, a través del cual consiguieron una suspensión provisional y luego una suspensión definitiva contra la implementación de la reforma judicial, batalla que culminó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se podían interponer amparos en materia electoral.
La última acción que llevó a cabo la organización fue la prestación de una denuncia en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf por la supuesta realización de actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos con fines electorales y empleo de propaganda gubernamental personalizada, pero tanto el INE como el Tribunal Electoral rechazaron investigar dichos actos.
Ahora, desde la organización Defensorxs comenzaron a realizar actividades de “vigilancia ciudadana de la elección judicial” en el que, mediante cuatro grupos de vigilancia, un total de 700 personas ayudan a monitorear, revisar e “identificar puntos de riesgo en la elección judicial”.
“Sobre todo para identificar candidatos que los ciudadanos que nos denuncian conocen que han incurrido en abusos sexuales, que han incurrido en casos de corrupción, que están relacionados con el crimen organizado. Y, de hecho, gracias a esta organización comunitaria es que nosotros hemos podido detectar los perfiles preocupantes que hemos publicado”.
Una vez que reciben la denuncia, el equipo de litigio estratégico de la organización realiza la investigación que puede ser usada, como en este caso, para presentar quejas o denuncias formales ante las autoridades competentes.
“Nuestra organización va a sacar un micrositio sobre las y los candidatos de riesgo en la elección judicial. Ahí van a estar concentrados en un solo lugar las investigaciones que hemos hecho sobre estas candidaturas relacionadas con el crimen organizado, que son cuatro federales y una local, hasta el momento, y […] las candidaturas que tienen denuncias o incluso sanciones por violencia de género, por acoso, por abuso sexual o incluso por violación”.
Con información de Luz Rangel