Alfredo Maza · 30 de octubre de 2025
A menos de dos meses de iniciar sus funciones, las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron revivir el “método” aplicado por más de 200 años de sus extintas Salas para “abreviar los tiempos y las tomas de decisión” en sus sesiones.
De esta forma, el día de hoy resolvieron en “fast track” un total de 20 asuntos en tan solo 22 minutos. Es decir, casi un asunto por minuto sin entrar a debatir el fondo de dichos expedientes.
La decisión fue comunicada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, que aseguró que a partir de hoy van a ensayar este “nuevo método” para la resolución de los “asuntos que no son tan importantes en el fondo”.

“Hemos acordado las ministras y ministros dar mayor tiempo a los temas que ameritan fijar criterio, los que tienen temas de fondo, que han llegado aquí a esta Suprema Corte y todos los temas que no tienen asunto de fondo vamos a abreviar los tiempos y las tomas de decisión. Entonces, a partir de hoy, vamos a ensayar un nuevo método para la toma de decisión de los asuntos que no son tan relevantes en el fondo”, señaló al inicio de la sesión.
Entre los asuntos que fueron resueltos en “fast track” estuvieron ocho solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, siete recursos de reclamación, dos incidentes de inejecución de sentencia, dos contradicciones de criterios, un amparo y una declaratoria general de inconstitucionalidad.
Desde el 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas con proyectos de reforma en el que incluyó una reforma en materia del Poder Judicial, a través de la cual propuso que se realizara una elección popular para elegir a todos los jueces, magistrados y ministros del país.

Desde entonces, el mandatario federal propuso también reformar el tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución para reducir el número de ministras y ministros de 11 a nueve, así como la eliminación total de las dos Salas especializadas con las que contaba, mismas que resolvían, por un lado, asuntos penales y civiles, y por otro, laborales y administrativos.
“A fin de que sea el Pleno quien conozca y delibere sobre todos los asuntos que lleguen al máximo tribunal”, señaló el presidente en su iniciativa de reforma.
Desde que se dio a conocer la propuesta, ministros de la Corte se opusieron a la eliminación de las Salas al señalar que había un futuro incierto para la justicia en México, pues con la eliminación de estos dos órganos “se tendrán cambios sustanciales en las actividades y el desarrollo de la administración de justicia”.

Incluso organizaciones y especialistas criticaron esta resolución al considerar que, aunque las Salas no solían entrar a debate en los asuntos, estos dos órganos resolvían “la inmensa mayoría de los amparos y los amparos son el medio que cualquier persona tiene para defenderse de un abuso frente a la autoridad”.
A pesar de lo anterior, y pese a las protestas de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación contra la reforma judicial, el Congreso de la Unión aprobó en todos sus términos la reforma, misma que fue publicada por el presidente López Obrador el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Así, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025, la Suprema Corte dejó de existir como la conocíamos para iniciar con una profunda reestructuración, luego de que nueve ministras y ministros electos por voto popular, que ganaron las elecciones tras la impartición masiva de acordeones por parte del partido Morena, llegaron a la máxima cúpula del Poder Judicial en México.