La Corte rechaza solicitud de Presidencia para retrasar la discusión del primer decreto del “plan B”
Alfredo Maza · 4 de mayo de 2023
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bateó a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al rechazar su solicitud de retrasar la discusión sobre la primera parte de las reformas electorales conocidas como “plan B”, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la Suprema Corte, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández sometió a consulta de las y los integrantes del pleno la petición del Ejecutivo federal.
La solicitud —dada a conocer esta misma semana— planteaba al máximo tribunal no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción de inconstitucionalidad presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social.
Por unanimidad de votos, las y los ministros determinaron que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se enlistó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo y con el carácter de electoral.
El pleno de la SCJN consideró que iniciar con el análisis del “plan B” no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma Ley General de Comunicación Social.
Sobre el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas, la SCJN informó que aún no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos.
Mientras tanto, el proyecto sobre la acción de inconstitucionalidad de este año, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, plantea echar abajo el primer decreto del “plan B”, que contiene cambios a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
El segundo decreto del “plan B” incluye modificaciones a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y del Poder Judicial, así como una nueva Ley de Medios de Impugnación.