Suprema Corte desecha peticiones de trabajadores para frenar reforma judicial
Alfredo Maza · 12 de septiembre de 2024
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó tres peticiones de personas juzgadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que buscaban que el Máximo Tribunal del país frenara la aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión.
Se trata de tres asuntos (2/2024, 24/2024 y 2091/2024) que fueron presentados entre el 5 y el 9 de septiembre -luego de la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados y antes de que fuera discutida por la Cámara de Senadores- por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial que buscaban que la Corte interviniera de última hora para frenar el avance de esta reforma en el Congreso.
En sus peticiones, el personal jurisdiccional solicitó a la Suprema Corte ejercer “acciones concretas en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial con base en los tratados internacionales que le permiten y lo obligan a analizar la constitucionalidad y convencionalidad de actos como los que se han emprendido hasta ahora”.
Así como fijar una posición “a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga la actual integración de juzgadores federales”, peticiones que fueron desechadas por resultar improcedentes y sin fundamento legal.
La jueza Mónica Vianney Pereda Gutiérrez incluso solicitó a la Corte declarar que el Congreso violó la suspensión que una jueza de Morelos concedió desde el pasado 30 de agosto para impedir que siguiera adelante la discusión de la reforma en ambas Cámaras.
Sin embargo, la Corte aclaró que no puede pronunciarse sobre las violaciones a una suspensión en amparo, lo que se suma al hecho de que la propia jueza Martha Magaña -que ordenó la suspensión- ya se declaró incompetente para seguir con el trámite del amparo contra la reforma judicial, por lo que la resolución de que el Congreso violó la suspensión podría no darse.
Desde la semana pasada la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, abrió una consulta entre ministros del Máximo Tribunal para determinar si el Pleno podía o no ordenar que se suspenda el procedimiento de discusión de la reforma judicial.
En dos acuerdos publicados el 5 de septiembre pasado, la presidencia ordenó revisar el ejercicio de la facultad de atracción de dictamen de reforma judicial y formular la consulta respectiva sobre si podía o no ordenar la suspensión de este procedimiento de reforma.
Esto ocurrió luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) solicitó el martes al Pleno de la Suprema Corte atraer el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) -que hasta ese momento aún no había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero sí por sus comisiones- y ordenar suspender el procedimiento de discusión de la reforma.
En su petición, la jueza, Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, señaló que el uso de la facultad de atraer el asunto está prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señala que el Pleno de la Corte “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes”.
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Sin embargo, por orden del sistema, le tocó a la ponencia de la ministra Lenia Batres elaborar un proyecto de resolución sobre este caso, documento que no ha sido elaborado, por lo que el asunto continuará su cauce mientras el Gobierno Federal hace oficial la implementación de la reforma judicial.