Corte impide a ministra Ríos conocer asunto que ella promovió cuando fue consejera jurídica de AMLO
Alfredo Maza · 22 de septiembre de 2025
Por unanimidad de ocho votos, el pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró impedida a la ministra María Estela Ríos González para conocer el expediente de un recurso de revisión en materia de seguridad pública, debido a que el asunto fue promovido por ella misma en su calidad de consejera jurídica del Ejecutivo Federal durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
La propuesta fue sometida ante el pleno del máximo tribunal por la propia ministra Ríos González, quien especificó que actuó en dicho asunto como representante de la Federación y en contra de una resolución dictada por el ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
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“Quiero someter a su consideración que se discuta si yo, como anterior consejera jurídica, que fue la que impugnó esa resolución del Inai, estoy impedida o no, porque actué, ahí sí, como representante de la Federación y el artículo 212 (de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) habla de que están impedidos para conocer de los asuntos (quienes haya sido) apoderado, patrón o defensor en el asunto de que se trata”, dijo la ministra durante la sesión pública de la Corte celebrada este lunes 22 de septiembre.
En las pasadas elecciones judiciales, María Estela Ríos González, la exconsejera jurídica de López Obrador en la Presidencia y en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, obtuvo un total de 4.7 millones de votos, por lo que se convirtió en una de las nueve ministras y ministros electos por voto popular.
Seguridad nacional, el tema que enfrentó a la Consejería Jurídica con el Inai
Luego de declarar impedida a la ministra Ríos González, el pleno arrancó con el debate del recurso de revisión en materia de seguridad nacional 4/2022, del que fue ponente la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Esta controversia surgió de una petición de información pública a través de la cual un ciudadano solicitó diversos oficios firmados por el secretario particular del presidente López Obrador en 2021, los cuales fueron clasificados como reservados por supuestamente comprometer la seguridad nacional del país.
“El presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional fue interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la resolución de 8 de junio de 2022, dictada por el extinto Inai. En esta resolución se obligó a la oficina de la Presidencia de la República a entregar 15 oficios firmados por el secretario particular del presidente durante el 2021”, explicó la ministra Ortiz Ahlf al exponer su proyecto de sentencia.
De acuerdo con la ministra, la Consejería Jurídica señaló que 11 de esos oficios se relacionaban con algunos nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de Marina. De estos oficios, el Inai ordenó entregarlos en su versión pública, aunque reservando los nombres de aquellos funcionarios que realizaban actividades operativas.
Por otro lado, en cuanto a los otros oficios restantes, la Consejería afirmó que estos contenían información sobre capacitación y adiestramiento de los elementos de la Marina. En estos casos, el Inai consideró que no se actualizaba alguna causa para clasificar su contenido.
De manera general, la Consejería argumentó que difundir la información de estos 15 oficios —los nombres y la adscripción de almirantes y vicealmirantes de la Marina, así como lo relativo a su capacitación y adiestramiento— ponían en riesgo la seguridad nacional, ya que en manos de grupos delictivos esta información podía ser utilizada para impedir que las autoridades actúen contra la delincuencia organizada, se realicen acciones tendientes a obstaculizar las operaciones militares y navales, así como actos para bloquear cualquier actividad de inteligencia y contrainteligencia, entre otros argumentos, por lo que aseguró que esta debía reservarse.
“En mi proyecto se propone declarar infundados los agravios formulados, ya que independientemente de que si la información relacionada con la capacitación y adiestramiento, así como adscripción y adiestramiento de almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de la Marina pudiera o no constituir información en materia de seguridad nacional, se observa que el contenido de estos documentos ya es de carácter público y de hecho en la mayoría de los casos estos datos fueron difundidos por las propias autoridades estatales”, explicó la ministra Ortiz Ahlf.
Para demostrar lo anterior, en su proyecto de sentencia, la ponencia de la ministra Ortiz Ahlf adjuntó los diversos comunicados oficiales, así como las notas publicadas en varias fuentes en que se difundió la información y se dio cuenta de diversos cambios de mando en diversas regiones navales.
Suprema Corte confirma resolución del extinto Inai
Al debatir el asunto, el ministro Irving Espinoza, si bien coincidió con las razones de la Consejería para determinar que la información debía ser restringida, señaló que este argumento ya no era válido “toda vez que la información ya fue publicada en diversos medios de comunicación”.
En respuesta, la ministra Lenia Batres Guadarrama se declaró parcialmente a favor de la propuesta al señalar que, dar por hecho que la información ya estaba publicada para emitir una sentencia, “implicaría determinar que la información en posesión de las autoridades que tiene naturaleza reservada puede desclasificarse si terceras personas la dan a conocer como parte de su trabajo periodístico, lo cual desnaturaliza el objetivo de clasificar esta información”.
Al hacer uso de la palabra, el ministro presidente Hugo Aguilar especificó que el caso en general trata de un universo de 89 oficios que fueron solicitados a la presidencia de la República, de los que se han resuelto alrededor de 61 por la Suprema Corte.
“Quiero dar el contexto porque no hay una negativa a dar la información, sino únicamente de la información que ponga en riesgo la seguridad nacional. Ahora, ¿cómo se clasificaron esos 13 oficios que ponen en riesgo la seguridad nacional si nadie los conoce hasta este momento? […] Sobre esa base quisiera yo sugerir en poner énfasis que queda bajo la responsabilidad del funcionario que ahora es el secretario particular de la presidencia que él valore cuál de esa información efectivamente ya es pública, porque estamos bajo supuestos”, dijo.
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El ministro Giovanni Figueroa también se pronunció a favor del proyecto de la ministra Ortiz. “Sin embargo, lo hago porque en el caso no hay duda de que la información difundida por los medios privados de comunicación fue dada a conocer por la propia autoridad”, dijo.
Finalmente, y por unanimidad de votos a favor de la propuesta, las y los ministros confirmaron la orden de divulgación de la información establecida por el Inai, aunque añadiendo las razones adicionales propuestas por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, mismas que fueron apoyadas por las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Batres Guadarrama.