Corte da revés judicial a fallo que ordenaba pagar indemnización de 1,100 mdp a Rafael Zaga Tawil
Redacción Animal Político · 3 de junio de 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo al Banco Actinver, con lo que dejó sin efectos una sentencia que lo había condenado a pagar alrededor de mil 100 millones de pesos a favor del empresario Rafael Zaga Tawil —quien se encuentra detenido en Estados Unidos por irregularidades en su estatus migratorio y enfrenta una orden de aprehensión en México por presunto fraude al Infonavit— por un supuesto mal manejo de un fideicomiso.
La decisión se tomó en la sesión de este miércoles por mayoría de ocho votos del Pleno, dentro del amparo indirecto 9/2024.
El asunto deriva de una sentencia previa emitida por un juzgado mercantil de la Ciudad de México, que determinó que el banco, en su calidad de fiduciario, había incumplido sus obligaciones en la administración de un fideicomiso y que dicho incumplimiento había causado un daño económico directo al empresario, por lo que lo condenó al pago de mil millones de pesos por daños y 100 millones de pesos por daños punitivos.
Origen del fideicomiso y sentencia previa en disputa
En términos generales, un fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona entrega recursos a una institución financiera para que los administre bajo condiciones específicas. En este caso, Banco Actinver actuaba como fiduciario, es decir, como el encargado de administrar y resguardar los recursos, mientras que Rafael Zaga Tawil conservaba facultades de instrucción y administración sobre el esquema.
El ministro Irving Espinosa Betanzo, al presentar el proyecto, explicó que el fideicomiso se constituyó en 2017 con una aportación inicial de mil millones de pesos y que posteriormente hubo movimientos de recursos entre dos fideicomisos distintos, lo que dio origen a la controversia sobre el origen y la titularidad de ciertos montos.
En su exposición, el ministro señaló: “La institución fiduciaria era la titular de los bienes y la obligada a protegerlos, pero actuaba según las instrucciones de la propia persona física”.
Intervención de la UIF
El proyecto también se refirió a la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que en 2020 incluyó a Rafael Zaga Tawil en una lista de sujetos presuntamente relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y ordenó a la institución fiduciaria suspender operaciones, actos o servicios con ella, así como restringir la disposición de recursos en los que interviniera como fideicomitente o representante.
Derivado de esa instrucción, la Actinver revocó los poderes de administración del fideicomiso y dejó vigente únicamente el poder para pleitos y cobranzas. Posteriormente, el caso derivó en litigios sobre el uso de ese poder y en solicitudes de medidas cautelares ante un juez para su suspensión.
El punto central del juicio fue si el banco actuó de forma indebida y si ello generó un daño dentro del fideicomiso. El proyecto aprobado por la Suprema Corte concluyó que la premisa de la sentencia reclamada era incorrecta, al considerar que los recursos que originaron la condena no formaban parte del patrimonio del fideicomiso que se dijo afectado.
El caso Telra e investigaciones contra los Zaga
Rafael Zaga Tawil cuenta con una orden de aprehensión en México por presunto fraude relacionado con el Infonavit. De acuerdo con información difundida el pasado 13 de abril, fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y permanece bajo custodia en un centro de detención en Florida.
Tanto el empresario como su hijo tienen órdenes de aprehensión vigentes en México por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, dentro de investigaciones vinculadas a contratos del Infonavit con la empresa Telra Realty.
Los Zaga están vinculados con Telra Realty, que en 2014 firmó un primer convenio con el Infonavit para impulsar un programa de movilidad hipotecaria que consistía en intervenir las viviendas abandonadas del instituto para que pudieran ser reparadas, remodeladas, readaptadas y volver al mercado inmobiliario.
Entre 2014 y 2016, el Infonavit celebró cinco contratos con Telra, empresa que fue constituida únicamente para este negocio, por lo que a su vez se asoció con la empresa Fibra Uno, de los hermanos El Mann Arazi —una de las inmobiliarias más grandes de América Latina—, para cumplir con las metas pactadas y contar con el financiamiento necesario.
Sin embargo, en 2017 los Zaga recibieron una notificación firmada en la que se les dio a conocer que el Consejo de Administración decidió dar por terminados los contratos de manera anticipada. Telra se inconformó al considerar la decisión como “arbitraria e injustificada”, pero aceptó la propuesta del propio instituto sobre tener un procedimiento de mediación con la administración del Infonavit para conseguir una indemnización.
El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó por unanimidad el contrato de transacción para dar por terminados los contratos e indemnizar a Telra con seis pagos mensuales de octubre de 2017 a marzo de 2018, por un total de 5 mil 080 millones de pesos. Esta operación fue auditada e incluso aprobada por la Asamblea General del Infonavit —órgano máximo del instituto— el 27 de abril de 2018.
Pese a que el proceso de indemnización estaba en marcha, el 26 de enero de 2018 el instituto decidió interponer una denuncia “contra quien resulte responsable” por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, al considerar que los funcionarios que firmaron los contratos con Telra entre 2014, 2015 y 2016 se excedieron en sus facultades.
Como resultado de las investigaciones, la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitó órdenes de aprehensión el 23 de diciembre de 2020 por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rafael y Elías, así como de Teófilo Zaga Tawil, hermano del primero.
Meses después, el 30 de abril de 2021, la fiscalía capturó a Teófilo Zaga en Xochitepec, Morelos; fue vinculado a proceso y trasladado también al penal del Altiplano.
Hasta la fecha, Teófilo es el único detenido por este caso y su defensa la lleva un equipo legal diferente al que representa a Rafael y su hijo.