Alfredo Maza · 22 de octubre de 2025
La presidencia de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una solicitud de impedimento interpuesta en contra de la ministra María Estela Ríos González, con la que busca evitar que la juzgadora resuelva el expediente sobre el Caso García Rodríguez y otro vs México, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano al considerar que viola tratados internacionales con la figura de la prisión preventiva oficiosa.
El impedimento, que quedó tramitado con el número de expediente 60/2025, fue turnado a la ponencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia para determinar si la ministra María Estela está impedida para resolver el Expediente de Cumplimiento de Sentencia Internacional 3/2023.
Desde el pasado 9 de octubre, el colectivo Pena Sin Culpa acudió a la Corte para solicitar al ministro Hugo Aguilar Ortiz declarar impedidas tanto a la ministra María Estela como a la ministra Yasmín Esquivel para conocer de dos expedientes relacionados a la figura de la prisión preventiva oficiosa, mejor conocida como prisión automática.
Las solicitudes fueron interpuestas al considerar que, en el pasado, ambas funcionarias realizaron declaraciones que constituyeron un “prejuzgamiento” de dichos asuntos.

En el caso de la ministra María Estela, tanto Daniel García Rodríguez, figura central del caso, así como su abogado Simón Hernández León presentaron la solicitud para que la ministra se excusara de ser ponente debido a que, en el año 2022, como consejera jurídica de la Presidencia, solicitó junto al senador Adán Augusto López Hernández, entonces secretario de Gobernación, que la Corte mantuviera la prisión preventiva oficiosa en el marco jurídico mexicano.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, se puede leer en el comunicado.
Mientras que, sobre la solicitud de excusamiento planteada contra la ministra Yasmín Esquivel, quien tiene el amparo directo 5/2025, último recurso pendiente del caso, el abogado Hernández León señaló que la ministra tuvo expresiones “personales y subjetivas que prejuzgan sobre la responsabilidad penal de Daniel García Reyes Alpízar”.
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Los dichos de la ministra Esquivel Mossa sobre el caso García Rodríguez vs México ocurrieron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 en el que la juzgadora aseguró que “es muy fácil perder la memoria y decir ‘pobrecitos, que se les pague porque los tuvimos 16 años en prisión’, pero 16 años porque ellos impedían que se emitiera la sentencia para que pudieran compurgar su pena y hoy están en libertad exigiendo un pago por al Estado mexicano”.
Sin embargo, a diferencia del caso de la ministra Estela Ríos, el presidente de la Corte, desechó la solicitud al considerar que se incumplían los requisitos del impedimento de la Ley de Amparo.

“La resolución es ilegal ya que la petición a la ministra Yasmín Esquivel fue declarar si se excusaba para conocer del amparo directo. La diferencia es que la excusa es una obligación de las personas juzgadoras, mientras que la recusación es un derecho de las partes para pedir que no participe cuando no se excusa”, señaló el colectivo Pena Sin Culpa mediante un comunicado.
Por ello, informaron que se presentó el recurso de reclamación sobre esta determinación, que deberá ser resuelto por el Pleno de la Corte para que la ministra se pronuncie sobre la posible “pérdida de imparcialidad y prejuzgamiento” en el caso, mientras que aseguraron que las determinaciones de la Corte serán informadas a la Corte Interamericana.