Congreso de Quintana Roo ajustará presupuesto por “Plan B” de Sheinbaum
Joana Maldonado · 31 de agosto de 2026
El Poder Legislativo de Quintana Roo, al igual que el resto de congresos locales del país, deberá ajustar su presupuesto para 2027 en concordancia con la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, avalada en abril pasado y conocida como “Plan B”, que consistiría para la entidad en un recorte de alrededor de 160 millones de pesos.
Las nuevas reglas fijan un límite máximo para el gasto presupuestal de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total del estado, lo que implicará en Quintana Roo una reducción de casi un tercio de los recursos, destinados principalmente a la nómina en este sector.
Los diputados de la XVIII Legislatura de Quintana Roo tendrán que recortar los recursos que este año alcanzaron los 536.38 millones de pesos (sin considerar el monto ejercido por la Auditoría Superior del Estado) y que actualmente representan el 0.99% del presupuesto de egresos de la entidad, casi el uno por ciento del total.
Tomando como referencia un presupuesto de egresos similar al de 2026, el cual asciende a 53 mil 981 millones 792 mil 386 pesos, el 0.70% equivaldría a 377 millones 872 mil 526 pesos. Esto significa que el presupuesto actual del Congreso deberá reducirse en aproximadamente 158.5 millones de pesos.
Casi todo el presupuesto se va en nóminas
Actualmente, el portal oficial del Poder Legislativo solo muestra datos abiertos e informes de transparencia hasta 2023. La referencia más reciente del ejercicio presupuestal proviene del Informe 2025 de la Auditoría Superior del Estado. En dicho documento se detalla que el Congreso modificó su presupuesto aprobado y pasó de 760.86 millones de pesos a un ejercicio final de 782.45 millones, además de reportar ingresos por venta de bienes por 912 mil pesos.
El informe refleja que el mayor gasto del Congreso se concentra en servicios personales (pago de nómina), con 532.29 millones de pesos (casi el 70% del presupuesto total). A esto se suman 124.42 millones por concepto de servicios generales, 40.78 millones en materiales y suministros, 74.81 millones en transferencias, subsidios y ayudas. Y más de 20 millones dedicados a la compra o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
Consultados al respecto por Animal Político Quintana Roo, algunos legisladores reconocieron que no se ha abordado el tema. Sin embargo, para cumplir con la nueva disposición federal fue necesario reformar el artículo 67 de la Constitución Política del Estado. Desde 2016, dicho artículo establecía que el presupuesto del Congreso no podía ser menor al 3% del presupuesto de egresos estatal ni “en ningún caso, inferior al otorgado en el año inmediato anterior”.
La norma, avalada en su momento por la XIV Legislatura (integrada en su mayoría por priistas), formó parte del paquete de blindaje presupuestal implementado en los últimos meses del gobierno de Roberto Borge (2011-2016), lo que garantizó un aumento constante de los recursos asignados año con año.
Tras la reciente modificación, el artículo 67 de la Constitución local de establece textualmente que “el presupuesto anual del Poder Legislativo [de Quintana Roo] no excederá del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos del Estado”.
El Poder Legislativo, bajo la mira
Ante este escenario, el Observatorio Legislativo advirtió que mantendrá la vigilancia sobre el desempeño del Congreso, el cual “cuesta diariamente a la sociedad un millón y medio de pesos”.
La organización señaló que la actual Legislatura, conformada en su mayoría por diputados de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), concluyó en mayo pasado el segundo periodo de sesiones ordinarias de su segundo año con un saldo de 196 sesiones, 437 iniciativas presentadas y un total de 262 decretos y declaratorias.
Sin embargo, cuestionó la productividad real de este órgano legislativo. De los 54 decretos aprobados en dicho periodo, 14 tuvieron un origen externo a la Legislatura (lo que equivale al 19% del total aprobado), tratándose de iniciativas enviadas por el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo o el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
Los 40 decretos restantes correspondieron a trabajos desarrollados por los propios integrantes de la Legislatura: 20 iniciativas individuales de los diputados, cinco presentadas de manera conjunta entre dos o tres legisladores, y 25 impulsadas por las bancadas de Morena y el PVEM.
Esto evidencia, según el Observatorio, que los decretos aprobados “corresponden a quienes controlan el proceso legislativo dentro del Congreso”.
Asimismo, detalló que de las 20 iniciativas individuales aprobadas, seis pertenecen al diputado Jorge Sanén, quien se desempeñó como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política el año anterior, órgano que determina en gran medida la agenda y los procesos legislativos.