Comité de ONU solicitará información a México sobre desapariciones; gobierno rechaza señalamientos
Redacción Animal Político · 25 de junio de 2025
El Comité de la Convención de Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) informó al Estado mexicano que, en breve, solicitará información como parte del procedimiento iniciado en abril de este año para indagar si en el país se cometen desapariciones de manera general y sistemática.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores reiteraron su rechazo a los señalamientos del Comité de la ONU y sostuvieron que, a juicio del gobierno, carecen de sustento.
“México reitera su rechazo a que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado y cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable”, señalaron.
Sin embargo, aseguraron que las instituciones del Estado mexicano continuarán cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y darán puntual respuesta a esta solicitud, en los tiempos requeridos.
Al respecto, indicaron que el gobierno se encuentra trabajando con colectivos y familiares de personas desaparecidas en las iniciativas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender este delito, así como a las víctimas indirectas.
Además, remarcaron que los funcionarios que incurran en esta práctica serán investigados y sancionados, sin excepción. “En los gobiernos de la Cuarta Transformación no se promueve ni se tolera la desaparición forzada“, sostuvieron.
En qué consiste la investigación de la ONU contra México por desapariciones forzadas
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio a conocer la apertura del procedimiento el pasado 4 de abril, un par de semanas después de que se reportara el descubrimiento de restos humanos y cientos de prendas en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el cual se presume, fue empleado como un centro de reclutamiento del crimen organizado.
De acuerdo con el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el procedimiento abre la posibilidad de dar intervención a la Asamblea General de Naciones Unidas, en caso de que así lo considere el Comité a partir del análisis de la información solicitada.
“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de la que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haberle solicitado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidos, por medio del Secretario General”, señala el artículo.
Se trata de una situación inédita en la historia de México y en la del Comité, pues es la primera vez que se aplica a un Estado parte.
Gobierno rechaza participación del Estado
Si bien el gobierno mexicano se ha mostrado dispuesto a cooperar, ha negado de manera reiterada que esta práctica se cometa en connivencia o por orden del Estado.
“El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, sostuvo en un comunicado compartido el pasado 5 de abril.
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La presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado “mucho desconocimiento” por parte del Comité de la ONU sobre la situación que enfrenta México y ha asegurado que este fenómeno está vinculado principalmente con la delincuencia organizada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra, también se pronunció en contra de los señalamientos e incluso negó que en México exista una crisis de desapariciones, a pesar de que los registros oficiales muestran que en todo el territorio hay más de 129 mil personas desaparecidas y no localizadas.
En tanto, el Senado de la República anunció que recurrirá a las instancias más altas de Naciones Unidas para exigir una sanción contra el presidente del Comité, Olivier de Frouville, por supuestamente hacer acusaciones sin sustento.
Por su parte, el Comité de la ONU defendió la apertura del procedimiento al señalar que actuó tomando en cuenta informes, denuncias individuales y el informe de la visita de este organismo.