Comisión de la Verdad exige que crímenes de la Guerra Sucia no queden impunes
Alexis Ortiz · 16 de agosto de 2024
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad, que investigó graves violaciones a derechos humanos entre 1965 y 1990, exigió a las autoridades que estos crímenes del pasado no queden impunes y que se repare el daño a sobrevivientes y familiares de víctimas.
Este viernes 16 de agosto, después de más de dos años de trabajo, la Comisión de la Verdad presentó el informe Fue el Estado (1965-1990), en el que se señala la responsabilidad de autoridades e instituciones de todos los niveles de gobierno en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
“Que la justicia llegue, y reclamar que en verdad los perpetradores tienen que castigarse, que no podemos mantener un México en la impunidad y que las voces de las víctimas tienen que estar en el centro de la nueva agenda política del país”, exclamó el activista Abel Barrera, uno de los coordinadores de la investigación del MEH.
La exigencia de castigo a los responsables fue respaldada por decenas de familiares de víctimas y sobrevivientes que se dieron cita en el Centro Cultural Tlatelolco, donde se hizo la presentación de uno de los dos informes que el MEH elaboró sobre la llamada Guerra Sucia.
“¡Justicia! ¡Justicia!”, exclamaron las familias de víctimas en varias ocasiones durante la presentación del informe, en la que participaron los comisionados Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez-Ricart.
La investigación coordinada por los tres comisionados arrojó que, entre 1965 y 1990, se registraron al menos 8 mil 594 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, además de que los investigadores identificaron a 591 presuntos responsables de estos abusos.
El Ejército, la Dirección Federal de Seguridad, las policías estatales y las procuradurías son algunas de las instituciones que participaron en las violaciones a derechos humanos de sectores de la sociedad que se oponían al gobierno mexicano de forma ideológica, social, política, económica, cultural y hasta en temas de género.
“El Estado fue en definitiva el responsable de las graves violaciones a derechos humanos que investigamos”, señaló el sociólogo David Fernández, quien añadió que “el Estado instrumentó y operó esta violencia estatal de una manera sistemática y generalizada en distintos contextos de violencia”.
Piden una disculpa pública del gobierno por crímenes del pasado
El MEH hizo público su informe luego de entregarlo a la Secretaría de Gobernación, dependencia que está a la cabeza de la Comisión de la Verdad, y de presentarlo en reunión privada a familiares de víctimas y sobrevivientes.
El politólogo Carlos Pérez Ricart se sumó a las exigencias de justicia e incluso pidió al gobierno federal acatar una recomendación del MEH, que consiste en pedir una disculpa pública por los hechos del pasado.
“Aquí está parte del informe del MEH que se entregó definitivamente ya a la Secretaría de Gobernación. Está en manos de la Secretaría de Gobernación reconocer o no lo que tenemos frente a nosotros y decidir si el presidente de México, en representación del Estado mexicano, se disculpa públicamente y reconoce la responsabilidad del Estado de lo que aquí se habla”, dijo Pérez Ricart.
El informe El Estado (1965-1990) echa luz sobre la política represiva que el gobierno mexicano emprendió la segunda mitad del siglo pasado, con el argumento de mantener el orden interior del país y eliminar a quienes eran considerados enemigos internos, por tener ideas diferentes a las del gobierno.
Pese a que se acumulan miles de víctimas en México, Carlos Pérez Ricart lamentó que la Fiscalía General de la República no cuenta con suficientes elementos de investigación para llevar a los responsables ante la justicia, ni tampoco la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene elementos para encontrar a las personas que llevan décadas desaparecidas.
“Si hubiese un compromiso real por parte del Estado mexicano tendríamos realmente hoy ministerios públicos, tendríamos hoy una CNB que funcionara, tendríamos una Fiscalía Especial con suficientes recursos para la búsqueda de las personas. Eso no existe hoy”, reclamó Pérez Ricart.
El experto informó que, en una reunión privada con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, se les informó que la Fiscalía General de la República cuenta con solo cuatro ministerios públicos y ocho policías para atender los miles de casos de desaparición forzada.
“Con ocho policías y cuatro ministerios públicos no se va a resolver el problema de la justicia”, lamentó Ricart.
Rompimiento de la Comisión de la Verdad
El informe Fue el Estado (1965-1990) es una de dos investigaciones que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico realizó sobre la Guerra Sucia, debido a que este equipo se dividió en dos por conflictos de sus integrantes.
La segunda investigación, que aún no es presentada de forma pública y tampoco a los familiares de víctimas, fue coordinada por la historiadora Eugenia Allier.
El MEH se dividió luego de que sus integrantes no pudieron llegar a un acuerdo sobre los temas que debían investigar en los dos años de trabajo que tenían por delante.
Allier prefería concentrarse en organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles y movimientos laborales-sindicales.
Mientras los comisionados Carlos Pérez Ricart, David Fernandez y Abel Barrera expandieron su investigación a sectores sociales que igual sufrieron violaciones a derechos humanos entre 1965 y 1990, pero no se les había puesto mucha atención. Por ejemplo personas de la diversidad sexual, periodistas, movimientos urbanos o la disidencia religiosa.
Las diferencias entre ambos equipos fueron imposibles de eliminar, por lo que cada grupo prefirió seguir su camino y elaborar su informe, los cuales fueron presentados a la Secretaría de Gobernación en semanas pasadas.