Zonas de tolerancia cannábica: un paso adelante, muchos retos pendientes
Redacción Animal Político · 21 de agosto de 2025
A inicios de agosto el Gobierno de la Ciudad de México anunció la reubicación de lo que denominó como “puntos de tolerancia de consumo de cannabis”, lo que despertó reacciones tanto a favor como en contra.
¿Qué es eso? ¿Por qué se crearon estos espacios? Recordemos que el consumo recreativo de cannabis en México está en un espacio legal ambiguo. A partir de junio de 2021, la Suprema Corte declaró inconstitucional penalizar el uso lúdico del cannabis, lo que abrió la puerta a su posesión para uso personal, aunque todavía no ha sido plenamente regulado por el Congreso federal.
¿En qué se ha traducido esta ambigüedad? Pues en que al día de hoy, las personas usuarias siguen siendo detenidas por consumir mariguana. En la Ciudad de México, en 2023 se registraron 65 detenciones por consumo de cannabis en el espacio público. Aunque esta cifra es mucho menor a las que presentan otros estados del país -en el mismo año, Aguascalientes fue el primer lugar a nivel nacional superando las 5,500 1 detenciones-, ninguna persona debería ser detenida por ello.
El consumo en espacios públicos se ha puesto en el centro de la discusión, mientras que la prohibición de la venta sigue intocada. Esto revela una paradoja: se permite consumir, pero no adquirir. En consecuencia, las personas usuarias deben recurrir a mercados ilegales controlados por el crimen organizado. Al ignorar este punto, la política pública se queda atrapada en un terreno de simulación que ni protege efectivamente a las personas ni resuelve los problemas de seguridad que aquejan a las comunidades.
Ante tal falta de protección y a manera de exigencia por la regulación, en la CDMX se han creado “zonas de tolerancia cannábica” donde se permite el consumo recreativo, pero que al salir de esa delimitación geográfica, las personas se vuelven inmediatamente vulnerables al acoso policial. Las zonas de tolerancia son espacios en los que de manera excepcional se deja de perseguir un consumo que en todo el país es criminalizado.
La decisión del gobierno de la Ciudad de México de reubicar las zonas de tolerancia, que en un principio se encontraban en espacios de alta visibilidad como el Metro Hidalgo y la Estela de Luz, ha generado malestar y rechazo entre las personas que habitan en las colonias donde ahora se ubican. Entre las preocupaciones más señaladas por vecinas y vecinos están el aumento de la inseguridad, la posibilidad de que se normalicen dinámicas como la venta de sustancias o la comisión de otros delitos en la zona. Estas objeciones evidencian la necesidad de repensar el diseño de la política pública: no basta con trasladar el fenómeno de un lugar a otro. En el fondo, estamos frente a una colisión de derechos: por un lado, el derecho de las personas usuarias a ejercer su autonomía en el espacio público y, por otro, el derecho de grupos en condición de vulnerabilidad (como niñas, niños o personas mayores) a disfrutar de ese mismo espacio sin verse afectados.
Visto desde un enfoque de derechos humanos y no uno centrado en un enfoque de seguridad que criminaliza y castiga, el establecimiento de zonas de tolerancia es un paso importante. No es una concesión, sino el resultado de una lucha histórica de colectivos, activistas y personas usuarias que han ganado visibilidad y reconocimiento de sus derechos, creando espacios de protección y cuidado. Sin embargo, debemos reconocer que no es una medida suficiente y que, de no tomar pasos más firmes e inmediatos para terminar con la política de prohibición, las tensiones pueden escalar para generar nuevos problemas. El prohibicionismo ha dejado una herida grave sin atender, y este contraste muestra que la discusión no puede quedarse en la capital, debe ampliarse a las entidades donde la persecución sigue siendo la norma
Ante el reconocimiento que está dando la Ciudad de México a estos espacios, se encuentra la oportunidad de abrir el diálogo a nivel nacional sobre el mercado del cannabis y su uso. El objetivo no es que toda la población abrace sin reservas el consumo, sino que deje de verlo como una amenaza y lo entienda como un ejercicio legítimo de derechos. Si bien la estrategia apunta en la dirección correcta, puede fortalecerse más. Para esto es necesario desmontar los prejuicios que históricamente han alimentado la exclusión y criminalización hacia la población usuaria.
De cara a la organización de la Copa Mundial de la FIFA en 2026 entre Estados Unidos, Canadá y México, nuestro país es el único entre los tres anfitriones que no tiene un mercado regulado de cannabis. Por lo que vale la pena cuestionar ¿cómo se recibirá a las personas consumidoras que visiten nuestro país? ¿Gozarán de derechos excepcionales? Regular la venta y no solo “tolerar” el consumo es la pieza faltante para transformar la conversación en una política integral que atienda la salud, la seguridad y los derechos humanos de todas las partes involucradas.
Sin una regulación integral del cannabis que proteja plenamente los derechos de las personas usuarias, las zonas de consumo cannábico quedarán como un parche que con el tiempo podría terminar desgastándose.
* Diego Arturo Jiménez Padilla (@eldiegojim) es Gestor Público por el ITESO e investigador en @ElementaDDHH. Isaias Pablo Tolentino es internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en @ElementaDDHH.