Zacatecas y Jalisco: una zona sin ley

Colotlán es un municipio del norte de Jalisco, colinda con Zacatecas. Esta frontera es, según la policía municipal de dicho lugar jalisciense, “una zona muy caliente” en la que cotidianamente se cometen delitos en total impunidad. Según fuentes extraoficiales, en Zacatecas las policías estatal y municipal trabajan para grupos delincuenciales opuestos.

Fue en esta zona donde Daniela Márquez Pichardo, Viviana Márquez Pichardo, Irma Paola Vargas Montoya y José Melesio Gutiérrez desaparecieron la noche del 25 de diciembre de 2022. En plenas fiestas navideñas decidieron ir a comer a Jerez, Zacatecas, y fueron desaparecidos cuando se encontraban camino a Colotlán, Jalisco, de regreso a sus casas; la distancia entre los dos municipios es de tan sólo 75 kilómetros, es decir, una hora de distancia. Su última ubicación fue la comunidad “Víboras” del municipio de Tepetongo en Zacatecas, en ese momento la mamá de Dany le mandó un mensaje diciendo “tengan cuidado”; “todo bien, ya vamos en Huejúcar”, señaló a su vez Pao a su familia. Lo cierto es que a partir de ese momento se pierde la comunicación con el grupo. La ubicación exacta en la que desaparecen es esta: 22.415384057295967, -103.16997137299576.

Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas del país. En Zacatecas, los municipios con más personas desaparecidas son Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez, así que esta desaparición viene a visibilizar la crisis que enfrenta la entidad. Según datos del Registro Nacional, Tepetongo, Zacatecas tiene 31 personas desaparecidas y no localizadas, y según un reciente informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos cuenta con al menos un episodio de desplazamiento forzado interno, derivado de la violencia en la zona en el que decenas de familias han tenido que dejarlo todo para buscar un lugar donde vivir.

A partir de esta desaparición, que podemos considerar masiva, la vida de las familias se convirtió en una pesadilla, tal como sucede con quienes buscan a un familiar en México, que ya suman más de 110 mil. Realizaron marchas en la Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, reuniones con autoridades locales y federales, la misma historia de estos miles de casos: falta de debida diligencia y ausencia de un plan de investigación y de búsqueda. 32 días de pesadilla, a los que siguieron indicios de que podrían ser encontrados sin vida: la Fiscalía de Zacatecas encontró primero la camioneta en la que viajaban, y luego una inhumación clandestina a menos de 15 kilómetros del lugar en el que fueron desaparecidos. Las familias de Pao, Vivi y Dany fueron notificadas de la identificación mediante prueba genética el 19 de enero. La familia de José, cinco días después.

“Es una zona sin ley”, “un triángulo de las Bermudas”, dijo el papá de Dany y Vivi para referirse al lugar en el que desaparecieron sus familiares. Lo cierto es que la Fiscalía debe investigar la desaparición y ahora el multihomicidio. Está pendiente la atención a víctimas y la eventual reparación del daño, que debe involucrar a Guanajuato, donde nació José, y a Jalisco, donde radicaban Vivi, Dany y Pao. Este caso demuestra el control territorial de los grupos delincuenciales, la posible colusión de los cuerpos policíacos y la necesidad de establecer estrategias de búsqueda regionales que incluyan a instancias federales. También la imposibilidad que tienen los migrantes mexicoamericanos para venir de visita a esta zona sin ley.

Paradójicamente, el día que la Fiscalía de Zacatecas notificó de los resultados de las pruebas científicas a la familia de José, la Comisión Nacional de Búsqueda convocaba a siete entidades federativas de la región para establecer “una agenda regional de búsqueda”; a esta reunión asistieron Jalisco y Zacatecas. Desde este espacio reconocemos la fuerza de las familias y enviamos nuestro más cálido abrazo de acompañamiento. Al mismo tiempo exigimos justicia a las autoridades federales y estatales. Ya basta.

Las fallas de la Fiscalía de Zacatecas: incumplió el Protocolo Alba, difundió información públicamente antes de notificar a la familia, no garantizó el acceso al expediente y a la asesoría jurídica, y sobre todo, no cumplió el Protocolo de Investigación federal.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.