blogeditor · 30 de noviembre de 2015
Por: Brenda Rodríguez Ramírez (@mothernidades)
En el imaginario colectivo la noticia de un embarazo es siempre motivo de alegría; no siempre es así. Si eres de las afortunadas, tendrás un embarazo sano, con controles prenatales y, para cuando llegue el día del parto, todo estará listo. Todavía en estos casos el parto puede ser una experiencia desagradable y traumática. GIRE hace unas semanas presentó un informe sobre la violencia que se ejerce hacia las mujeres en el embarazo y durante el parto. En la investigación se da cuenta de que la problemática ha estado invisibilizada, pero no por ello no existe. La violencia obstétrica está naturalizada por los prestadores de salud, por las mujeres y, lamentablemente, por el Estado, lo que hace que hasta hace muy poco tiempo hayamos reparado en ella.
En el extremo de esta violencia nos encontramos con la muerte de mujeres durante el embarazo, parto o después de éste. Muertes que en su mayoría se hubieran evitado, no hay casualidad, el Estado es responsable. Hace 15 años, México se comprometió a reducir 75% la muerte materna; no lo logró. Mientras tanto, las historias de mujeres muertas en el proceso del parto siguen llenando de tragedia la vida de quienes las sobreviven. No hay justicia, se quedan en el anonimato de los datos.
[contextly_sidebar id=”VEGSroC0ezC0LJRAaxd5OxDTSYfUGuP3″]De acuerdo al informe Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, el 65 por ciento de las muertes maternas suceden dentro de las clínicas u hospitales del servicio federal o estatal de salud. En 2013 hubo 861 muertes maternas en el país, de las cuales 12.7% correspondió a mujeres que no contaban con seguridad social ni protección en salud, 6.2% a mujeres sin escolaridad y el 11.3% fueron mujeres indígenas. No tenemos que hacer uso de cifras escalofriantes para reconocer que la muerte materna es dolorosa e injusta, sobre todo, porque las omisiones del Estado las provocan.
Una es mucho; una es intolerable; una es suficiente. Una es María Ligia, indígena maya de 41 años, quien sufrió múltiples violaciones a sus derechos humanos y murió el 27 de enero de 2014 cuando tenía 21 semanas de embarazo. Murió porque solicitó un método anticonceptivo y el Estado se lo negó. Murió porque la clínica más cercana a su comunidad no pudo atenderla. Murió porque no había ambulancias para trasladarla al Hospital de la capital del estado. Murió porque la discriminaron. Murió porque no le dieron la atención que requería. Murió porque el estado de Yucatán la dejó morir. Murió, como lo hace una mujer al mes en ese estado. Una es suficiente.
María Ligia no es un dato, no es una cifra, no es una muerte más. No puede serlo. Su historia se puede conocer a través de la narración de sus protagonistas, un video tan bello como emotivo que deja sin aliento. Pero qué pasa cuando la muerte de una mujer no indigna, no provoca la protesta masiva, no sacude a las autoridades responsables de esa muerte y no se hace justicia ni nada para evitar que otra mujer muera.
El Estado debe hacerse cargo, por ello GIRE, además de acompañar y representar legalmente a la familia, ha decidido lanzar la campaña: “María Ligia, Yucatán la dejó morir” que pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la muerte materna en México. Esta campaña se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: la muerte materna es una violación a los derechos humanos que puede y debe prevenirse.
Porque sabemos claramente que las omisiones del Estado provocaron la muerte de María Ligia, la campaña busca que el estado de Yucatán reconozca su responsabilidad y repare integralmente las violaciones a los derechos humanos en contra de ella y su familia. La CNDH emitió una recomendación el 17 de junio de 2014 (24/2014), misma que ya fue aceptada, pero la Comisión no ha dado seguimiento activo a la recomendación y el gobierno de Yucatán no ha tenido la voluntad política de cumplir con sus obligaciones.
Yucatán la dejó morir, pero no lo hizo solo. El gobierno federal también puso de su parte. Hagamos que se hagan cargo, compartamos el caso y presionemos: Puedes usar #YucatánTieneUnProblema o entrar al micrositio de la campaña y enviar tuits a las autoridades responsables.
* Brenda Rodríguez Ramírez es responsable de Campañas de @GIRE_mx