Yucatán e IMSS-Bienestar: el estado 24 en un modelo sin certezas

El domingo pasado, Yucatán firmó su convenio de incorporación al IMSS-Bienestar y se convirtió en el estado número 24 en ceder la operación de sus servicios de salud al gobierno federal. El acto estuvo enmarcado por la inauguración del Hospital “Dr. Agustín O’Horán” —la obra pública de salud más grande del sureste— y por la retórica habitual: universalidad, gratuidad y justicia social. Nada de eso debería distraer del problema de fondo: Yucatán se incorpora a un modelo que, tres años después de su consolidación legal, aún no ha resuelto sus fallas estructurales.

Conviene recordar el diseño. Con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas en diciembre de 2023, los estados adheridos al IMSS-Bienestar transfirieron cerca del 60% de los recursos que recibían del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). A cambio, quedaron con competencias residuales: elaborar estadísticas locales y formular programas de salud que ya no tienen infraestructura ni personal para operar. El argumento era que el gobierno federal administraría mejor esos recursos de forma centralizada. La evidencia de los 23 estados que llegaron antes sugiere que esa promesa fue, en el mejor de los casos, prematura.

El primer problema es fiscal. La centralización del FASSA en el IMSS-Bienestar no vino acompañada de criterios transparentes para la reasignación territorial de los recursos. Los estados cedieron sus fondos sin que existiera un mecanismo claro que garantizara que los recursos regresarían en proporción a las necesidades de su población. La opacidad en la distribución no es un detalle técnico: es el mecanismo mediante el cual la desigualdad entre regiones puede reducirse o agravarse dentro del propio modelo federalizado.

El segundo problema es operativo. La transferencia de servicios enfrentó dificultades administrativas que afectaron a distintos grupos de trabajadores: de base, interinos y con contratos precarios. En varios estados, personal de salud reportó quincenas sin cobrar y derechos adquiridos en disputa entre dos órdenes de gobierno que se señalan mutuamente como responsables. La falta de planeación y estrategia afectó a miles de pacientes. Que Yucatán haya adelantado mesas de transferencia no resuelve que el problema de fondo —la homologación de nóminas, tabuladores y contratos— sigue sin tener un protocolo institucional consolidado a nivel nacional.

El tercer problema es el más visible y persistente: el desabasto de medicamentos. La propia presidenta, Claudia Sheinbaum, lo ilustró sin querer: en abril pasado, en Hidalgo —incorporado desde 2023—, pobladores interrumpieron su discurso para denunciar que los medicamentos no llegaban. La compra centralizada a través de Birmex y la Megafarmacia del Bienestar son respuestas organizacionales a un problema que también tiene una dimensión presupuestal: en 2026, los estados tuvieron un recorte conjunto del 54% en los recursos del FASSA respecto a 2025. Se centraliza la responsabilidad, pero no necesariamente el presupuesto suficiente para responder a ella.

Yucatán transfiere 183 unidades médicas, ocho hospitales y más de 6 mil trabajadores a un sistema que aún está resolviendo cómo administrar lo que ya tenía. La pregunta que el gobierno federal nunca ha respondido con claridad sigue vigente: ¿con qué criterios se distribuyen los recursos entre estados y quién rinde cuentas cuando no llegan? Hasta que esa pregunta tenga una respuesta institucional, la incorporación de Yucatán es, ante todo, la ampliación de un modelo incompleto.

@ljcortes6