Yo he consumido: una regulación desde y por el reconocimiento

Por: Gerardo Contreras (@00Ger)

Cada vez crece el consenso de que el consumo de las drogas no es un tema inherente al crimen o la seguridad. Hemos pasado de ver una propaganda masiva de Vive Sin Drogas en 2006 a tener acceso a la distribución de la revista Cáñamo en el territorio mexicano. Incluso, la ahora secretaría de estado, Olga Sánchez Cordero, envío al Congreso federal una propuesta para regular el cannabis. Increíble, ¿no?

También conocemos que el consumo de drogas ilícitas es una actividad extendida entre la población. Según los datos del ENCODAT 2016, el 9.9% de la población entre 20 y 65 años ha consumido alguna vez en su vida una droga ilícita. Un 3.5% ha consumido alguna vez cocaína y un 8.6% mariguana. Asimismo, el debate público gradualmente ha reconocido que este consumo no conlleva directamente a un uso dependencia crónico, sino que su uso puede trastocar objetivos médicos, religiosos, lúdicos e, incluso, sexuales.

Sin embargo, hemos sido reacios a reconocer que el consumo de drogas ilícitas no es un tema de unos “malvados adictos que habitan en las calles”. ¿A qué me refiero? Todavía no nos “compramos” la narrativa de que las drogas intersectan en la vida de cada persona y las colectividades. El consumo aún permanece como un elemento del otro. Es decir, el acto de usar/consumir una droga catalogada en el ámbito de ilegalidad sigue funcionando para marcar a las personas que son diferentes de nosotros (los no-consumidores). Una diferencia que nos funciona para trazar una línea divisoria y excluirlos. Así pues, fumar un porro o tomar una pastilla de éxtasis nos sirve —aunque no sea de forma consciente— para establecer quién es el otro, quién debe encerrarlo en una prisión o, si somos misericordiosos, en un centro de rehabilitación.

Aquí es importante hacer una advertencia: la fascinación por excluir a los consumidores no es una práctica única de los regímenes de prohibición de drogas. Las tácticas por la regulación de drogas aún tienen la capacidad de seguir construyendo al otro. Éstas trazan nuevas líneas divisorias al limitar quiénes son los consumidores aceptables (hombres, con tono de piel clara, de clase media o rica, educados) y qué tipo de drogas sí merecen ser reguladas. Un ejemplo de esto son las propuestas por la regulación del cannabis. Al defender exclusivamente políticas y leyes a favor del cannabis, mientras que se ignora el resto de sustancias psicoactivas, se innova la otredad de las drogas. Bajo este paradigma de política pública, las sociedades reconocen a ciertos consumidores de marihuana (en su mayoría, hombres educados con recursos para pagar un amparo) como miembros del nosotros y aseguran que el resto de los usuarios sigan siendo los otros.

Incluso, no todos los modelos de cannabis integran a todos los tipos de consumo. Cuando el tema entró en el Congreso de la Unión en 2017, el debate se limitó a discutir y aprobar una regulación al uso terapéutico de fármacos con THC. Una discusión que, en primer lugar, desconocía las repetidas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconocían el consumo recreativo y el autocultivo de marihuana, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Al aprobar una reglamentación exclusiva para fármacos de cannabis, los legisladores redefinieron superficialmente el consumo permisible que perpetúa el régimen de exclusión. Según ellos, la sociedad “bien” puede permitir el consumo de marihuana, más bien de la pastilla de THC, cuando ocurre tras puertas cerradas, para uso terapéutico y supervisado por médicos.

Esta lógica que continúa estableciendo una división artificial y arbitraria a partir del consumo de drogas no es menor. Al definir y socializar qué consumos son permisibles y cuáles no, se establece que tipo de consumidor (él de alcohol, tabaco, café, azúcar y cannabis, este último idealmente con permiso médico) es acreedor a una política pública y, por ende, a los beneficios de una regulación. A su vez, se perpetúa que otro tipo de consumidor (él de heroína, crack, tachas o cualquier otra droga a la que su nombre se le teme) merece lidiar con la vulnerabilidad que contrae los espacios de supuesta ilegalidad. Una vulnerabilidad que se traduce, en el contexto mexicano, como limitaciones al acceso a servicios de salud y en altas probabilidades de ser acusado y encarcelado.

Ante esta situación, propongo pensar una regulación desde y por el reconocimiento. Es decir, plantear un proceso de acción política en el que nos unamos en torno a una(s) característica(s) compartida(s) de nuestra identidad. Estas estrategias, denominadas identity politics, han sido promovidas desde la década de 1970 por grupos anti-racistas y feministas con el propósito de exigir derechos negados a causa de su condición identitaria. Por lo tanto, una estrategia de reconocimiento es una opción útil para reconstruir el consumo de drogas ilícitas como un elemento que conformar parte de la vida. Esto implica considerar que esta acción no solo es un hecho que realiza el 9.9% de la población, sino es una actividad posible en la que todos estamos inmersos. La meta no es sencilla. El objetivo debe ser que el consumo o no de drogas ilícitas, en cualquier modalidad (medicinal, religioso, lúdico o sexual), deje de ser útil para mantener la división ficticia entre nosotros y los otros.

En los movimientos por la regulación de drogas han existido diversos intentos de implementar estrategias de reconocimiento. Una técnica “suave” de este tipo es la concientización de que “todos somos consumidores de drogas”, lo cual hace referencia de que hay sustancias legales que son psicoactivas. Sin embargo, los movimientos no se han tomado en serio la responsabilidad de redefinir “consumidor” ni de pensar alternativas de regulación abordando la relación entre drogas e identidad.

Así pues, propongo una movilización desde los colectivos de base en el que declaremos “yo he consumido” (o #yoheconsumido para redes sociales). Una declaración de “yo he consumido éxtasis en fiestas”, “yo he consumido cocaína”, “yo he consumido smart drugs” e, incluso, de “yo he consumido drogas, pero desconozco sus nombres”. Dicha estrategia se inspira a partir la movilización feminista por el derecho al aborto —práctica que era/es ubicada en el espacio de la ilegalidad al igual que las drogas— que ocurrieron en la década de 1990 en México. La acción específica que emula mi propuesta es la marcha “Yo he abortado” que realizó en Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria el 15 de enero de 1991.[i] Este ejercicio de reconocimiento, que ha sido replicada por grupos feministas en distintas ocasiones y latitudes, pretenden eliminar los estigmas y mitos detrás de acciones clasificadas arbitrariamente como ilícitas.

Con un movimiento de “Yo he consumido” tiene el potencial de visibilizar que el uso de drogas ilícitas es una actividad extendida y común entre la población. Esto implica entender el consumo no como un acto de unos pocos, sino que es un hecho posible para todos. Además, esta estrategia de reconocimiento tiene un poder particular. Al diseñar una movilización que interpela a los “yo”, la normalización del consumo de drogas ocurre en espacios de diálogo donde los interlocutores se presentan sin máscaras y dispuestos a compartir historias y usos. Espacios que muestren el consumo como de un acto de todos.

“Yo he consumido” es una propuesta que tiene el alcance de generar alternativas inclusivas. Alternativas que desafíen la lógica de otredad que permea las políticas de drogas y permitan ofrecer, verdaderamente, una regulación integral de drogas. Una regulación que no es de nosotros ni de otros, sino de y para todos.

* Gerardo Contreras es estudiante de la Licenciatura en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE Región Centro y asistente del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos de la misma institución.

 

[i] Las fuentes sobre la marcha “Yo he abortado” de 1991 no se encuentran en digital. La descripción de esta movilización, así como de otras similares en el tema de aborto, es expuesto en Marta Lamas, La interrupción legal del embarazo. El caso de la Ciudad de México (México: FCE, 2017).