#YaMeCansé: propuestas para transformar al Estado que fue y sigue siendo

Hace poco más de una semana publicamos aquí mismo una argumentación teórica para sustentar la frase más repetida cuando hablamos de Iguala y Ayotzinapa, “Fue el Estado”. Nuestro argumento nos llevó a poner la distribución regresiva de derechos y puntos de contacto con el Estado, como el elemento que explica y permite la ocurrencia de tragedias como la que observamos el pasado 26 de septiembre.

Ese diagnóstico contrasta con el que domina nuestra conversación pública y la acción política de los últimos años y que derivó en una serie de reformas llamadas estructurales que “transformarían a México”, que “lo moverían” de donde se encontraba. Contrasta dado que creemos que dichas reformas parten de un diagnóstico que deja intocada la relación entre ciudadanos y quienes ocupan el aparato estatal. Es decir, no atiende y en no pocos casos agrava un sistema formalizado de exclusión y privilegios: crecimiento, pero no desarrollo; disciplina fiscal, pero no redistribución del ingreso; equidad entre actores políticos oligopólicos, pero no representación.

Los hechos ocurridos en Iguala nos obligan a cambiar el foco, tanto del diagnóstico como de las reformas.

[contextly_sidebar id=”gkLhcFYTtnVCCIsLbulbLj2OVrcohPZ1″]Ayotzinapa representa el límite de nuestras repetidas y acumuladas tragedias. Un extremo dentro del universo de nuestros extremos cotidianos. Por la participación explícita de autoridades; por su ocurrencia en un estado con siete años de operativo conjunto; por la historia de violencia histórica en Guerrero; por ocurrir durante y a causa de una protesta social; por llevarse materialmente a cabo por un grupo criminal escindido de otro grupo criminal escindido, y por supuesto, por los hechos mismos: 43 jóvenes desaparecidos a manos de autoridades, y entregados a un grupo criminal, cuyos testimonios describen la aberrante ejecución y desaparición de los cuerpos.

Un caso extremo, pero no anómalo. Pasamos de seis años de contar miles de cuerpos sin nombres –el horror de ver cabezas y cuerpos colgados en las primeras planas– a 43 nombres que repetimos dolientes como antídoto a la ausencia de sus cuerpos.

Ayotzinapa es el ejemplo más reciente de nuestra acumulación de ejecuciones, fosas, desapariciones y complicidades. Nuestra tarea debe ser por tanto entender las causas que han permitido esa acumulación: su ocurrencia y su repetición.

Encontramos como causa inicial la configuración del Estado mexicano: que anula la capacidad para el ejercicio de derechos de muchos y rotula como “derechos” los privilegios de pocos. Lo segundo a costa de lo primero.

Si aceptamos que “Fue el Estado”, entonces la tristeza y furia compartida tendría que dirigirse a modificar aquello que desde el Estado permitió la ocurrencia de Ayotzinapa. Creemos que nuestra deuda central con los 43 jóvenes y sus familias es pensar en modificaciones al Estado mexicano que inhiban la repetición de tragedias. Nuestro diagnóstico sobre el Estado que “es” apunta a la anulación múltiple de ciudadanos; la negación de oportunidades de desarrollo individual y autónomo; la distribución arbitraria y poco transparente de recursos fiscales; la ausencia de flujos útiles de información relevante dada nuestra estructura de medios, y por supuesto, la nula transformación de una estrategia de seguridad que ochos años después ha probado su inutilidad.

Identificamos pues un conjunto de causas y soluciones elementales. No se trata de una lista exhaustiva, ni jerarquizada. Se trata, eso sí, de los que consideramos puntos inevitables para con suerte, lanzar una discusión pública sustancial en una coyuntura terrible:

1. Anulación política de ciudadanos

El sistema político mexicano está construido para garantizar que la participación electoral de ciudadanos no implique incidencia política alguna, para hacer a los electores cómplices de un grupo minúsculo y oligopólico que no está sujeto a ningún mecanismo de rendición de cuentas (i.e. partidos políticos). Los derechos políticos de los ciudadanos establecidos constitucionalmente están anulados en las barreras a su ejercicio. Si queremos restituir al Estado mexicano, debemos empezar por reformar la relación entre ciudadanos y gobernantes; es decir, por constituir mecanismos de representación y rendición de cuentas efectivos. Proponemos:

• Reelección de legisladores y presidentes municipales ilimitada y sin los candados aprobados en la reforma política reciente.
• Requisitos mínimos para candidaturas independientes.
• Reducción sustancial a los requisitos para formar nuevos partidos.
• Modificación a los mecanismos de consulta popular e iniciativa ciudadana, que los hagan herramientas útiles y oportunas de incidencia ciudadana.
• Cambio en el régimen de financiamiento, auditoría y sanciones a los partidos políticos durante las campañas políticas para que excesos y delitos tengan consecuencias concretas. Menos dinero público, mejor monitoreado.

2. Anulación judicial de ciudadanos

Aunque constitucionalmente los mexicanos son igualmente titulares de derechos, la distribución de las capacidades para ejercer estos derechos es profundamente regresiva y desigual. De allí que el “acuerdo nacional por la seguridad” suene redundante, opaco e insuficiente. Una gran mayoría de ciudadanos se encuentra anulado por y excluido del sistema judicial. El acceso oportuno y expedito de ciudadanos a la justicia, un mecanismo central de control democrático contra abusos de gobiernos y protección de la integridad de ciudadanos, existe sólo para un segmento privilegiado. La restitución del ejercicio del derecho a la justicia debe pasar por una profunda transformación de nuestro sistema penal. Proponemos:

• Autonomía del Ministerio Público respecto al poder Ejecutivo.
• Implementación de un sistema adversarial de justicia penal a nivel nacional.
• Hacer más transparentes y públicos los procesos de designación y rendición de cuentas de titulares y servidores de las comisiones de derechos humanos. Restituir institucionalmente su función como contrapeso de las acciones de quienes ocupan el aparato estatal.
• Reformar los códigos penales estatales y nacional para eliminar penas corporales a la posesión de drogas y liberación de quienes hoy se encuentran encarcelados bajo esta causa.

3. Anulación económica de ciudadanos

Hoy, dos de cada tres mexicanos trabajando lo hacen en el sector informal o informalmente en el sector formal. Al mismo tiempo, el ingreso mínimo laboral (i.e. salario mínimo), se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el nivel mínimo para proveerse autónomamente de un nivel mínimo de bienestar. Lo anterior impide traducir progresivamente capacidades productivas en ingresos, al tiempo que condena a muchos mexicanos a trampas de pobreza y una permanente dependencia a transferencias monetarias usadas políticamente por quienes ocupan el aparato estatal. Proponemos:

• Sistema de seguridad social universal.
• Incremento al salario mínimo nacional.
• Una reforma laboral que desvincule el acceso a bienes públicos de la condición laboral de trabajadores.
• Padrón universal de beneficiarios de todos los programas sociales.
• Revisión y modificación de las regla de operación de los programas en operación.
• Etiquetación de ingresos petroleros a gasto social y un fondo nacional de ahorro.
• Autonomía efectiva del Coneval.

4. Pacto fiscal federal sin mecanismos de transparencia, monitoreo y castigo

Los municipios y estados mexicanos recaudan poco; pero reciben cantidades enormes de dinero sin que ello implique transparencia en su ejercicio. Ello rompe la necesaria relación de dependencia fiscal respecto a los ciudadanos, al tiempo que pone en manos de gobernantes locales recursos exógenos que pueden distribuir arbitrariamente, llegando incluso, como vimos en Iguala, a beneficiar a grupos del crimen organizado. Proponemos:

• Reconfiguración en las reglas de asignación presupuestal de gobiernos locales; particularmente de ramos no etiquetados y poco transparentes, como el ramo 33.
• Dotación de mayores facultades de recaudación a gobiernos locales; acompañadas de políticas de compensación federal en zonas de mayor marginación.
• Monitoreo y castigo efectivo al mal uso de recursos públicos; mediante la autonomía y fortalecimiento de capacidades del sistema de auditoría federal y local.

5. Medios de comunicación financiados con dinero público y desvinculados de lectores

El modelo actual de publicidad oficial auspiciado por el gobierno federal y gobiernos locales ha convertido a los medios de comunicación, particularmente a los impresos, en vocerías del discurso oficial y publicaciones en las que hacer periodismo aparece como un lujo innecesario. Si la información es el lubricante de la democracia, las consecuencias de este pacto entre élites son desastrosos porque los medios se desvinculan de sus lectores; se pervierte su función como generadores de información de utilidad pública, y niegan a ciudadanos información esencial para ejercer su papel democrático. La censura indirecta que ejerce el gobierno mediante los contratos de publicidad afectan la independencia mediática y a las audiencias que carecen de opciones–debido a la alta concentración– para comprender e interpretar hechos como los de Iguala. Proponemos:

• Modificar el régimen de asignación de publicidad oficial a nivel federal y local; y reducirlo sustancialmente.
• Establecer y transparentar criterios para acceder al dinero público por parte de los medios de comunicación.
• Crear y promover un sistema de medios públicos.
• Obligar a medios a reportar públicamente sus estados financieros.

6. Política de seguridad reactiva y punitiva

La estrategia de seguridad desde el 2007 se ha centrado en una lógica de guerra, cuya meta única ha sido perseguir y aniquilar a miembros del crimen organizado. Ello ha implicado una anulación repetida del Estado de derecho; la sustitución de capacidades locales por la intervención intermitente y arbitraria de fuerzas federales; la incapacidad para reconstituir policías locales; la fragmentación de grupos criminales que buscan fuentes alternativas de financiamiento (i.e. crímenes patrimoniales y extorsión de autoridades locales) en donde la federación no interviene, y la violación repetida de derechos humanos de ciudadanos y el debido proceso de detenidos. Proponemos:

• Creación de una fuerza nacional de combate a delitos federales, sujeta a mecanismos claros y efectivos de rendición de cuentas.
• Sacar al ejército y la marina de las calles y cualquier actividad de seguridad.
• Mover las obligaciones de seguridad de los municipios a los estados y zonas metropolitanas; homologando procesos y formación policías entre ellos.
• Exámenes y pruebas de confianza regulares a policías; y seguimiento judicial de quienes los fallen y sean en consecuencia despedidos.
• Homologación en los procesos de generación de información delictiva entre estados; y su publicación oportuna y a nivel de calle.

La tristeza y la legítima furia que sentimos hoy como resultado de Ayotzinapa debe manifestarse en las calles y en una clara asignación de responsabilidades a culpables y gobernantes.

Decir que “fue el Estado” no se trata de un mero ejercicio retórico; no diluye responsabilidades ni responsabiliza “a todos”. Por el contrario, exige la asignación de responsabilidades legales e identifica la no “inclusión” de todos como la gran causa de la tragedia.

Esta es una invitación a discutir el tipo de acuerdo por el que el país se gobierna; a deliberarlo cuanto sea necesario. Se trata de identificar cambios sustanciales que coloquen a los hoy excluidos como titulares de derechos y ciudadanos con capacidad de defensa e incidencia; en la modificación de fondo de la interacción entre gobernados y gobernantes; es decir, en la reconfiguración del estado mexicano, en abrir puertas de acceso a lo público.

Restituir el Estado mexicano es restituir a los 43 estudiantes el ejercicio de una ciudadanía y canasta de derechos que les fueron sistemáticamente negados.

Fue el Estado, es el Estado y seguirá siendo el Estado mientras no lo transformemos.

 

 

* José Merino (@ppmerino) y Antonio Martínez (@antoniomarvel)