Y sin embargo, la militarización va

Si los delitos de los que se acusa a Salvador Cienfuegos, extitular de la SEDENA, son probados en juicio, hay dos opciones: Peña Nieto sabía o no sabía. Si sabía, debe igualmente ser llevado a juicio; pero si no sabía, estaríamos no solo ante la comprobación -una vez más- de la más absoluta incompetencia del expresidente, sino además ante la evidencia de un margen de autonomía operativa militar que obliga a revisar qué tanto respira el principio de subordinación al poder civil.

En mi pasada colaboración en este espacio escribí que estamos ante el fin de la seguridad pública en vía civil y transitamos hacia la transferencia de la función al control militar. Hace tiempo que no recibía tantas reacciones a una publicación y ninguna de ellas refutó la hipótesis. Más bien al contrario, periodistas, académicos, líderes de la sociedad civil organizada de derechos humanos, funcionarios del sector de la seguridad y sobre todo policías y expolicías me expresaron su enorme preocupación, justamente porque comparten esta interpretación.

Expliqué en ese texto que ya no tengo dudas de que así sucederá, porque la cesión de la seguridad pública desde las autoridades civiles hacia las militares es un proceso que no enfrenta contrapesos formales desde los poderes públicos, ni informales desde la sociedad.

Luego de la noticia de la acusación contra Cienfuegos no solo confirmo mi hipótesis incluso la considero más sólida. ¿Por qué? Precisamente porque a esa información no le siguió una reacción del poder público civil, proporcional a la dimensión de la noticia.

Al contrario, el presidente López Obrador ya se colocó del lado de la tesis de la manzana podrida, buscando aislar el hecho: “No es profesional y no es justo culpar a toda la oficialía del Ejército de estar involucrada con este caso, repito, si es que se demuestra. Aun en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo el general secretario Cienfuegos que una institución como la SEDENA“, dijo.

Ya sabíamos que bajo esta ruta la militarización de la seguridad pública llegará al extremo del relevo de las instituciones civiles, ahora sabemos que aún si se demostrara en el juicio en Estados Unidos que la cabeza misma del ejército se articuló a la delincuencia organizada, de todas maneras la militarización sin contrapesos seguirá.

Si hubiera contrapesos civiles, ya estaría instalándose una comisión especial de investigación desde el Congreso, mientras la Fiscalía General de la República ya iría encaminada hacia una investigación profunda y con todos los recursos necesarios disponibles a su alcance.

Nada de eso va a suceder. Dominará la narrativa de la manzana podrida -acaso de algunas manzanas podridas-, pero no avanzará investigación alguna que siquiera coloque la pregunta sobre el alcance del soporte institucional interno que habrían tenido las actividades delictivas de Cienfuegos.

Siendo el ejército la columna vertebral que sostiene institucionalmente el proyecto del hoy presidente, no hay viabilidad política alguna para pasar a esa institución por el rasero metodológico de una auténtica investigación de delincuencia organizada.

Si Cienfuegos es penalmente responsable en Estados Unidos y en México ni siquiera se enderezan investigaciones civiles creíbles, la evidencia hablará por sí sola, confirmado lo que temíamos hace mucho tiempo: la subordinación militar al poder civil está comprometida.

@ErnestoLPV