¿Y si mejor nos vamos a la calle a forzar el control de la detención?

El pasado martes 16 de febrero tuve la oportunidad de participar en las audiencias del Senado de la República en torno a la discusión de la iniciativa de Ley General contra la Tortura presentada por el ejecutivo federal. Junto con otras organizaciones de la sociedad civil y académicos, Insyde participó en el 2015 en las discusiones previas convocadas por la Procuraduría General de la República. En ellas hubo oportunidad para plantear discusiones y criterios asociados a múltiples aspectos conceptuales y procesales. Los diálogos permitieron construir desde las convergencias y a la vez precisar las diferencias.  Aún hay discusiones importantes abiertas y es imposible anticipar si el proyecto que habrá de aprobarse cumplirá o no con los más altos estándares penales y de derechos humanos, entre otros. Estaremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para seguir participando en los debates.

La urgencia de lograr una norma ejemplar es indiscutible, habida cuenta de los miles de casos de tortura acumulados en las comisiones de derechos humanos y en las procuradurías generales de justicia, prácticamente todos aún lejos de ser sujetos a investigaciones adecuadas. El titular de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ha informado apenas que no hay más de cinco sentencias condenatorias por tortura en todo el país. En México hay torturados pero no hay torturadores, lo he dicho y ahora lo reitero.

En la audiencia tuve la oportunidad de escuchar algunas intervenciones. No me queda duda: hay posibilidades de que la iniciativa presidencial mejore en múltiples aspectos, si así se lo proponen las comisiones senatoriales a cargo del proyecto. Algunas de las discusiones principales formuladas por un grupo de organizaciones y académicos pueden verse aquí.

[contextly_sidebar id=”gWYnOnn6zjCrBqqJK77kyEY9djdn8RO0″]Mi reflexión en la audiencia en el Senado apuntó, primero, hacia un hecho a mi parecer indiscutible: sabemos muy poco sobre la tortura, no contamos con una “anatomía” del fenómeno. Es decir, bajo los estándares técnicos aceptados en la investigación académica, no contamos con conclusiones válidas. La información sobre la tortura es superficial y está fragmentada. Detrás de ello, a su vez, hay tres problemas: la inexistencia de registros oficiales confiables, la carencia de bases de información no oficiales suficientes y la persistente clausura de cara al escrutinio independiente sistemático sobre la manera como las autoridades actúan ante la tortura. Un ejemplo que enseña las zonas más oscuras de la tortura es la que en ocasiones padecen quienes también la usan. Torturado y torturador puede ser una misma persona en la policía, según testimonios recibidos.

Todo el paradigma de rendición de cuentas que utiliza Insyde se soporta en una simple premisa: las buenas y las malas conductas de cualquier representante de una institución pública son consecuencia de incentivos personales y precisamente institucionales; en otras palabras, el uso de la tortura implica decisiones personales en ambientes institucionales concretos. Por tanto, entender la tortura implica necesariamente analizar ambos factores. Tal vez alguien cree que esta perspectiva es meramente abstracta y en poco ayuda a frenar la tortura. Todo lo contrario, ésta jamás será frenada si no se entiende su mecánica precisa.

A pesar de lo anterior, toda la información disponible es consistente al menos en un aspecto: la tortura a manos de policías y militares o de quienes actúan a nombre de ellos sucede principalmente en la detención. Entre muchas otras herramientas contra la tortura, en el 2014 Insyde puso en circulación el instrumento denominado Gestión Preventiva de la Detención. Registro Nacional de Incidentes en Custodia. Se trata de un método, a su vez articulado a un software que fija los estándares para sujetar a control la detención. Si se aplicara este modelo sería imposible que una persona sea detenida sin que su ubicación e integridad estén permanentemente monitoreadas.

Entregué la propuesta a los senadores, buscando que la valoren y ofrezca criterios para el proyecto de ley. Y les compartí lo siguiente: con esta herramienta es con la que hemos tenido los menores avances en la interlocución y colaboración con autoridades. Logramos resultados cada vez mejores en otros casos, cual es el caso, por ejemplo, de la ley modelo contra la tortura que Insyde promueve desde hace 3 años o la propuesta de unidad modelo de investigación contra la tortura que lanzamos en el 2015. Pero no avanzamos igual en el tema de la detención. Acaso la misma es la trinchera donde se refugia la tortura y por lo mismo es el ancla de la mayor resistencia al cambio.

Por eso el martes en la audiencia lancé una provocación a las y los senadores: ¿y si mejor dejamos esta ley a un lado y salimos juntos ahora mismo a la calle, escogemos algunas secretarías de seguridad pública y procuradurías generales de justicia y “forzamos” el control de la detención? Tal vez con ello podríamos luchar mejor contra la tortura que con la ley misma. Desde luego no rompimos la sesión y salimos a la calle, pero dejé en claro que mañana podríamos tener incluso la mejor ley pero, sin control de la detención, jamás la reforma legal será suficiente.

@ErnestoLPV